Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
Con respecto a los actores de la construcción de la ley 100 de 1993 que cambió el antiguo sistema de salud por el sistema de salud actual, y entendidos como agentes estratégicos, se registró la participación desde distintas instancias: estatal, académica, partidos políticos, grupos privados, asociaciones profesionales, sindicatos, organismos internacionales, movimientos y organizaciones sociales.
Especialmente, se indagó por las coaliciones que establecen, por los mecanismos de acción y por las propuestas, debates y argumentos para defender u oponerse a la reforma. Además, se siguieron las trayectorias de las interacciones, para poder hacer un balance de la incidencia en las decisiones. En el sector estatal, se agrupó la información proveniente de las instancias que influyeron directa o indirectamente en la ruta de la política de salud, como los ministerios de Salud, de Trabajo y de Hacienda; el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Presidencia de la República.
En cuanto a los partidos políticos, se buscó incluir a representantes de distintas corrientes (Partido Liberal, Partido Conservador, partidos y coaliciones de izquierda). En la categoría sindical se contempló básicamente la información proveniente del sindicato del Instituto de Seguros Sociales, (Sintra ISS), la Asociación Médica Sindical Colombiana, y la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC)
Las asociaciones profesionales estuvieron conformadas por organizaciones como La Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana y la Asociación de Enfermeras de Colombia (ANEC), mientras que en el sector privado se clasificaron fundamentalmente los gremios industriales, las empresas aseguradoras y las prestadoras de servicios de salud privada.
Las organizaciones sociales, por su parte, incluyen los distintos grupos de usuarios (asociaciones de usuarios), el Movimiento por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social y las organizaciones indígenas participantes en este proceso. Finalmente, también se contemplaron las interacciones de los académicos y de instancias internacionales (como el BID y el Banco Mundial).
El objetivo de la ley 100 de 1993 y por la cual se cambió el sistema de salud antigua al actual, fue buscar crear un sistema que aumentara la cobertura en salud que para 1993 tan solo llegaba a un 24% de la población y presentaba una gran inequidad. Mientras que el 47% del quintil más rico estaba cubierto, este porcentaje caía a sólo 4,3% para el quintil más pobre (Encuesta de Calidad de Vida, cálculos MSPS). Esta inequidad se traducía en una menor posibilidad de recibir atención y en un mayor esfuerzo financiero por parte de las familias para utilizar los servicios de salud. En 1992 el 33,2% de la población más pobre (quintil 1) no recibió atención médica cuando se sintió enferma y lo solicitó, comparado con un 7,3% de la población con mayores ingresos (quintil 5). Para ese mismo año, los gastos en consultas, medicamentos y laboratorios de los hogares más pobres representaban el 28,2% de su ingreso total en el año, mientras que para los de mayores ingresos representaba solo el 6,5%. Los gastos en hospitalización representaban un 64% para los más pobres y Según el Estudio Sectorial de Salud de 1990, la cobertura de aseguramiento social era del 15.7% de la población, donde el 63,3% de las necesidades de atención médica no eran atendidas, lo cual llegaba al 75,1% en las regiones más pobres del país y al 84% entre la población ubicada en el quintil más pobre según ingreso.
Lo anterior estaba acompañado por una estructura de financiamiento regresiva, sin ningún tipo de solidaridad entre los agentes. La mitad (50%) de los recursos públicos para la salud se canalizaban, a través del subsistema de seguridad social (ISS), para menos del 20% de la población (los de mayor capacidad de pago y con empleos formales) y el 50% restante de los recursos se destinaban al subsistema público (red pública) para cubrir al 80% de la población.
Si se comparan las cifras y estadísticas anteriores con los resultados que a la fecha tiene el sistema de salud, es innegable que si bien no son óptimos y por supuesto que hay que mejorarlos, han sido buenos en un país que invierte tan solo 250 dólares por habitante año, mientras países que invierten hasta 20 veces más, no tienen los indicadores de gestión en salud que tiene Colombia.
Quienes conocimos de ciudadanos que perdían sus propiedades ante enfermedades de alto costo, o la imposibilidad de acceso a servicios, especialistas, hospitalizaciones y cirugía que existían hace más de 30 años, lo podemos asegurar.
Será que destruyendo el sistema de salud actual se mejorarán los indicadores de salud ???