Por Luis Guillermo Vélez Álvarez – opinion@elcolombiano.com.co
Hoy nadie debería llamarse a engaños sobre el odio mortal que a Petro le inspiran la propiedad plural, el capital y la democracia liberal y su adhesión rotunda al proyecto totalitario de socialismo siglo XXI, liderado por Maduro, Ortega y Diaz Canel, luminarias del Foro de Sao Paulo.
No se pasan 45 años de la vida luchando por un ideal – incluida la violencia – para renunciar a él, cuando ha llegado al poder y se dispone de increíbles medios y recursos materiales – institucionales y no institucionales – para realizarlo.
El poder presidencial en Colombia es desmesurado e intimidante. No pasa un día sin que el presidente y sus áulicos – al tiempo que corrompen el Congreso – hagan ostentación descarada maltratando, menospreciando e intimidando a empresarios, líderes gremiales, periodistas, opositores y demás autoridades constitucionales. Gran Acuerdo de Sumisión Nacional, es el objetivo.
Aterran los programas de pagarle a los delincuentes por no delinquir; los llamados a la pseudo movilización campesina, financiada con recursos fiscales, y las supuestas conversaciones de paz con grupos armados, que cada día se asemejan más a acercamientos con futuros aliados. Todo ello acompañado de la cuasi desmovilización de las fuerzas militares, cuya cúpula fue purgada desde el inicio del gobierno, con la aparente asesoría del G2.
Es como si se estuvieran creando las bases del poder dual, condición sine qua non de la culminación exitosa de la toma absoluta del poder por fuerzas revolucionarias. Lo hizo Lenin, con su consigna: ¡Todo el poder a los Soviets! Lo ha teorizado para Iberoamérica el sociólogo marxista René Zavaleta Mercado. Lo señala Carlos Alonso Lucio hablando de la milicianización de la política.
Excepción hecha de los del Centro Democrático y, tardía y ambiguamente, los de Cambio Radical, todos los congresistas de los partidos del establecimiento tradicional – Liberal, Conservador, de La U, etc. – están obedeciendo servilmente las instrucciones de los ministros para hacer avanzar las reformas liberticidas, presumiblemente a cambio de inconfesables prebendas y canonjías.
No todo está perdido. El descrédito del gobierno nacional, incluidos sus propios votantes, es cada vez mayor, como consecuencia de su mediocre desempeño, el desatino de sus funcionarios y la escandalosa red de corrupción que soportó su elección. Es necesario que ese descrédito se traduzca en hechos políticos que minen aún más su legitimidad y debiliten su capacidad gobernar e impulsar su proyecto político totalitario.
Las del 29 de octubre no son unas elecciones meramente locales, tienen implicación nacional y, sobre todo, suponen el enfrentamiento de dos concepciones irreconciliables de la vida económica y política: libertad económica o colectivismo y democracia liberal o dictadura unipartidista.
Hay que votar en defensa de nuestra democracia, del estado de derecho y el imperio de la ley; hay que votar en defensa de la propiedad plural, fundamento de la libertad económica, sin la cual no puede haber libertades personales y políticas.
En las elecciones de octubre, es fundamental que las fuerzas que apoyan a Petro sean derrotadas estruendosamente pues, de lo contrario, pueden ser las últimas en libertad.