Un proyecto para ayudar en la propuesta de la Paz Total del presidente Petro es el de constituir instituciones universitarias dentro de las cárceles para recuperar socialmente a esta población y que regrese a la vida ciudadana, repensando su participación social como personas luego del pago de sus penas, uno de los fines de la legislación carcelaria, además de los de separar al convicto de la criminalidad, proteger a la ciudadanía y disuadirlo de la opción del delito como camino, propósitos éstos, que son letra muerta en nuestro país y en gran parte de la geografía del planeta.
La propuesta no es original mía ni de nadie en Colombia que yo sepa y se la escuché por primera vez al maestro José Marduk Sánchez, el ex rector del ITM, como una experiencia conocida por él en México que apunta a que las prisiones no sean centros de especialización delictiva como ocurre en Colombia sino espacios destinados a la rehabilitación y la reinserción social de los delincuentes recibiendo del Estado una oportunidad para que el tiempo de reclusión no se aplique en la degradación del ser humano, y en cambio, sea una oportunidad para que el preso inicie un programa de formación superior o en competencias laborales según el caso, con garantías del Estado y de la sociedad de que, a su salida, encontrará un panorama diferente al que lo condujo a prisión, de un lado, y de otro, gozaría de un descuento de la pena en la medida en que obtiene logros académicos y avanza en su recuperación. El Estado respeta así la dignidad humana del reo y le ofrece un camino de re socialización como uno de los propósitos perseguidos en la política penitenciaria, con un fin terapéutico, pues el delincuente debe ser reconocido por la ley como un enfermo social, para recoger las conclusiones de largos debates académicos desde finales del siglo XX. Su reinserción se da sobre cinco ejes temáticos, educación, deportes, salud, trabajo y capacitación lo que implica complejas interacciones sociales para lograrla pues, como lo expone reiteradamente Marduk, la educación y la socialización están implícitos en todos los procesos de enseñanza aprendizaje.
En México, el Programa de Educación Superior para Centros de Re adaptación Social del Distrito Federal, hoy llamado PESCER, surge como una acuerdo de cooperación con la Dirección General de Prevención y Re adaptación Social del Distrito Federal en favor de los reclusos. En el año 2004 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y aquella Dirección firman un convenio de cooperación para proporcionar programas de educación superior a los reclusos interesados en ella, proceso que inicia en 2005 y ha incorporado el proyecto en las cárceles o instituciones penitenciarias del Distrito Federal, propiciando la extensión de estos beneficios a otros establecimientos reclusorios.
Se destaca la relevancia que adquiere la identidad como estudiante universitario en situación de reclusión frente a la que se tenía como un interno simple, afirma la investigadora Mónica Díaz Pontones en su artículo “La Educación Superior en Contextos carcelarios, el caso de la Ciudad de México”. La investigación “Significados, creencias, percepciones y expectativas de la formación universitaria de los estudiantes en situación de reclusión” realizada por la doctora Diaz Pontones busca documentar el impacto y los nuevos significados de la apropiación de saberes en los estudiantes penados y la reinterpretación de sus estilos de vida.
La Cárcel, destaca la investigadora, es un centro lejano a propósitos de educar, regular, socializar, disciplinar y construir y los alcances de su impacto sobre el individuo, dependen casi siempre de la naturaleza del sujeto, su historia, formación, sus expectativas y formas de ver el mundo, de sus recursos, sus interacciones y sus vínculos al interior y exterior del reclusorio.
La existencia de un Centro de Educación Superior en nuestras cárceles podría ser una oportunidad para que el gobierno le preste importancia a una nueva normación en su política de Paz Total que viabilice sus propuestas y no permita que se trivialicen bajo supuestos de impunidad y connivencia con delincuentes y criminales, haciendo posible un Estado más eficiente y un régimen disciplinario efectivo con un sistema carcelario que tenga objetivos humanísticos en el que el ciudadano pueda encontrar el retorno a una vida digna, al poder asumir un compromiso consigo mismo y con la sociedad y beneficiarse de una política orientada a su recuperación social, moral, económica e intelectual. La institución educativa estudia cada caso en particular y ofrece alternativas de formación
superior o de aprendizaje de competencias, de acuerdo a las expectativas del recluso, su nivel educativo y las posibilidades del entorno.
El sistema podría incluir la rebaja de penas por logros académicos y alguna subvención del Estado mientras termina su ciclo de formación, para sostener a su familia y pueda encontrar el camino que lo desmarque de las estructuras criminales, lo oriente hacia la concepción de una existencia en medio del respeto por el derecho a la vida y recupere el reconocimiento social. Al fin y al cabo, la educación es un derecho humano de carácter constitucional y en su reconocimiento no debe haber excepciones.
Emergen muchas dudas en torno a este constructo y las dificultades a resolver en materia académica, social, normativa y financiera, pero la idea es enterrar la actual realidad de la política carcelaria en Colombia y hacerla asequible a los postulados filosóficos que inspiraron la legislación sobre la materia para asegurar efectivamente el logro de sus fines, con la certeza de no hay inversión costosa si su objetivo es construir personas con propósitos sociales.
Hace ya casi tres años que el maestro José Marduk le planteó esta iniciativa al director de Sapiencia, pero las mentalidades chaparras no le conceden importancia a las ideas ajenas por brillantes que sean y la propuesta se quedó huérfana pese a ser considerada de trascendencia por Alberto Uribe Correa, ex rector de la U. de A. y actual rector de la Universidad de Sabaneta, un hombre de condiciones académicas, sociales y gran sensibilidad.
Considero, entonces, mi deber publicar la idea para que se estudie su viabilidad y esperar que un gobernante serio la asuma en defensa de la sociedad, de la educación y de la dignidad humana. En Colombia, se debiera recordar la expresión de Pitágoras “Educar al niño para no castigar al hombre”, sabia lección para no terminar haciendo lo que se debió hacer al principio, educar, pues solo la educación nos libera de ataduras y nos concede alas para volver a los sueños.
la educacion superior en contextos carcelarios, el caso de la ciudad de Mèxico – Búsqueda (bing.com