Ministerio Público dijo que con el fallo se protegen “los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el acceso al servicio esencial de internet”.
La Procuraduría calificó el pasado lunes en un comunicado como “histórica” la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de decretar medidas cautelares contra Centros Poblados para la recuperación de los $70 mil millones del anticipo del contrato con el Mintic para llevar internet a más de 7 mil colegios públicos rurales de 15 departamentos del país.
Se trata, dijo el Ministerio Público, de una “decisión histórica para proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el acceso al servicio esencial de internet” la de ordenar el embargo de las cuentas de ahorro y corrientes, así como el secuestro de los bienes muebles e inmuebles de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y de los socios que la integran, por un monto de $70.243.279.599.
Esto, destacó, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares invocadas por el ente de control disciplinario.
Ordenan embargar bienes y suspender contratos de UT Centros Poblados
Por ello, el tribunal levantó el velo corporativo de las sociedades que conforman la UT, con el propósito de evitar que se consolide un daño al patrimonio del Estado.
“El monto del embargo decretado es igual al valor del anticipo pagado por el Funtic a la UT para la conexión a internet de las escuelas rurales del país”, recordó la Procuraduría.
En el fallo, resaltó el Ministerio Público, se lee que “se acreditaron los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de urgencia propuesta por la Procuraduría General de la Nación, comoquiera que se encuentra demostrado que no conceder la cautela daría lugar a que la sentencia que eventualmente sea proferida declarando la vulneración de los derechos e intereses colectivos tenga efectos nugatorios”.