Con un acto de proselitismo cargado de intervenciones de distintos representantes de sectores médicos, este lunes se radicó ante el Congreso de la República la reforma a la salud, una de las más polémicas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y, de entrada, sí golpea con fuerza a las EPS, aunque matiza el lenguaje manteniéndoles el nombre.
El documento –de 180 páginas en las que se nombra 291 veces la palabra “EPS” y 30 más “entidades promotoras de salud– resume, según la ministra Carolina Corcho, en cinco puntos los principales cambios que se quieren implementar en el sistema de salud. Primero, la administración pública de los recursos públicos; segundo, el fundamento de la atención primaria en salud; tercero, la creación de un régimen laboral especial; cuarto, la salud como un determinante social; y quinto, la creación de un sistema público de información en línea.
El actosimbólico estuvo encabezado por Petro junto a la ministra Corcho, los presidentes de Senado y Cámara, la vicepresidenta Francia Márquez y la primera dama, Verónica Alcocer. Y, como es costumbre, comenzó con dos horas de retraso.
El acto terminó sobre las 06:15 de la tarde, en el despacho del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con la firma de la ministra de Salud que marcó la radicación de la reforma con la que ahora empezará un amplio debate, no solo en el Legislativo sino en la academia, medios de comunicación y en las calles, pues el Gobierno y la oposición llamaron a movilizaciones este martes y miércoles.
A la presentación en Casa de Nariño, acudieron representantes de la Asociación Colombiana de Medicina Integral, cuya presidenta es Paula Acosta. Este diario le pidió un comentario a este gremio y a Gestarsalud (que reúne a las EPS del régimen subsidiado), pero al cierre de esta edición aún no tenían un análisis completo.
En todo caso, antes de iniciar la presentación, el senador Jonathan Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) criticó al Gobierno por lo que consideró un “show” y una “parafernalia”, pues mostró, a través de un video, que la asistencia de público no había sido masiva y que por eso tuvieron que recoger varias sillas. Pero, yendo al fondo, ¿qué plantea la reforma de Petro?
Cuál es el cambio en el fondo de las EPS
En primer lugar, y para poner fin a la larga especulación sobre las entidades promotoras de salud (EPS), el texto de la reforma no las elimina, pero sí las interviene con tres actividades a ejercer: primero, crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) de los territorios asignados; segundo, administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas a sus CAPS; y, tercero, ejecutar las auditorías contratadas que requiera el Sistema de Salud.
Así, se abre la pregunta sobre si el hecho de cambiarles las funciones a las aseguradoras y las reglas con las que se regirían es como si se eliminarán en la práctica y solo se les dejará el título EPS. Como lo dijo el investigador de sistemas de salud, Andrés Vecino, “las EPS no serán aseguradoras, transfiriendo el riesgo a hospitales”.
Por otro lado, busca que, a partir de que entre en vigencia la ley, “no habrá autorización de ingreso al Sistema de Salud de nuevas Entidades Promotoras de Salud”. Entre tanto, planea la creación de una serie de equipos médicos que visitarían uno a uno los hogares para identificar enfermedades y situaciones de riesgo.
Por ello, plantea que “para cada hogar todos sus miembros deberán estar afiliados en una misma Entidad Promotora de Salud”, lo que ayudaría a que los equipos médicos puedan revisar a toda la familia en una visita.
Y además se indicó que “no se podrán establecer barreras económicas para acceder a los beneficios del sistema, como copagos o cuotas moderadoras, ni se podrán establecer condiciones como preexistencias o exigir períodos mínimos de cotización”.
El Estado se mete con fuerza en el sistema
Se creará un fondo único público de salud que será administrado por la Administradora de Recursos para la Salud (ADRES). De igual manera, esta última se encargará de garantizar el flujo y la administración y control de los recursos del Sistema de Salud, así como de realizar los pagos, los giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del sistema.
Otra de sus funciones será la de realizar los contratos para garantizar a nivel nacional y regional la gestión de los recursos, el sistema de pagos y la auditoría de las cuentas, regido mediante el derecho privado atendiendo los principios de publicidad, coordinación, celeridad, debido proceso, imparcialidad, economía, eficacia, moralidad y buena fe.
Así mismo, la reforma determina que para “garantizar el goce efectivo del derecho a la salud” el Estado incidirá coordinadamente sobre los determinantes de salud para mejorar las condiciones generales e individuales de vida.
De hecho, el propio Petro ratificó esta presencia estatal cuando aseguró que el “sistema que surge de esta ley es un sistema planificado con una fuerte presencia estatal, pero mixto porque permite la presencia privada”. Y dijo que no se cerrará ningún hospital privado.
¿Nuevo régimen laboral? Esto se plantea
En consonancia con lo que pedían algunos gremios médicos y de enfermeras, la reforma estipula la constitución de una régimen especial laboral para los profesionales y trabajadores de salud. Esta deberá incluir los criterios generales para mejorar las condiciones laborales, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos. Para ello, los trabajadores vinculados a instituciones privadas y mixtas con participación del sector público inferior al 90 % estarán vinculadas mediante contrato de trabajo conforme al Código Sustantivo del Trabajo.
Del mismo modo, se habla de establecer “incentivos salariales y no salariales incluyendo el criterio de zonas apartadas y dispersas”, así como “sistemas de bienestar social aplicables a los trabajadores de las instituciones de salud”.
El presidente tendría facultades extraordinarias
En su artículo 151, la reforma incluye seis facultades extraordinarias para el presidente de la República durante seis meses después de que entre en vigencia la ley. La primera es expedir disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas; dictar las disposiciones laborales de los servidores públicos del sector salud para garantizar el mérito; establecer los procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia de Salud; modificar las normas en materia de salud; dictar las disposiciones que sean reserva de ley y que garanticen un ordenado proceso de transición del Sistema General de Seguridad Social en Salud al Sistema de Salud; así como “determinar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición”.
¿Qué pasará con los pacientes si se aprueba el proyecto?
En el periodo de transición que plantea la reforma se espera que ningún colombiano o paciente se quede sin atención oportuna o acceso a servicios de salud. En ese sentido, las EPS no cesarán su operación en cuanto a la atención y la afiliación, hasta que se haga el tránsito de cada afiliado a los planteados centros de atención primaria en salud.
Por otro lado, los programas de medicina prepagada continúan su funcionamiento sin tener “prelación alguna”.
Así mismo, los servicios médicos a los que tiene derecho “incluye los servicios de atención prehospitalaria, de urgencias, el transporte de pacientes y los servicios farmacéuticos, orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud”, según se lee en el artículo 80 de la ley.
En todo caso, esta reforma se tramitará como ley ordinaria, por lo que solo requerirá de cuatro debates en el Legislativo para ser una realidad (leer nota adjunta). No obstante, más allá de los debates y los votos que necesitan para sacarla adelante, el clima no es el más apto para el Gobierno y la ministra.
Al respecto, el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) y miembro de la Comisión Séptima que estudiará la reforma, le contó a EL COLOMBIANO que “el debate se ha nutrido mucho y siento que ese clima es adverso para la ministra y podría correr el riesgo de que no se apruebe”, por lo cual augura que “si no fue capaz de convencer a sus propios colegas de gabinete (en referencia al ministro de Educación, Alejandro Gaviria), le va a tocar más duro cuando intente convencer a médicos, técnicos, pacientes y a los congresistas”.
Aún así, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, aseguró que “estamos listos desde la comisión para sacar adelante esta reforma que va a beneficiar la salud de todos los colombianos” y que esta reforma busca “un sistema de información pública que tenga transparencia y eficiencia, así como que los recursos públicos no sean administrados por terceros”.
Por su parte, el investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Johnattan García, aseveró que “es importante que haya datos y se discuta qué artículos van a mejorar el sistema de salud y cuáles ponen en riesgo lo que ya se tiene. Lo que no se puede hacer es echar para atrás: el principio de no regresividad”.
Así mismo, añade que la aprobación y los cambios que resulten en medio del debate están en manos de los indecisos, es decir, de los partidos que no son el Pacto Histórico ni el Centro Democrático. “Espero que sean muy juiciosos en estudiar estas propuestas, pues van a tener la tarea de saber qué es bueno y qué es malo para el sistema por medio de un debate detallado de cada uno de los puntos”, dijo.
Con el texto público y en manos de la ciudadanía, el verdadero debate inicia y, de paso, el juego de la Casa de Nariño por poner a prueba su gobernabilidad. Como lo dijo Denis Silva, del movimiento Pacientes Colombia, “debe haber audiencias públicas y reuniones con expertos para mirar lo que se aprobará, en lugar del “dime cuánto me darás y te diré cuánto hago”.
Qué obstáculos debe sortear la reforma a la salud en el Congreso
Por tratarse de una ley ordinaria, la reforma estructural al sistema de salud deberá enfrentar cuatro debates en el Congreso de la República para convertirse en una realidad.
Por esta razón, luego de ser radicada, el primer reto que debe afrontar será el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, integrada por 21 congresistas; luego ser discutida en la Plenaria de esa corporación, en la que asisten los representantes en su totalidad: 188. Si surten estos dos pasos, lo siguiente es hacer lo mismo en el Senado, en donde irá a discusión en la la Comisión Séptima, integrada por 14 senadores; finalmente, terminará en la plenaria de esa corporación, conformada actualmente por 106 senadores.
Por otro lado, el plazo máximo para que se apruebe una ley ordinaria es de dos legislaturas, es decir, más o menos dos años en periodos que inician el 20 de julio y terminan el 20 de junio siguiente. Sin embargo, la idea del Gobierno de Gustavo Petro es que pase en el primer periodo de la actual, que termina a mediados de año porque en el segundo semestre, con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina, la atención de los congresistas estará enfocada en esos comicios.
Por esta razón, el Ejecutivo pondrá sus esperanzas de sacar esta primera gran reforma adelante, inicialmente, en manos de los presidentes de esas comisiones: Agmeth Escaf (Pacto Histórico) en Cámara y Norma Hurtado (Partido de la U) en Senado; así como en los presidentes de ambas corporaciones, Roy Barreras y David Racero, ambos del Pacto Histórico.
El camino parece más despejado en la Cámara, tanto en comisión como en plenaria, dado que ambos presidentes han manifestado su apoyo públicamente a las pretensiones del Gobierno; mientras que en Senado el panorama es diferente. Aunque Roy es del partido de gobierno, ha expresado sus dudas respecto a este proyecto, y Hurtado está bajo las directrices de la directora de su partido (Dilián Francisca Toro) en el sentido de “no acabar con lo que tenemos”.
En la Comisión Séptima de Cámara, el panorama pinta, por los lados de la coalición de gobierno, con cuatro integrantes del Pacto Histórico, cuatro del Partido Liberal, dos del Partido Conservador, dos de la Alianza Verde, dos del Partido de La U, dos de la circunscripción especial de paz y uno del Partido Comunes. Por el lado de la oposición están dos del Centro Democrático y, en cuanto a los independientes, dos de Cambio Radical.
Entre tanto, en la Comisión Séptima de Senado, las cargas están con tres del Pacto Histórico, uno del Liberal, dos del Conservador, uno del Verde, uno de la U, uno del Movimiento Aico y uno de Comunes. Por la oposción están dos del Centro Democrático y, por los independientes, están uno del Mira y uno de Colombia Justa Libres.
Dando por sentado que el partido de gobierno y la oposición uribista no cambiarán su voto por cuestión de fidelidad ideológica, sin duda, los que inclinarán la balanza serán los liberales, conservadores y la U, quienes a pesar de estar en la coalición de gobierno, son los que tienen, hasta ahora, dudas sobre si apoyar o no esta reforma, dependiendo de qué tanto toque o no las EPS, la financiación del sistema de salud, la cobertura casi universal y la libre competencia.
Por: pulzo.com