Voceros de la movilización piden que sean escuchadas sus peticiones y no se les estigmatice.
Integrantes de diferentes movimientos sociales expresaron sus voces de indignación y rechazo por lo expresado por las declaraciones de Emilio Archila, aquien le pidieron retractarse, luego de calificar a la actividad como ‘politiquería’.
Las organizaciones sociales que hacen parte de “la Caravana Humanitaria, por la paz y la vida del Cañón del Micay en el Cauca”, rechazaron las afirmaciones hechas por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien aseguró que la actividad es “pura politiquería” y que además “son sectores que utilizan los hechos violentos para seguir dividiendo a los colombianos”.
Los manifestantes señalaron que esas aseveraciones son “desobligantes” y estigmatizan a “los movimientos sociales y de Derechos Humanos que la convocan, la ponen en peligro y legitiman cualquier agresión contra ella y sus integrantes”.
“A diferencia de lo dicho por el consejero Archila, tanto la Gobernación del Departamento del Cauca y la Fuerza Pública, que están acompañando y protegiendo la Caravana, porque la reconocen como importante.”, agrega el texto.
Las organizaciones exigieron al consejero retractarse “de las palabras ofensivas” y responsabilizaron al Gobierno de las agresiones que puedan sufrir.
El objetivo de esta caravana humanitaria es acompañar, solidarizarse y visibilizar la problemática que sufren las comunidades en el Cañón del Micay por cuenta de la violencia
Desde el pasado 29 de octubre hasta este 2 de noviembre, más de treinta organizaciones campesinas, sociales y defensoras de derechos humanos recorrieron el Cañón del Micay, con el fin de visibilizar lo que viene ocurriendo en los territorios y rechazar la violencia en la región.
“El objetivo de esta caravana humanitaria es acompañar, solidarizarse y visibilizar la problemática que sufren las comunidades en el Cañón del Micay por cuenta de la violencia”, expresó Guido Albán Rivera, líder y defensor de Derechos Humanos.
En esta administración, se han invertido en sustitución de coca más de 747 mil millones de pesos. La pandemia no ha frenado ni los pagos ni la entrega de insumos a campesinos.Foto:
En Wérima, Vichada, donde estuvo el emporio de Carlos Ledher, varias familias sustituyeron sus cultivos de uso ilícito . Consejería para la Estabilización y la Consolidación
En esta administración, se han invertido en sustitución de coca más de 747 mil millones de pesos. La pandemia no ha frenado ni los pagos ni la entrega de insumos a campesinos,
En Wérima, Vichada, donde estuvo el emporio de Carlos Ledher, varias familias sustituyeron sus cultivos de uso ilícito.
En esta zona del departamento habitan diferentes grupos armados ilegales, como disidencias de las Farc, Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares.
En medio de esta movilización, el pasado jueves el senador del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Feliciano Valencia Medina, sufrió un atentado entre el corregimiento El Palo y Tacueyó, en el municipio de Toribío.
“Acabo de sufrir un atentado contra mi vida (…) Salí ileso gracias a la madre naturaleza”. Este fue el anuncio de Feliciano Valencia, uno de los líderes indígenas más reconocidos de Colombia, después de que dispararan a su vehículo mientras viajaba.
Líderes de la zona explicaron que desconocidos hicieron disparos con ráfagas de fusil, impactando en el vehículo blindado en que se movilizaba el líder indígena Nasa.
Comunidades también denunciaron que minutos después, una caravana de indígenas recibió hostigamientos por parte de hombres armados.
También en las últimas horas, se reportó una incursión armada en el sector de Sigüí, corregimiento de Santa Cruz-Alto Sigüízona en López de Micay, donde hombres armados llegaron hasta una vivienda y procedieron a incinerarla. Dos personas fallecieron. Fueron identificados como Auberto Riascos y Rocío Riascos.
En lo que va del año, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (Onic), ha reportado el asesinato de 91 Líderes Indígenas.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde 2018, han sido asesinados más de 600 líderes y lideresas sociales, así como más de 150 excombatientes.
Por: Héctor Fabio Zamora – El Tiempo