Es muy importante subrayar que, por muy buenas intenciones que tenga el presidente electo Gustavo Petro, en cuanto al cumplimiento de sus promesas de campaña, no le podemos exigir que todo quede hecho y terminado el 7 de agosto, cuando tome posesión del cargo. Entre otras razones porque la mayoría de sus propósitos deben concretarse en la expedición de nuevas leyes -que debe expedir el Congreso- o en reformas constitucionales, cuyo trámite exige preparación, análisis y discusión a fondo y ante el país, con criterio democrático.
Lo decimos porque no han faltado las voces de quienes le endilgan responsabilidad -antes de posesionarse- por la subida del dólar, sin tener en cuenta factores internacionales determinantes -que nada tienen que ver con su triunfo electoral, ni con sus propuestas- como el muy difícil momento que vive la economía mundial, o los demoledores efectos que ha producido la guerra en Ucrania.
Igualmente, algunos sectores políticos han entrado a criticar -sin mayor fundamento, y sin conocer la configuración integral de las iniciativas- las propuestas formuladas en declaraciones públicas -en medios y redes- por las personas designadas para los ministerios y otros cargos.
Pero, además, hay quienes, habiendo votado a favor del Pacto Histórico, creen que el nuevo presidente tiene en sus manos, como por magia, la inmediata solución de todos los problemas y la realización de todas sus propuestas, de modo que se sentirán defraudados si en los primeros días no hay unos resultados acordes con sus deseos.
Frente a todo ello, es importante subrayar que el presidente y su equipo sí deben comenzar a actuar desde el primer día, a sabiendas de que no todo estará en sus manos, ni dentro de sus competencias constitucionales, pues muchas serán las decisiones que deba adoptar el Congreso, y otras estarán sujetas al control de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Y, por supuesto, el Gobierno se encontrará con el control político que la propia Constitución señala y que la oposición promete.
Hay que decir, desde luego, con sentido democrático, que, en Colombia, además de las responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de los servidores públicos, resulta indispensable que se restaure y ponga en vigor el concepto de responsabilidad política, completamente perdido durante la actual administración, y que se recuperen los frenos y contrapesos -esenciales a la democracia- y el control político, toda vez que se han desdibujado durante los últimos gobiernos, gracias a la denominada “mermelada”, que ojalá el próximo gobierno arroje a la caneca de los desperdicios dañinos.
El Ejecutivo debe convocar a todas las fuerzas políticas con el objeto de lograr, por encima de las diferencias políticas, el consenso con miras a la configuración de un legítimo Estado Social de Derecho, así como para lograr la aplicación fiel y leal del ordenamiento jurídico, la lucha contra todas las formas de corrupción y contra la violencia, venga de donde venga. Y, por supuesto, es necesario velar por la operación oportuna y estricta de la justicia, a la que se deben brindar todos los instrumentos institucionales y el pleno apoyo presupuestal. En esas materias no se debe improvisar. Están comprometidos el actual interés colectivo y el futuro de las nuevas generaciones.