Reza la mitología griega que Pandora recibió una caja con instrucciones precisas de no abrirla, pero no, la destapó y escaparon de su todos los males del mundo, al darsecuenta, intentó cerrarla de nuevo; en el fondo solo quedaba la esperanza; eso más o menos se cuenta de la llamada Caja de Pandora, recurso que se usa en situaciones como la desatada por la Corte Constitucional que tumbó la potestad que tenían los gobernadores para imponer restricciones a la comercialización de aguardientes y otros licores destilados provenientes de otras regiones dentro de su territorio.
Su decisión es acertada obliga al Congreso de la República a entrar a reglamentar la producción, comercialización y distribución de licores en Colombia, que dicho sea de paso, es de las normas más obsoletas en el mundo y data de hace un par de siglos, las llamadas rentas departamentales.
El dinámico mercado de licores debe mejorar su funcionamiento y modernizarse de cara a los tratados de libre comercio y a las competencias de las fábricas de licores departamentales. Primero hay que unificar los impuestos que pagan los licores con base en el nivel de alcohol, para reducir las “alcaldías” de cada gobernante en materia de tributos. El Congreso de la República siempre ha vivido de espaldas al problema, pues los representantes y senadores, aliados de los gobernadores, no dejan que todo se modernice y que sean los consumidores los que paguen altos precios.
El argumento es el mismo desde hace siglos: “los departamentos pierden”, en alusión a que la educación y la salud se quedan sin plata, si el mercado se organiza. Colombia es el único país de la región, y quizá del mundo, en donde una botella de whisky paga el mismo impuesto que una de aguardiente. En los años 90, en el país operaban una veintena de licoreras departamentales, de las cuales funcionan con normalidad solo cuatro o cinco, y la Fábrica de Licores de Antioquia, es la única que produce ganancias, las demás son ruinosas. El drama aumentará luego de que la Corte Constitucional le diera vía libre a que el Amarillo, un aguardiente de la Fábrica de Licores de Caldas, pueda venderse en todos los rincones de Colombia sin restricciones, jurisdicción que abrirá una autentica Caja de Pandora en cuyo fondo reposa la esperanza en que los departamentos se vuelvan eficientes en el recaudo, en la producción y en encontrar nuevas maneras de financiarse, mucho más ahora que se habla de autonomías fiscales.
Los licores de las licoreras nacionales son menos de 3% de los ingresos de los departamentos y poco participan en el PIB total. Con la decisión de la Corte, los más perjudicados son el contrabando y la adulteración que habían ganado espacio por la obsoleta normatividad de las licoreras. El contrabando de licores y el inherente lavado de activos en el sector puede sumar $1,5 billones anuales, uno de losproblemas más graves que tiene el país, pues no solo es dinero que deja de pagar impuestos, sino una fuente millonaria destinada a la delincuencia. La Corte, en hora buena, puso el dedo en la llaga, obligó al sector de licores a reordenarse y presiona al Congreso y al Ministerio de Hacienda para hacer un nuevo borrador de los impuestos departamentales. Los únicos ganadores reales de esta decisión es que los consumidores puedan acceder al producto que quiera, así sea licor, sin restricciones.