El ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la propuesta de reforma tributaria del Gobierno no gravará alimentos adicionales a pesar de que con ellos se podrían recaudar $51 billones en impuestos.
En dos días el Gobierno pasó de anunciar que gravaría con un IVA de 19 % algunos alimentos de la canasta básica, como el café, el chocolate, la sal y el azúcar, a prometer que seguirían tal cual están hoy.
Sin embargo, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, sí es partidario de ampliar la cobertura del Impuesto al Valor Agregado tanto como sea posible. Según cálculos de la cartera, en Colombia solo se recauda 39 % del potencial del IVA; con la reforma que tiene lista el Ejecutivo este porcentaje pasaría a ser de 46 %.
Pero Carrasquilla cree que es técnicamente viable elevar el potencial de recaudo del IVA al 56 %, como el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Ni con la expansión de la base de la reforma llegamos a patrones internacionales porque la metodología colombiana de no gravar bienes esenciales deja sobre la mesa $51 billones que no se recaudan”, así lo manifestó durante el seminario virtual del Centro de Estudios Económicos Anif.
El ministro insistió en que con el argumento “absurdo de la regresividad del impuesto indirecto” ha sido difícil en el país ampliar la base del IVA en el pasado en Colombia, lo que termina por beneficiar a personas de ingresos altos, que son los que más consumen: “en mi hogar nos embolsillamos más o menos $500.000 al mes por excluir bienes esenciales; eso es ineficiente, inequitativo, injusto y absurdo como país”.
También defendió que el problema de la regresividad se elimina con la devolución del IVA: “somos de los pocos países que lo tienen, después de muchos años demostramos que la devolución del IVA es una realidad y que esos argumentos de que no éramos capaces eran pura paja, entre más evolucione nuestra capacidad tecnológica y crezca el ecosistema, más funcionará”, dijo. De hecho, sobre este particular la propuesta de reforma tributaria también plantea cambios. Hoy en día se entrega a dos millones de hogares de los deciles 1 y 2 una mensualidad de $35.000. Este programa de corrección de la pérdida adquisitiva, que costará $1,5 billones (0,1 % del PIB), aumentaría en 20 % su cobertura para llegar a 4,7 millones de hogares de 4 deciles con $45.000 al mes.
Lo que ya se definió es que, a pesar de la posibilidad de aumentar el recaudo vía IVA, no se gravarán alimentos adicionales para proteger el consumo de hogares, sobre todo de menores ingresos. Lo que sí se hará es eliminar la categoría de exentos, que representa una pérdida de recaudo de $2 billones, excepto para los exportadores porque ya son sujeto de tributación especial en la mayoría de los países destino.
Según las cuentas del Gobierno, con la reforma tributaria se lograría un aumento de $26 billones en el recaudo de impuestos, equivalente al 2,2 % del PIB. Estos recursos vendrían principalmente del IVA ($10,5 billones) y de el impuesto de renta para personas naturales ($17,6 billones). “El déficit fiscal llegó a casi $78 billones y hay más de $90 billones de necesidades de caja, pero en este momento la caja está en el orden de $30 billones, nos alcanza aproximadamente para seis o siete semanas. Nuestras proyecciones indican que la cifra pasará a $94 o $95 billones en 2024 con la acumulación de necesidades sociales que tenemos que atender. Esos faltantes rebasaron ampliamente todos los episodios anteriores de crisis”, contó Carrasquilla.
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Respecto a este último lo que se propondrá en el Congreso de la República es ampliar la base grabable de personas naturales que deben declarar renta a partir de ingresos anuales de $30 millones, pues actualmente está en $50 millones.
Hoy el Gobierno recauda cada año 6,2 % del PIB en renta, pero el 5 % de ese valor lo ponen las empresas, cuando en el resto del mundo sucede todo lo contrario, se cobra principalmente a las personas.
Estas y las demás propuestas, que aún no se conocen en detalle, tendrían un efecto de 1,4 % en el PIB, llevarían el índice de desigualdad (Gini) a menos de 0,21 puntos y reducirían la pobreza en 4,2 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 7,9 puntos porcentuales.