Muchas fueron las preguntas que formularon mis estudiantes de Derecho Constitucional a propósito de mi análisis sobre el preámbulo de la Constitución Política, su fuerza vinculante y los valores y principios que integran la parte dogmática de la Carta de 1991, entre ellos la soberanía nacional, la democracia, el Estado Social de Derecho, el respeto a los Derechos Humanos.
Uno de los interrogantes de mayor interés, y muy extendido en el grupo, fue este: “Más allá de la formulación teórica sobre los orígenes, fundamentos y sentido de los postulados expuestos, nos preocupa establecer y entender si tienen alguna importancia y utilidad en la práctica, en Colombia, tras casi treinta años de vigencia de la Constitución y a los doscientos diez años de la Declaración de Independencia. ¿Rigen, hoy, esos conceptos en nuestro medio? ¿Se puede hablar con certeza de un Estado Social y Democrático de Derecho?”
Imposible responder de una manera absoluta. No se podría afirmar que el Derecho tentado y la vida práctica coincidan totalmente. No solamente en Colombia, sino en el mundo, y en todas las épocas. Entendiendo por Derecho tentado aquél al que aspira la sociedad, y el que, en el caso de los constituyentes colombianos, se quiso realizar en un momento histórico marcado por la violencia y el desasosiego. En el otro extremo está la realidad que vivimos, que también se desenvuelve en medio de un conflicto que no termina y de nuevas formas de violencia.
Pero tampoco podemos sostener que todos los propósitos institucionales de nuestro Derecho fundamental hayan fracasado. Ha sido mucho lo que se ha logrado en estos años, particularmente gracias a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, y antes de la actual Constitución por la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia –porque tampoco es que todo lo hayamos inventado en 1991-.
Pero es evidente –ello explica las bien fundadas inquietudes estudiantiles- que falta mucho para realizar los ideales de nuestra democracia. En los últimos años hemos venido en retroceso, y buena parte de lo que se había conseguido ha venido decayendo. Políticos y dirigentes proclaman, y hasta declaman, en sus discursos de campaña y en el gobierno –ahora en los programas oficiales de televisión- su profundo respeto hacia el Derecho vigente. A las instituciones. A las reglas constitucionales. Hacia el logro de los objetivos sociales por las vías legales. Hacia los derechos y garantías, en especial a favor de los más débiles. Pero mucho de lo que se expresa resulta ser vano y teórico; alejado de la realidad y de las acciones.
Estamos llegando a un punto en que los valores y principios constitucionales y el Estado Social de Derecho son cada vez más utopías que realidades. Solo frases de cajón, y ahora, en detrimento del Estado de Derecho, se quiere que la opinión en redes, los llamados de vicepresidentes extranjeros y las encuestas prevalezcan sobre las providencias judiciales.
Reflexionemos. Vigencia efectiva de soberanía, democracia, Estado Social de Derecho, separación funcional, imperio de la ley, independencia de los jueces, respeto a sus decisiones, gobierno responsable, control judicial, control político y legislativo, contrapesos. ¿No tenemos eso? Vamos mal.