La Constitución de 1991 estableció que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria. El sistema en el que se inspiraron los asambleístas tiene sus raíces en la filosofía alemana del siglo XIX y consiste en que el Estado debe garantizar las condiciones mínimas de la vida a los ciudadanos. Desafortunadamente, para la inmensa cantidad de colombianos que viven directamente las consecuencias de la desigualdad, sobre todo en las regiones apartadas de Bogotá, esta afirmación parece vacua o meramente platónica.
Como todo en la vida, ni la afirmación constitucional ni la percepción ciudadana son ciertas en todos los contextos y para cualquier sector de la economía. Entre las políticas públicas más efectivas de nuestra historia reciente se encuentran los programas de vivienda de interés social que han diseñado los Gobiernos para satisfacer la obligación prevista en el artículo 51 de la Constitución.
De acuerdo con esta disposición normativa, el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda digna y promover los planes de vivienda de interés social y el financiamiento a largo plazo, de forma que las familias colombianas tengan la oportunidad de adquirir propiedad formal. No se trata entonces de una simple entelequia, pues los planes nacionales de desarrollo de todas las Administraciones contemporáneas han previsto mecanismos para satisfacer este deber.
Es así como las familias que cuentan con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales han venido ahorrando para alcanzar su sueño de adquirir una vivienda propia. «Pero es que falta plata», vienen expresando los ministros del gobierno del cambio. Es la misma excusa con la que justifican el incumplimiento de los Acuerdos de La Habana, pero ahora debilitan el programa Mi Casa Ya, con el que la Administración desde hace ocho años subsidia la compra de vivienda nueva de interés social y prioritario.
En entrevista con W Radio el pasado 14 de abril, la ministra de vivienda Catalina Velasco admitió que los cambios que vienen introduciéndose en el programa se deben a un problema presupuestario: «se van a tener esos recursos, si el Congreso de la República, aprueba la adición que el gobierno está presentando», advirtió. Aunque anunció que las solicitudes en curso continuarán, su advertencia ya preocupa a las constructoras y al sector financiero, pues la improvisación reciente produjo una desaceleración del 64% en la construcción de vivienda.
Siete de cada diez viviendas que se venden en Colombia son de interés social, lo que ha beneficiado a más de 250 mil familias; sin embargo, aún existía un déficit habitacional de más de cinco millones en 2021. Esto significa que no solamente es necesario mantener el programa, sino que aún debe fortalecerse y financiarse para que los actores que participan en su ejecución, incluidos sus beneficiarios, confíen en él.
Si se mantiene la postura del Gobierno sobre los programas de vivienda, los efectos de sus decisiones afectarán principalmente a los jóvenes. Son ellos quienes continuarán creyendo que la afirmación del Estado social de derecho fue tan solo una noble intención del Constituyente del 91.