Por: El Atisbador
En estos momentos se discute en la Asamblea Departamental la aprobación de dos proyectos de ordenanza de vital importancia para las finanzas de los antioqueños, el 43 y el 59 radicados por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el 4 de octubre y el 12 de noviembre de 2024 respectivamente. Estos tienen dos objetivos: el primero, modificar el Fondo de Seguridad Territorial y el Fondo Territorial de Orden Púbico que son los dos instrumentos que por Ley tienen los gobiernos seccionales en Colombia para financiar y planear proyectos de inversión en materia de seguridad, convivencia, justicia y atención a sindicados; el segundo (eje de toda la propuesta) busca abrir la puerta jurídica para agregar un cobro a la factura de servicios públicos de los antioqueños de estratos 4,5 y 6; así como a comercios y empresas con el fin de recaudar al año la no despreciable cifra de $416.667 millones adicionales.
¿En qué se utilizaría este presupuesto que, de ser aprobado, no solo sería ocho veces mayor que los recursos ordinarios que tuvo la Secretaría de Seguridad y Justicia en 2023 (aproximadamente $50.000 millones) sino el más elevado en la historia del departamento? La justificación que presenta la Gobernación está centrada en fortalecer la tecnología en materia de respuesta de emergencias y video vigilancia, la infraestructura de la fuerza pública (Policía, Ejército, Armada) y el sistema carcelario. Así pues, con este dinero se propone financiar: 1) un sistema integrado de emergencias para los 125 municipios a través de nodos subregionales por un valor de $600.000 millones; 2) la actualización de la infraestructura y logística de la fuerza pública en los territorios por un valor de $42.000 millones; 3) una cárcel departamental para albergar 1.000 sindicados por un valor de $165.872 millones; 4) placas polideportivas para generar convivencia y 5) un escuadrón de Policía y Ejército para “perseguir” criminales en zonas rurales.
Es entendible el llamado de atención que hace el Gobernador Rendón sobre los serios problemas de seguridad que atraviesa Antioquia (y el país entero) ante un Gobierno Nacional que se ha dedicado durante más de dos años a debilitar, desfinanciar y desorientar a la fuerza pública, mientras apuesta todo a una desordenada negociación política con grupos criminales a cambio de impunidad. Son aproximadamente 300 grupos criminales en el departamento compitiendo violentamente por capturar rentas como la minería, la extorsión, el narcotráfico y buscando un lugar para ganar poder de diálogo ante la actitud equívoca del Presidente Gustavo Petro. Se encuentran pues estructuras militares como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y Disidencias de las FARC; grupos de crimen organizado del Valle de Aburrá, que desde el 2016 se empezaron a tomar subregiones como el Oriente y el Suroeste a sangre y fuego; y finalmente, los grupos delincuenciales de los diferentes municipios los cuales tratan de sobrevivir ante el crecimiento de la competencia armada por las rentas criminales urbanas.
El reto es mayúsculo, en especial cuando no se encuentra eco en el Gobierno Nacional; no obstante, es absolutamente relevante expresar que el plan que propone la Gobernación de Antioquia para ejecutar este histórico presupuesto no es coherente, tampoco integral, ni mucho menos extraordinario como lo plantea el gobierno departamental. Es decir, luego de revisar a fondo los documentos entregados a la asamblea departamental, lo que se concluye de la evidencia presentada, la justificación y el plan de inversiones es que lo que se busca es tener un presupuesto inédito para ejecutar en tres años varios proyectos centrados en el control del delito (no incluye a la Fiscalía ni un plan estructural de prevención de violencias, por ejemplo) que de otra manera se demorarían, por lo menos, una década aún con el apoyo del Gobierno Nacional. Es casi una aceptación de que la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia no tiene la menor idea de cómo atender el problema actual con sus recursos y cree que con más dinero todo va a quedar solucionado.
De acuerdo con lo anterior surgen algunas preguntas dentro de muchas otras ¿acaso más recursos solventan la actual falta de pie de fuerza de las Fuerzas Militares? ¿Cómo se espera crear una fuerza rural con Policía y Ejército cuando el Gobernador afirma no tener relación con el Gobierno Nacional? ¿De qué manera esperan agilizar una cárcel departamental si en últimas las autorizaciones las da el Ministerio de Justicia y del Derecho? ¿No existe otra alternativa salvo gravar a los antioqueños con más impuestos?
Es por ello por lo que gremios como FENALCO Antioquia y la ANDI han hecho un llamado urgente al Gobernador Rendón pues, sostienen, “la introducción de un nuevo tributo agravaría la situación de las empresas y comercios de la región”. Llamado que replicó el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez: “no puedo estar de acuerdo en que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía (…)”, el cual fue reiterado por la bancada de Creemos en la Asamblea, que anticipó voto negativo a la iniciativa, proponiendo, además, cinco fuentes adicionales para financiar los proyectos.
A pesar de los llamados de la sociedad, el Gobernador afirmó el lunes 25 de noviembre que esta propuesta se mantendrá, lo que en últimas producirá un daño enorme a su imagen, legitimidad y deteriorará la estabilidad regional (absolutamente necesaria frente a las próximas elecciones) entre el gobierno, la sociedad y los gremios económicos; todo por su impaciencia de obtener cientos de miles de millones para construir una infraestructura insuficiente que no resolverá el problema del crimen organizado, las rentas ilegales y las violencias espontánea, sexual e intrafamiliar.