Este lunes, 26 de febrero, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció que debió declarar la emergencia ambiental por la situación delicada por la que atraviesa la ciudad con el tema de las basuras y del relleno La Pradera.
El mandatario aseguró que la administración de Daniel Quintero Calle “dejaron un desastre absoluto”.
Así mismo, reveló que el gobierno de Quintero no priorizó la inversión que se necesitaba y lo que hizo fue firmar un contrato de cargue lateral por 251.000 millones de pesos con “empresarios cuestionados”.
“Tuvimos que declarar la emergencia ambiental. Estamos en una situación delicada. Nos dejaron un desastre absoluto. Desde julio de 2022 Emvarias tenía la licencia ambiental para adecuar y construir el vaso La Piñuela, no lo hizo y dejó en vilo la disposición diaria de 3.500 toneladas de residuos sólidos de 41 municipios”, escribió Gutiérrez a través de su cuenta de X.
Además, dijo que “Hoy, por esa irresponsabilidad en el manejo de lo público, estamos cerca de una crisis sanitaria sin precedentes. No priorizaron la inversión, pero sí un contrato de cargue lateral por $251.000 millones con unos empresarios cuestionados”.
El alcalde aseguró que “convocamos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a los alcaldes de los 41 municipios para solucionar esta situación. Adaptaremos el vaso, esperamos tenerlo listo en enero del próximo año”.
Por otro lado, este martes, 27 de febrero, el alcalde tendrá una Junta Extraordinaria de EPM y presentará la propuesta de capitalización de EPM a Emvarias aproximadamente por 351.000 millones de pesos, para que Emvarias realice una inversión cercana a los 700.000 millones.
La emergencia educativa
Cabe recordar que otro de los ‘incendios’ que el alcalde de Medellín ha tenido que apagar desde que inició su mandato en enero, fue cuando tuvo que declarar la urgencia manifiesta por el alarmante estado de las escuelas y colegios.
La administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aumentó en 27 veces el valor de las vigencias futuras, destinadas para evitar lo que pasó, es decir para supuestamente mantener en pie y en buen estado las instituciones educativas donde se forman casi 300.000 estudiantes.
La designación de esos recursos entre 2020 y 2023, da cuenta que la situación es más grave de lo que se piensa. En 2020, la destinación de recursos económicos para infraestructura educativa fue de $6.600 millones, pero en 2021 ese monto aumentó a $18.058 millones, variación que corresponde a un 174%.
En 2022, los recursos aumentaron a $23.989 millones y en 2023 pasaron a $187.484 millones.
Pero ¿qué pasó con la plata? ¿Qué pasó con los colegios que debían ser entregados en la vigencia 2023?
Es lo que está tratando de identificar la actual administración distrital, la del alcalde Federico Gutiérrez, que hasta ahora denunció que cuando se aprobaron las vigencias futuras en agosto de 2022, la Secretaría de Educación y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) firmaron un contrato para intervenir 398 colegios, de los cuales debían entregar cinco con mejoras parciales y constructivas y 186 más con mantenimientos generales.