Qué hay detrás de los ataques a la ministra de Salud y qué nos dicen las hojas de vida de los funcionarios del nuevo gobierno sobre la dirección y el alcance de las reformas.
Una sola pregunta
El sistema de salud colombiano es tan complejo que el espacio de esta nota podría agotarse con la lista traducida de los acrónimos y los neologismos que se han ido añadiendo a lo largo de las últimas tres décadas.
Por eso me limitaré a analizar el “desgaste mediático” que está sufriendo la ministra de Salud ante las críticas de la oposición y a esbozar una mirada a los antecedentes de algunos de los funcionarios que acaban de tomar las riendas del sector, para imaginar posibles cambios de fondo en las políticas de salud que intentará desarrollar este gobierno.
Operación “desgaste mediático”
La notoria agresividad de la oposición y sus medios de comunicación contra la ministra Carolina Corcho se resume en la intervención del parlamentario “experto” en salud que presentó los motivos para la citación de audiencia pública en la Comisión Séptima: el congresista no presentó ningún hecho de real importancia para el diagnóstico o tratamiento de la crisis del sistema de salud.
El promotor de la citación se limitó a anunciar el envío de certificados de Cámara de Comercio a la Procuraduría, porque las renuncias ya presentadas por la ministra y sus funcionarios están en trámite burocrático y aún no se reflejan en dichos documentos. “Denunció” asesorías técnicas de funcionarios que —en su condición de directivos de centros de estudio con prestigio internacional— prestaron a otros gobiernos. Mostró videos con declaraciones de la ministra, descontextualizando su contenido.
El no haber afirmado nada serio sobre la crisis de la salud o sobre alguna medida concreta de la ministra basta para demostrar que estamos ante una “operación desgaste” o una maniobra mediática para deteriorar la imagen de la funcionaria y debilitar su capacidad de negociación o de presentar propuestas de reforma
Los sectores más lúcidos de la oposición saben lo que se viene, conocen las debilidades estructurales de su poder, ya están en guerra mediática y saben que la confrontación será dura. Saben que el sistema de comunicaciones del ministerio corregirá sus debilidades y pronto difundirá mensajes correctos en forma correcta y las organizaciones de la sociedad civil entrarán en acción.
Mientras tanto, la encuesta de INVAMER muestra que la favorabilidad de la ministra va en 15,1 %, es decir, la séptima entre las personalidades del gobierno y la tercera entre los miembros del gabinete.
La pelea de fondo
Toda confrontación mediática obedece a una confrontación socioeconómica.
El no haber afirmado nada serio sobre la crisis de la salud o sobre alguna medida concreta de la ministra basta para demostrar que estamos ante una “operación desgaste” o una maniobra mediática para deteriorar la imagen de la funcionaria y debilitar su capacidad de negociación.
Por eso estamos asistiendo a una nueva fase de la confrontación entre dos tendencias fundamentales con sus respectivos extremos: quienes ven la salud como negocio versus quienes la defienden como derecho fundamental.
Entre los actores que ven la salud como negocio, están los que tienen poder político, económico y mediático, es decir las multinacionales farmacéuticas, el capital financiero, la tecnocracia administrativa que sirve a esos intereses, las organizaciones sociales cooptadas por ellos y una multitud de médicos o pacientes.
En pleno Siglo XXI estos actores se aferran a leyendas o imaginarios atávicos, como el de la mayor eficiencia de las privatizaciones, la mejor calidad de los medicamentos ligada a la “marca comercial” sin diferenciar siquiera su carácter de pionero o competidor, etc.
En el extremo de esta tendencia se encuentran los fundamentalistas pragmáticos que normalizaron sus prácticas perversas y se vinculan con diversas modalidades de corrupción.
Entre los actores que ven la salud como un derecho, están la Corte Constitucional, altas cortes y jueces honestos, centros de investigación académica formal y no formal, agremiaciones médicas y asociaciones de pacientes que no fueron cooptadas por el interés comercial. Además, la tecnocracia administrativa coherente, los médicos que prescriben sobre la base de evidencia científica independiente y los pacientes que entienden el derecho fundamental a la salud y no se prestan para abusos contra el sistema público y el bien común.
En el extremo de esta tendencia se encuentran fundamentalistas utópicos que caen en desviaciones como el mesianismo, el sectarismo o el infantilismo.
La confrontación entre estas tendencias ha sido permanente:
- Puede decirse que la tendencia dominante hasta 2011 fue la comercial, con el crecimiento exponencial de los recobros durante el “octenio” de la desregulación, y oscuridad sobre la destinación de los recursos de la salud.
- Bajo el octenio Santos hubo un ambiente favorable al cambio, apoyo a la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, avances regulatorios en precios, más transparencia y acceso a cubos como SISMED y MiPres, Decreto de apertura de competencia con Biotecnológicos, creación de ADRES, y faltó poco para la entrada en vigencia de la Circular de precios a la entrada y por valor terapéutico.
- En la administración Duque hubo una regresión evidente y apoyo a la tendencia de la salud como negocio, con la política de “todo el poder y los recursos hacia las EPS”.
Por último y ya en 2022, el solo anuncio de la ministra sobre ajustes en la intermediación financiera y el “semiaseguramiento” por las EPS generó el pánico que estamos presenciando.
¿Quiénes, qué y cómo
Casi al día siguiente de la posesión del presidente Duque en 2018, el gremio de las farmacéuticas multinacionales AFIDRO exigió públicamente al ministro Juan Pablo Uribe, neutralizar al Decreto de apertura de competencia con biotecnológicos, la declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria de antivirales de acción directa para Hepatitis C y la Circular de precios a la entrada y por valor terapéutico (frenado pocos días antes del cambio de gobierno). Estas exigencias fueran cumplidas a cabalidad por todos los ministros del gobierno anterior.
Entre los actores que ven la salud como negocio, están los que tienen poder político, económico y mediático, es decir las multinacionales farmacéuticas, el capital financiero, la tecnocracia administrativa que sirve a esos intereses, las organizaciones sociales cooptadas por ellos y una multitud de médicos o pacientes.
En 2022, transcurridos los cien primeros días de gobierno, la página de regulación de precios de MinSalud apenas muestra la reapertura de la plataforma de SISMED para reportes extemporáneos (obviamente para corregir inconsistencias importantes de reportes anteriores) y una encuesta de percepción sobre la regulación de precios, seguramente para hacer cambios.
Dados los antecedentes de los nuevos funcionarios, es de suponer que este silencio se debe a un cuidadoso análisis de los cambios que deban adelantarse. Y menciono el ejemplo de la página de regulación de precios, precisamente por su importancia para todos los actores del sistema y porque allí se concentrarán las exigencias de la sociedad civil.
Para entender por qué se necesitan y para dónde van los cambios que este gobierno se propone adelantar sugiero a los lectores que repasen las calidades humanas y profesionales de la Doctora Corcho en la entrevista que hace cinco años le hizo el doctor Germán Fernández (por esos días presidente del CMCB), sus escritos en la revista Ideas Verdes de la Corporación Latinoamericana Sur que dirigió y múltiples documentos de respuesta a los requerimientos de la Sala de seguimiento a la Sentencia T760-CSR, de la que hizo parte, al igual que los actuales Viceministro de Protección Social Luis Alberto Martínez, Director de la ADRES Félix León Martínez, Superintendente Nacional de Salud Ulahy Beltrán y Director del INVIMA Francisco Rossi.
Naturalmente existe gran expectativa por saber lo qué harán en función de gobierno quienes se destacaron como defensores de la salud como derecho fundamental: la doctora Corcho que coordinó el Comité impulsor de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud, el doctor Martínez que a la cabeza de ACESI y junto con doce gremios denunció a la administración Duque y las EPS ante la Corte Constitucional por violación sistemática de la Ley Estatutaria de Salud, el doctor Martínez que a la cabeza de FEDESALUD estudió las redes de salud y conoce muy bien el caso de las Empresas de Medicina Prepagada y el doctor Rossi que desde IFARMA buscó la Declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria de Kaletra, Glivec (Imatinib) y Antivirales de acción directa contra el virus de la Hepatitis C, caso tramitado con la doctora Claudia Vargas (hoy Directora de Medicamentos) y “embolatado” hasta finalizar la administración Duque.
Escrito por Óscar Andia