Por: El Atisbador
Mío es el mundo; como el aire libre, Otros trabajan porque coma yo; Todos se ablandan si doliente pido, Una limosna por amor de Dios
José de Espronceda (1808-1842)
Como nos lo muestra uno de los representantes del romanticismo español del siglo XIX, la historia del niño huérfano Oliver Twist, del autor inglés Charles Dickens (1812-1870) o los diversos artículos, documentales y relatos escritos por autores y documentalistas colombianos como Ezequiel Velázquez, Manuel Zapata Olivella o Ciro Durán sobre los niños de la calle (o “gamines”) a mediados del siglo XX, el fenómeno de habitabilidad de calle no es nuevo ni mucho menos apareció de la nada en las ciudades del mundo; al lado de la urbanización y las aglomeraciones producto de la industrialización, se dio este problema generado por la desigualdad, la violencia intrafamiliar y el consumo problemático de alcohol y estupefacientes.
En Colombia este ha sido un fenómeno con especial impacto en las décadas del 60 y 70, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, fundamentalmente reproducido por el desplazamiento forzado y el crecimiento de los barrios informales; a pesar de ello fue tardíamente intervenido de manera coherente y sistemática por el Estado, por lo que en la década de los 80 surgen grupos denominados como “empresas de limpieza social” encargados de asesinar y desaparecer a quienes habitaban la calle y eran considerados como “indeseables” o “desechables” por la sociedad.
La percepción del fenómeno como problema no está necesariamente en las vidas quemadas por los diversos factores sociales que llevan a un ser humano a dejarse a la suerte en las calles (con esto me refiero a vivir, dormir y trabajar), sino precisamente porque es visible. Se apropia con sus reglas del espacio público; incomodando, molestando y reproduciendo sensación de inseguridad en diferentes poblaciones que transitan por la ciudad, pues las esquinas se convierten en baños, los parques en zonas para consumir drogas y alcohol y el síndrome de abstinencia lleva a esta población (presa de grupos criminales y microtraficantes) a cometer los más repudiables actos para conseguir la dosis del día. Así que, lejos de la visión romántica que algunos quieren imponer, es un serio problema de salud pública, dinamizado por la pandemia y la migración venezolana, que genera inseguridad.
Sorprendentemente, desde el año 2013 se tiene una respuesta institucional nacional clara e integrada con la Ley 1641, la cual condujo a la formulación, en 2020, de la Política Pública Social para Habitantes de Calle y la estructuración de un censo anual que se inició en el año 2017. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la decisión política de intervenir el problema se tomó 43 años después de que el mismo empezara a expandirse en la década del 70, por lo que es un fenómeno difícil de revertir.
A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional viene estudiando y emitiendo jurisprudencia sobre este desde la década del 90, con 11 sentencias hasta el día de hoy, de las cuales 4 están orientadas a contener las acciones de los gobiernos y autoridades enfocadas en el control de esta población con miras a protegerla y a buscar que las intervenciones estén concentradas en una visión social. En términos generales el máximo tribunal constitucional establece que los habitantes de calle tienen derecho a habitar y vivir en el espacio público, gozar del libre desarrollo de su personalidad sin ser trasladados a otro lugar en contra de su voluntad.
Ahora bien, según la última encuesta sobre habitante de calle del DANE del año 2019, en Colombia había 22.790 personas en esta condición, de los cuales el 16,6% estaba en Medellín y su área metropolitana (3.788) con una tasa de 95 por cada cien mil habitantes; de estos, según la encuesta, el 37,7% afirmó que llegó a la calle a causa del consumo problemático de estupefacientes, el 31,1% por problemas familiares y el 8% por gusto personal. Hoy, según datos suministrados por la Alcaldía de Medellín, en la ciudad viven 8.000 habitantes de calle, con una tasa de 296.6 por cien mil habitantes; un incremento descomunal en tan solo cinco años. Ante lo cual, el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga dijo en el recinto del Concejo Distrital el 1 de octubre: “esta es una situación desbordada”:
Lo que sorprende de estos datos es que la ciudad tiene instrumentos creados y adaptados precisamente para atender esta problemática desde el año 1993, con el acuerdo municipal 02 el cual estableció el “programa integral de protección y seguridad social para los indigentes” centrado en granjas multiactivas y casas de rehabilitación; luego, en 2005 se actualizó la normatividad con el decreto 1325 cuyo fin era la “protección y tratamiento de las personas en situación de calle”; diez años después, se expidió el Acuerdo municipal 024 de 2015 que formalizaba la política pública social para los habitantes de calle la cual fue formulada bajo decreto 0718 en el año 2017, centrada en la protección integral a esta población a través de centros de atención, granjas de rehabilitación, oferta de educación, empleabilidad y campañas para la sociedad con el fin de entender mejor este fenómeno; todo articulado con acciones de control para prevenir alteraciones del orden público bajo el liderazgo de la entonces denominada Secretaría de Inclusión Social, Derechos Humanos y Familia.
¿Si la ciudad tiene este avanzado sistema de atención qué falló entonces? Son tres elementos básicos: en primer lugar, la administración 2020-2023 no continuó con la implementación y el seguimiento de la política pública por lo que, literalmente, no quiso ver el cambio en el número de habitantes de calle, lo que se resume en desidia institucional; en segundo término, la acción de gobierno y de policía no ha podido adaptarse a las sentencias de la Corte Constitucional frente a la imposibilidad de conducir a estas personas contra su voluntad a centros de rehabilitación o Centros de Traslado por Protección en relación con las acciones paliativas; y finalmente, factores exógenos que dinamizaron el problema como la pandemia y la presión migratoria que aportaron al aumento del número de personas en esta situación. En últimas, una bomba de tiempo que le explotó a la actual administración en la cara y sobre la cual no existe hasta el momento una respuesta clara en el nivel nacional sobre cómo atenderla y revertirla.