EL FIN DEL DINERO ¿UN NUEVO FACTOR DE DESIGUALDAD?

Ricardo Zaldívar, doctor en economía y miembro de la junta directiva nacional de ATTAC, no muestra reservas a la hora de posicionarse en contra de una hipotética digitalización absoluta. «La desaparición del dinero en efectivo supondría una bancarización total de los ciudadanos y esto, en una sociedad tan desigual como la nuestra, supondría un impacto muy fuerte en las clases más desfavorecidas. Sería una medida absolutamente contraproducente». Esto puede suponer un evidente golpe para los intereses populares, según afirma también Luis Zarapuz, del Gabinete Económico de CCOO. «En principio, la desaparición del dinero en efectivo puede dificultar el acceso al pago o cobro a los sectores más precarios y empobrecidos, así como a aquellos con más barreras tecnológicas, como la gente mayor», plantea.

El 24 de abril de este año, sin embargo, el parlamento registraba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una Proposición no de Ley —esto es, una sugerencia al gobierno— en la que se abogaba por la «eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva». Si bien se enmarca dentro de la lucha contra el fraude fiscal, la propuesta no deja de estar exenta de polémica: no parece haber una correlación directa entre el mayor uso de dinero en efectivo, su digitalización y la disminución de la evasión impositiva. «Gran parte del fraude se realiza de forma informática. De hecho, un ejemplo evidente son las situaciones de compensación entre bancos y empresas, que son de una opacidad absoluta», recalca Zaldívar, que insiste en que esa relación no es cierta. De hecho, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el porcentaje de fraude en el pago con tarjeta en el comercio electrónico —también conocido como e-commerce—, crece al mismo ritmo que el incremento de las propias transacciones: un 30%.

Las operaciones de pago efectuadas con instrumentos distintos al dinero en efectivo se incrementaron en la zona euro en un 7,9% en 2018

En otras zonas del mundo, el debate se encuentra en estadios mucho más avanzados. En países como Estados Unidos ya existen ayuntamientos cuya legislación prohíbe el pago exclusivamente digital en tiendas y restaurantes, como es el caso de San Francisco o Nueva York. Los promotores de la legislación neoyorquina muestran un argumento habitual de los detractores de la informatización absoluta del dinero: dejar al margen el dinero en metálico tan solo penaliza a quienes tienen menos recursos. En India, la experimentación que supuso la eliminación de los billetes de 500 y 1.000 rupias —7 y 14 euros respectivamente— en 2016 conllevó una falta masiva de liquidez y cientos de muertos por la incapacidad de llevar a cabo transacciones tan sencillas como esenciales. Por su parte, en Suecia, se han formado movimientos de rebelión y protesta contra la digitalización total pese a que, según datos del Banco Central Sueco, hasta un 80% de la población se ha convertido a una forma de vida sin dinero en efectivo (o cashless, en inglés). Es el caso del Kontantupproret («rebelión del efectivo»), un movimiento que aglutina, en su mayor parte, a pensionistas. En Dinamarca, donde el gobierno anunció en 2015 que iba a ser el primer Estado sin moneda física, aún no han sido capaces de completar esta conversión. A pesar de todo, el número total de operaciones de pago efectuadas con instrumentos distintos al dinero en efectivo se incrementó en la zona euro en un 7,9% durante 2018 en relación con el año anterior.

España, sin embargo, aún cuenta en la actualidad con un porcentaje de población no bancarizada —alrededor de un 6%, según The Global Findex Database del World Bank— relativamente alto. Esta cifra, que se mantiene estable a lo largo de los años, es uno de los mayores escollos para la implantación de un sistema con esta clase de aristas. Zaldívar no duda a la hora de hablar del potencial perjuicio que esto podría significar. «La desaparición del dinero en efectivo afectaría sobre todo a gente con un nivel de marginalidad muy elevado, que usan muy poco el sistema financiero y que vive, además, dentro de una economía sumergida. Todo esto afectaría muy negativamente a sus condiciones de vida. Hay que tener en cuenta que, seguramente, una parte de la población no se va a bancarizar nunca», afirma.

¿Quién se queda fuera del sistema?

A pesar de todo, desde CCOO creen que la desaparición —o limitación— de la economía sumergida, podría beneficiar al conjunto de la clase trabajadora y de la sociedad, «siempre que todas las actividades económicas y productivas cumplan con sus obligaciones laborales, fiscales y medioambientales». En ATTAC, en cambio, solo contemplan su desaparición no a través de la eliminación del efectivo, sino a través de un incentivo concreto: la renta mínima. Una digitalización absoluta, según la organización, produciría una disminución de oportunidades para un gran número de personas. Ejemplo de esta exclusión, en parte ya presente, es el ámbito rural, donde es posible hallar una gran cantidad de población con numerosas dificultades para acceder al dinero en efectivo y, por tanto, para mantener un mínimo nivel de vida. «Con la crisis, alrededor de 20.000 sucursales de cajas de ahorro desaparecieron en las zonas rurales. Los pensionistas, a partir de entonces, ya no tenían la posibilidad de ir a la institución financiera y coger el dinero en efectivo que le correspondía para sobrevivir con su asignación», denuncian. La previsión estimada para 2025 sitúa el porcentaje de población sin acceso a entidades bancarias en un 5%.

En lugar de una red de entidades físicas, numerosos bancos se encuentran diseñando un sistema digital con el que intentar salvar los kilómetros que los separan de sus clientes. La realidad, sin embargo, ha revelado la importante brecha digital existente en la sociedad española en cuanto a la posesión de una tecnología adecuada, al conocimiento de su uso y potencial y de los posibles peligros que una utilización descuidada puede conllevar. «Lo que hay aquí no es tanto un interés público, sino un interés particular del propio sistema financiero, que saldría muy beneficiado. Además, evidentemente, sería el Estado quien tuviera que actuar de forma asistencial para solucionar los múltiples problemas que supondría una digitalización a gran escala», cree Ricardo Zaldívar, que insiste en que el proceso tendría una sombra perfectamente definida. Tampoco la CEOE se sitúa a favor de esta clase de medidas. En un informe acerca de la digitalización de la sociedad española, la confederación aboga por «plantear soluciones tendentes a la obligatoria admisión de medios de pago electrónicos, además del efectivo, en determinados sectores». El Instituto Coordenadas recalca, por su parte, una preocupación que, de nuevo, parece omnipresente: una sociedad sin acceso al dinero en efectivo es el paradigma de la desigualdad y una forma de incrementar notablemente el poder del sistema financiero.

Con un 87%, España se sitúa como uno de los países con mayor uso del dinero en efectivo de la UE

En España, el único intento de establecer un sistema de exclusivos pilares digitales tuvo lugar en la localidad norteña de Suances, con Cantabria Pago Digital. La experiencia, promovida por el gobierno cántabro, la Universidad de Cantabria, el Banco Santander y MasterCard, fracasó con motivo de varios factores: además de las múltiples carencias estructurales, también quedaron en evidencia las amplias reticencias por parte de los usuarios –tanto clientes como comerciantes— a abandonar el pago con dinero físico. De hecho, el dinero en efectivo sigue siendo el método más usado en dos de cada tres establecimientos.

A pesar de los datos recogidos por MasterCard, donde se afirma que el 93% de los españoles dice ser cliente de un banco digital o bien ha usado alguna vez servicios de banca móvil u online, la información recogida en Cantabria encaja con las estadísticas a nivel nacional ofrecidas por el Banco Central Europeo durante los últimos años. España, con un porcentaje alrededor del 87%, se sitúa como uno de los países con mayor uso del dinero en efectivo de la Unión Europea. Francia, entre otros, se coloca en torno al 68%, mientras Holanda lo hace sobre el 45%.

¿El fin de la privacidad?

El uso del pago en digital en completa exclusividad no solo produciría, aparentemente, una marginalización de determinados sectores sociales, sino también un ataque frontal a la privacidad individual y colectiva. Según Ricardo Zaldívar, «el hecho de que se bancarizase todo, llevaría a la generación de unos datos acumulables que ofrecerían una enorme cantidad de información de los ciudadanos que no sabríamos dónde iría a parar». La absoluta desaparición de las monedas y los billetes conllevaría, por tanto, un ataque a una libertad fundamental. «Si de alguna manera cada pago fuera un dato electrónico observable, tendrían una radiografía absoluta de cada uno de nosotros. Es por esto por lo que decimos que implementar algo así daría mucho control a las instituciones financieras. Incluso aunque estos datos fuesen de control estatal, el riesgo de que fuesen usados de forma abusiva es muy alto», afirma.

Según los datos recogidos por MasterCard, el 93% de los españoles ha usado alguna vez servicios de banca móvil u online

Es en estos mismos términos en los que se expresa Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, cuando habla de un aumento del control y vigilancia de cada uno de los miembros de la sociedad. «Bajo el pretexto del control fiscal, las grandes multinacionales del dinero electrónico pretenden controlar los cotizados caladeros de datos personales de los ciudadanos. El dinero en efectivo es un bastión de la libertad individual y un pilar de la soberanía europea que no puede desaparecer o ser objeto de implacable persecución», advierte.

¿Qué podría suceder si una entidad financiera conociese —y controlase— todos los gastos personales de un individuo, así como todos los datos, localizaciones, gustos y preferencias personales que se derivarían de ellos? ¿Partiría de las mismas condiciones con todos los clientes sin tener en cuenta, en ningún momento, cualquiera de sus usos monetarios? No parece probable que una entidad en constante búsqueda del máximo beneficio rechace comprobar la aparente seguridad de un usuario a la hora de otorgar, por ejemplo, un préstamo hipotecario. En este sentido, se hallan precedentes, como la antigua obligatoriedad de adquirir un seguro de vida previa firma del contrato. Entre algunos de los antecedentes más cercanos encontramos el grupo financiero japonés Mizuho, entidad que concibió la moneda virtual J Coin, cuya implantación masiva fechaban en los frustrados Juegos Olímpicos de este mismo año. Según afirmaba Mizuho al periódico financiero Nikkei, los bancos y empresas que usaran la moneda electrónica recibirían a cambio «información de los patrones de compra de los usuarios, datos valiosos para la elaboración de sus futuras estrategias». Una huella, en definitiva, difícil de borrar.

A pesar de la brillante envoltura de innovación que la contiene, la digitalización completa puede suponer la implantación de diversas desigualdades y brechas a lo largo de todos los espectros de la población, y no al revés. «La eliminación total del efectivo no me parece una bandera progresista: no es una medida que vaya a llevarnos a una sociedad más justa, ni con más calidad de vida y ni mucho menos nos va a llevar a un mayor nivel de felicidad», zanja Zaldívar. Aunque pueda resultar profundamente paradójico, ¿es posible que el dinero en efectivo termine posicionándose, como uno de los últimos baluartes de la libertad de los más desfavorecidos?