Por: El Heraldo
Los grupos armados ilegales, muchos de ellos hoy en procesos de negociación o diálogos con el Gobierno nacional en el marco de la denominada paz total, con una mano ofrecen ceses del fuego, pero con la otra siguen atacando a la fuerza pública, hostigando a la población civil, y ahora, en medio de un proceso electoral, imponiendo su ley para evitar que triunfe la democracia participativa con libertad y tranquilidad.
A 56 días de que se cumplan las elecciones regionales 2023 las alarmas por la situación de orden público y el riesgo electoral no ceden en el territorio nacional. Todo lo contrario. Aumentan.
Tanto que la Defensoría del Pueblo se vio obligada a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los servidores públicos en ejercicio así como de los candidatos que participan del debate democrático en las urnas que se realizará el próximo 29 de octubre.
La solicitud del organismo del Ministerio Público es de “carácter extremo, urgente y prioritario”, teniendo en cuenta que –de acuerdo con la información de la Defensoría– 35 servidores públicos y 42 candidatos han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.
No se trata de un déjà vu. Lastimosamente no, es una realidad que el país ya experimentó y que nos retrotrae a marcadas épocas de conflicto, del que creíamos haber salido, al menos en buena medida, tras las entregas de armas de los paramilitares y el acuerdo de paz con las Farc.
Los grupos armados ilegales, muchos de ellos hoy en procesos de negociación o diálogos con el Gobierno nacional en el marco de la denominada paz total, con una mano ofrecen ceses del fuego, pero con la otra siguen atacando a la fuerza pública, hostigando a la población civil, y ahora, en medio de un proceso electoral, imponiendo su ley para evitar que triunfe la democracia participativa con libertad y tranquilidad.
Increíblemente, en un país que se precia de ser una de las democracias más estables y fuertes de Latinoamérica, hoy hay tres gobernadores cumpliendo su labor bajo amenazas: Tolima, Guaviare y Meta. Mientras que 26 alcaldes también están amenazados, 15 de ellos dirigiendo los destinos de sus municipios sin poder pisarlos y a control remoto.
En esta lista de mandatarios municipales amedrentados están siete del departamento de Bolívar. Es el ente territorial de la Costa con más municipios en riesgo extremo – nueve, y tres en Cesar– de acuerdo con la clasificación de la Defensoría del Pueblo que ha llamado la atención seriamente sobre el riesgo electoral que se cierne sobre las regionales próximas a celebrarse.
Son 113 los municipios colombianos en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. En esta categoría, en lo que compete a la región Caribe, hay 27 municipios en el Magdalena, 18 en Córdoba, 18 en Atlántico y 16 en Sucre.
El Gobierno nacional, concretamente el presidente Gustavo Petro, minimizó la advertencia hecha en su momento por el organismo defensor de derechos humanos: “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos”.
Aun cuando solo fueran 17, como lo dijo el Gobierno, y no más de 300 como lo advierte la Defensoría, no debería estar vedado ningún territorio para que los ciudadanos puedan cumplir con su derecho de elegir y ser elegido.
La paz es un bien y un propósito supremo, pero el precio para conseguirla no puede ser tan alto como para obviar la arremetida de los violentos contra los civiles y atacando a la fuerza pública que tiene el deber constitucional de garantizarnos a todos los colombianos el libre derecho al sufragio y a ser actores políticos, bien sea como candidatos o como electores.
Las elecciones regionales 2023 son cruciales y de una importancia tal para ratificar la fortaleza democrática del país y de sus instituciones, por ello es imprescindible que todos los poderes del Estado se articulen y en comunión pongan toda su capacidad y empeño para sacar adelante los comicios y la campaña previa de estos 56 días que restan para que los departamentos y municipios colombianos decidan su futuro político y administrativo en cabeza de quienes resulten elegidos para regir sus destinos a nivel local.