Por: ifmnoticias.com
La designada ministra de Agricultura para el gobierno entrante de Gustavo Petro, Cecilia López Montaño, ha dado sus primeras declaraciones y ha comenzado a dejar claras las intenciones del nuevo gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. Una de las polémicas propuestas que presentó Petro durante su campaña fue la de una reforma agraria integral, con una actualización del catastro multipropósito, lo que hacía creer que el objetivo parecía ser la expropiación de tierras.
Por desgracia, la realidad no está muy lejos de ese objetivo que los seguidores petristas calificaron como «calumnias de la oposición» y que el mismo Gustavo Petro negó categóricamente. Ahora resulta que el nuevo gobierno buscará que las tierras, que actualmente tienen propietarios, sean productivas o entregadas al Estado para distribuirlas entre campesinos y ex combatientes de grupos armados ilegales, entre otros.- Advertisement –
Pero, ¿en qué radica el problema de esta iniciativa? Cecilia López Montaño ha dejado claro que la propuesta agraria que se espera presentar, no tocará los terrenos baldíos. Esto es, que la iniciativa va enfocada a todas las tierras que tiene propietarios, es decir, que afectará directamente y sin matices la propiedad privada rural. En términos claros, esto sería comunismo puro y duro.
Según la nueva ministra de Agricultura, el objetivo es que todas las tierras de Colombia sean productivas, pero únicamente desde el punto de vista agropecuario, es decir que tengan una vocación exclusiva de siembra o de cría de animales de granja que aporten a la despensa de las familias colombianas. Por otro lado, esa producción deberá estar dirigida hacia las necesidades del mercado interno, es decir que si el propietario de la tierra tiene cuatro vacas, pero el gobierno considera que esa tierra se puede utilizar para sembrar maíz, la producción se debe enfocar en aquello que determine el Estado.
En caso de que los dueños de las tierras no quieran «seguir las recomendaciones» dadas, tendrán dos opciones: pagar impuestos muy elevados o entregarlas al Estado, lo que en términos reales es la limitación de las libertades de los propietarios de las tierras y atropello al principio de poder disponer de la propiedad privada como el dueño lo estime conveniente, lo que se traduce en una expropiación forzada.
Aún no hay claridad de cómo sería esa entrega al Estado de las tierras «improductivas», y en caso de que sean pagadas por el gobierno, ¿de dónde saldrían los recursos? y ¿cómo se haría el avalúo de las tierras? En cuanto a quiénes se verían beneficiados con esos terrenos, también hay una serie de inquietudes. ¿Cómo se seleccionarían los beneficiarios? ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Habría algún incentivo para promover la producción en las tierras?
Con esta propuesta se desconocen las libertades individuales y el derecho sobre la propiedad privada que existe en Colombia y que permite que los propietarios de tierras dispongan sobre su uso de manera autónoma. Las tierras en el país pueden incluso ser utilizadas con fines turísticos, «para engorde» como se denomina popularmente, que implica la compra de un terreno a buen precio y se deja quieto esperando que aumente su valor y pueda ser vendido a mejor precio o como espacios de vivienda tipo finca, pero sin fines productivos, más allá del autoabastecimiento.
¿Qué sucedería con estos tres últimos objetos de destinación de las tierras con la reforma agraria? ¿Los propietarios se verían abocados a pagar costosos impuestos solo por no darle el uso exigido por el gobierno?
Aún hay muchas dudas en lo que se refiere a la modificación de uso y destinación de las tierras en Colombia con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y que puede conllevar a la aplicación del más rancio e inútil comunismo.