Certidumbres e inquietudes
Por:José Gregorio Hernández Galindo
Con el pretexto de la libertad -mal entendida-, del progresismo y de la modernidad, algunos quisieran que la sociedad aceptara todo tipo de prácticas y formas de comportamiento.
-En un Estado de Derecho, como se supone que es el colombiano, es inaceptable que se desconozca la independencia de la Rama Judicial. Desde el punto de vista académico y estrictamente jurídico, quien esto escribe ha discrepado varias veces de sentencias proferidas por los altos tribunales, pero las providencias judiciales deben ser respetadas, así como los jueces y tribunales que las profieren, sin perjuicio del ejercicio de los recursos que caben contra ellas, que es un derecho de rango constitucional. Puede alguien estimar desacertado o equivocado un fallo -lo cual no se puede descartar, porque los jueces también se equivocan-, pero es inadmisible que otras ramas del poder público ataquen o descalifiquen a jueces y magistrados, o los ubiquen como si fueran organizaciones o núcleos partidistas. Si de prevaricato se tratara, tendría que ser demostrado ante los tribunales competentes.
-Es inaceptable que, por causa y al amparo de la actual polarización política, los congresistas dejen de ejercer sus funciones, negándose a los debates que la Constitución contempla, dilatando las sesiones mediante proposiciones sin fundamento, o acudiendo a la artimaña de desbaratar el quórum u obstruyendo, mediante procedimientos indebidos, la función legislativa.
-Es inaceptable la politización de los medios de comunicación que hacen uso de las frecuencias que integran el espectro electromagnético -que son del Estado-, suministrando al público noticias falsas o tergiversadas. Según el artículo 20 de la Constitución, la información que difunden los medios de comunicación debe ser veraz e imparcial. Las noticias falsas o engañosas deben ser rectificadas, “en condiciones de equidad”. Agrega que los medios tienen responsabilidad social.
-Es inaceptable que miembros del Congreso irrespeten a las madres y familias de las víctimas de los mal llamados “falsos positivos”, que avergüenzan a Colombia ante el mundo, puesto que no fueron otra cosa que crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales siguen impunes. Revictimizar a esas madres y familias es indigno.
Ahora bien, lo que se debe discutir no es el número de personas cobardemente asesinadas. No ha debido ocurrir ni en un solo caso. La JEP ha encontrado que fueron miles de víctimas.
-Es inaceptable que -como ocurrió en Cali en la final de la Copa Colombia, y ha pasado en otras ciudades- los partidos de fútbol se conviertan en motivo de violencia, porte de armas, desmanes, ataques a los asistentes y a las autoridades de policía, daño a las instalaciones deportivas y a bienes públicos y privados, ofensas e insultos. Lo que hicieron unos violentos desadaptados en el estadio Pascual Guerrero, diciéndose hinchas del América, perjudican gravemente al equipo, a la ciudad y al fútbol. Es necesario investigar y sancionar. Y que los equipos adelanten campañas internas orientadas a identificar a quienes lideran y ejecutan semejantes actos, para impedir su acceso a los estadios.
-Es inaceptable que las ramas del poder público no sean capaces de dialogar, con miras a lograr los fines sociales del Estado.
-Es inaceptable que se premie o promueva el asedio sexual a menores.