La extrema derecha en Colombia y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no desisten de su intento por acomodar la justicia y la democracia colombianas a su imagen y semejanza. La nefasta propuesta de amnistía general lanzada a la opinión pública por el exsenador y su partido, el Centro Democrático, sólo busca generar un marco institucional proclive a sus intenciones de abrir la puerta a la elección y nombramiento de personas, probablemente de la misma afinidad política, que hayan sido condenadas o procesadas por delitos tan graves como la violación, la corrupción o el paramilitarismo.
Como colombianos debemos enfrentar la amenaza a nuestra institucionalidad que representa el Acto Legislativo para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública. Debemos entender que, de avanzar en el Congreso y materializarse como reforma constitucional, será el marco normativo para legitimar la actuación política de miles de condenados o procesados, en condiciones de franca impunidad, que suspenderá los mecanismos de justicia ordinaria o transicional. Se eliminarían todas las restricciones que hoy mantienen fuera de las instituciones públicas a parapolíticos, exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados, o personas inhabilitadas por la Procuraduría General de la Nación.
Además de lo anterior, no queda claro a partir de lo que conocemos del proyecto, si hasta individuos como Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el desfalco de Agro Ingreso Seguro, podrían volver a la política bajo el amparo de la “amnistía”.
Lo más peligroso de esta iniciativa es que crearía una segunda versión de la ley de Justicia y Paz que permitiría a los paramilitares que no se acogieron a esta, o que fueron expulsados y siguieron delinquiendo, ser “amnistiados” y utilizar su dominio territorial para ser elegidos o nombrados. Sin mediar ningún proceso de justicia transicional, pasarían de la ilegalidad al control legítimo de las instituciones. Incluso, este proyecto pondría a Colombia en contravía de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y su competencia respecto a casos de promoción de grupos paramilitares, al permitir que retornen a la vida política posibles financiadores e impulsores de estos grupos, como Luis Alfredo Ramos, quien hoy es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su posible participación en actos de este tipo.
No podemos permitir que esta amnistía secuestre la democracia y deslegitime la institucionalidad. Trabajaré políticamente para que esta perversa iniciativa nunca se materialice.