Por: Juan Manuel Galán
La Minga con más de 5.000 indígenas avanza hacia Bogotá. Su llegada se espera para el próximo domingo. Mientras tanto el gobierno nacional y la alcaldía, en lugar de asumir su compromiso, se “tiran la pelota” sin definir quién debe ser el responsable en preservar la seguridad de los indígenas y de los ciudadanos de la capital con el fin de evitar que elementos externos desarrollen actos vandálicos y manchen esta jornada. ¿No son acaso corresponsables?
Minga, que ha sido criticada vilmente por miembros del partido de gobierno, en lugar de asumir y acompañar una protesta pacífica y legítima que reivindica los derechos indígenas. Además, es un llamado de atención justo en el que estos pueblos reclaman por el incumplimiento sistemático de promesas hechas por el Estado y sucesivos gobiernos. Cualquier pretexto con el fin de descalificarla es “válido”: que vienen con un atuendo y calzado particular (de guerrilleros), que ¿quién los financiará? Que la pandemia no es el momento por el riesgo de contagio. ¿Cual será entonces el momento oportuno para que nos duela su situación, las décadas de maltrato y abandono, la violencia que sufren, las promesas incumplidas, el problema de la tierra y la profunda desconfianza hacia el Estado? Vimos al candidato Duque en campaña, vestido con los atuendos de nuestros indígenas y ahora vemos al presidente Duque indiferente y aparentemente indolente frente a
una mera solicitud de diálogo y concertación.
Es evidente que preocupa el contagio, pero ¿entendemos acaso su justo clamor histórico que con el transcurrir de los siglos sigue sin ser atendido? Sucede todo lo contrario y la Minga se deslegitima a tal punto que se criminaliza injustamente, como lo señaló el director de FEDEGAN en un trino, refiriéndose al sospechoso calzado que usan los indígenas.
Recordemos que la protesta y la movilización de la sociedad civil son de vital importancia para la democracia, en un país que alega respetar derechos fundamentales de todos sus ciudadanos sin importar sexo, raza, religión, discapacidad, etc. Continúan así el presidente de la República y su bancada, ignorando lo que pasa en el país, en su día a día y con un tufillo dictatorial -como lo mencioné en la anterior columna- al pretender imponer a toda costa una única forma válida de pensar y de expresarse: la del gobierno nacional y punto.
Los problemas de nuestra comunidad indígena son muy graves y merecen que se les encuentre una solución donde participe toda la sociedad; y que no sea una imposición. También se debe tener en cuenta que las promesas que se plasmen sean realizables y alcanzables para no crear expectativas, cayendo de nuevo en el incumplimiento histórico.
Hago un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que respetemos el
derecho que la Minga tiene en nuestro país a ser escuchada. Todos en Colombia tenemos el derecho de exigir de la política un mejor futuro. Protejamos la Minga.