Consejo de Estado negó demanda que pedía sacar a toda la corporación
El alto tribunal negó la demanda electoral más grande a la que se haya enfrentado, que le significó verificar más del 80% de las mesas de votación. Aunque se encontraron algunas inconsistencias, al restar los votos irregulares en nada cambió la composición del Senado, con lo cual no se debe llamar a nuevas elecciones.
El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad electoral más grande que ha tenido en toda su historia. Se trata de un proceso en el que se pedía tumbar la elección de los 108 senadores por una docena de presuntas irregularidades en el conteo de votos y que implicó que la alta corte estudiara el 87,6% de las mesas de votación instaladas en las elecciones legislativas de 2018. Aunque al final sí se corroboraron algunas inconsistencias, tras hacer el cálculo posterior la magistrada del caso encontró que en nada se alteraba el orden en que los partidos accedieron a las curules. Nada cambió.
“Se niega la nulidad de la declaratoria de la elección de los senadores de la República, por cuanto no se generan cambios en la asignación de curules a los partidos políticos que hoy conforman el Senado de la República. No hay lugar a cancelación de credenciales ni a declarar una nueva elección”, dice la decisión judicial. En la misma, no obstante, se compulsaron copias para investigar posibles delitos o faltas disciplinarias y se dieron órdenes para evitar futuras irregularidades por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
La magistrada ponente en la Sección Quinta fue la expresidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez. La togada agrupó 12 demandas que llegaron a la alta corte que buscaban lo mismo: sacar a todos los senadores. Las causales iban desde un supuesto sabotaje al software en el que se subían los votos, que se probó nunca existió, hasta denuncias de un recuento indebido en el Consejo Nacional Electoral y de inconsistencias en quienes certificaron su voto con su huella dactilar. Al final de las 12 demandas, la Sección Quinta solo encontró mérito en cuatro de ellas.
El primero, fue una diferencia injustificada entre los formularios E-14 y E-24, en los que los jurados de votación certifican el preconteo y el escrutinio de los votos, respectivamente. Esto llevó a que el Consejo de Estado decidiera excluir 18.734 votos en total. Lo segundo que aceptó el alto tribunal es que se pudo demostrar que, en algunas mesas, los jurados no diligenciaron todas las casillas de los formularios, generando que hubiera mayor número de votos que de votantes. Esto, a su vez, hizo que la magistrada excluyera 6.266 votos más.
En tercer lugar, el Consejo de Estado pudo confirmar que, en siete mesas de votación los formularios que contenían el preconteo de votos no tenían dos o más firmas. De esta manera, se excluyeron otros 640 votos. Y, por último, se encontraron irregularidades en las acciones de la Comisión Escrutadora de Bogotá, que tercerizó la a tención de reclamaciones sobre el escrutinio de los votos, como alegó el partido Colombia Justa Libres. Esto llevó a que se excluyeran otras 104 mesas en las que se registraron 396 votos de ciudadanos de la capital.
Así, el total de votos que tuvieron que ser excluidos fue: 26.036. “La Sala estudió el impacto que tuvo en los resultados electorales sobre la conformación del Senado de la República para el periodo 2018-2022”, dice el fallo, pero encontró que, “los partidos que según los nuevos resultados pasarían el umbral son los mismos que lo superaron en el resultado de la declaratoria de la elección original”. Es decir, así tengan que ser anulados miles de votos, la conformación del Senado queda exactamente igual.
Sin embargo, el Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para investigar a la Comisión Escrutadora de Bogotá, “por los posibles hechos que podrían estar relacionados con fraude electoral; en atención a las fallas advertidas por el presunto fraude electoral que se pudo haber presentado con ocasión de validación de votación irregular en las mesas juzgadas en las que se permitió la presencia de sufragios en exceso, es decir, la inclusión de más votos que votantes en esas mesas y, para ello, se modificó el dato que corresponde a la cantidad de sufragantes, de modo que el sistema permitiera el ingreso de esos votos de más”, dice un comunicado de la alta corte.