Colombia ha registrado un retroceso social de ocho años en medio de la pandemia del COVID19 y es posible que el deterioro se profundice en la medida en que se retrase la recuperación económica y aumente el desempleo, como ocurrió en enero. En los hechos, el gobierno de Iván Duque será un cuatrienio perdido en materia social.
Según la CEPAL, se estima que la pobreza pasó de 29% a 34,1% el año pasado, un porcentaje que no se observaba desde 2012. Ese indicador creció 5,1%, lo que nunca había ocurrido en un periodo tan corto desde que se tienen registros. La pandemia nos ha dejado 2,6 millones de nuevos pobres y 2 millones más de colombianos en extrema pobreza, según proyecciones de la CEPAL de hace unos días, lo que significa que sus ingresos no alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas las alimentarias.
Tenemos un país en el que las familias pasan hambre y la respuesta del gobierno de Duque frente a este drama social, que se deriva de la pandemia, ha sido tibia, insuficiente y tardía. En medio de la emergencia sanitaria, el programa de ingreso solidario, dirigido a las familias más pobres del país, ha producido desembolsos equivalentes al 0,45% del PIB, un porcentaje lejano a la media regional de transferencias sociales directas giradas en América Latina durante la pandemia.
La CEPAL ha recomendado invertir en este esfuerzo entre el 1% y el 2% del PIB, lo que han hecho países como Chile, Brasil y Perú. El efecto ha sido una mayor contención en el aumento de la pobreza. Colombia, que hoy es un país más pobre y más inequitativo de lo que lo era cuando Duque asumió el poder, debe sacar lecciones de esta crisis, una de ellas es que debemos revisar y fortalecer nuestro sistema de bienestar social.
El próximo gobierno deberá asumir como una de sus prioridades la recuperación social y económica del país tras un cuatrienio perdido en estas áreas. El nuevo liberalismo, que está marcado desde su origen por su vocación social, cree en una democracia económica y considera que esta tarea requiere de un pacto nacional en el que se privilegie el diálogo social, la concertación política para avanzar hacia una reforma fiscal estructural, de énfasis redistributivo, y hacia una renta básica universal que debe consagrarse como norma constitucional.