“El problema no está únicamente constituido por el conflicto que generan las drogas de origen nacional, sino que se ha complicado con el influjo y los enfrentamientos de poderosas organizaciones criminales de carácter transnacional que se pelean por su supremacía en los territorios”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia acaba de presentar su informe anual (Agencia EFE febrero 28 de 2024), donde hace un escalofriante informe sobre la difícil crisis delincuencial que cubre casi todas las esferas de nuestra sociedad y que afecta de mera sustantiva poblaciones tan determinantes, como son los indígenas, los afro, los niñ@s y los jóvenes que -a no dudarlo- son la esperanza de una Nación, que como la nuestra, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y sociales, no ha sido posible salvaguardarlas de las garras de la delincuencia y de los degradantes influjos de las temibles violencias que -con crueldad- azotan a nuestro país desde lugares y poderes recónditos. Dice el informe que no obstante los grandes esfuerzos y las bienintencionadas estrategias que se han venido implementando por el actual gobierno: “La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población”.
No cabe la más mínima duda que con la grave crisis de inseguridad y violencia que viene azotando al país en los últimos tiempos, han empezado a reaparecer flagelos delincuenciales que estaban a punto de desaparecer o extinguirse de la faz de nuestros territorios. Así se ha registrado por varios expertos y estudiosos de los fenómenos antisociales. El propio Senado de la Republica, en noticiero institucional que se publica periódicamente, hace algunos meses reportó con detalle la grave crisis humanitaria que se ha venido generando en el país a causa de los surgimientos de nuevos grupos paramilitares que están sembrando terror y zozobra en muchos escenarios de la geografía nacional, donde han estado apareciendo bandos armados ilegales de toda índole, muchos de ellos dedicados a la promoción del narco y microtráfico de sustancias alucinógenas de todo tipo y procedencia. Ya no simplemente se aplican a la distribución de los producidos en nuestro país, como la marihuana y la coca, drogas que por su características, y aunque ilegales y también dañinas para la salud (por su alta toxicidad), son de origen natural, sino que además se ha registrado por las autoridades encargadas de atender este creciente delito que están entrando e invadiendo al país grandes y peligrosas cantidades de contrabando de drogas sintéticas que –según Marcel Gratacós, graduado en Psicología (Barcelona) y Máster en Psicopatología Clínica, “hacen referencia a un conjunto muy amplio de sustancias psicoestimulantes que son fabricadas a través de procesos químicos. A diferencia de los otros tipos de sustancias psicoactivas, estas drogas no se obtienen de un producto natural, sino que son sintetizadas a partir de cambios moleculares realizados en laboratorios.” Ello indica que ahora el problema no está únicamente constituido por el conflicto que generan las drogas de origen nacional, sino que se ha complicado con la incursión de poderosas organizaciones criminales de carácter transnacional que se pelean por su supremacía en los territorios, dejando de paso no sólo el ingrato legado de la drogadicción y la adicción a toda esta multiplicidad de estupefacientes que ya existen en el ilegal mercado de las sustancias prohibidas que se comercian en el país, sino que también se agranda la crisis social y/o humanitaria generada por las múltiples violencias que de dicho negocio se derivan, dejando a su paso orfandad, muerte, la desolación y el caos que se generan como consecuencia de tan nefastos y tenebrosos negocios.
Es infortunado, pero es una realidad, el Estado ha venido perdiendo la cruenta e ineficaz guerra que se ha librado contra este tipo de organizaciones que avanzan en sus empeños criminales a pasos agigantados, sin que nada -ni nadie- pueda ponerles efectivo freno a sus horribles actos de barbarie y criminalidad.
Antes, cuando se hablaba de paramilitarismo, las bacrim o de grupos armados de carácter ilegal, uno podría suponer que su accionar delictual trascurría en los sitios más extremos y de difícil acceso en la geografía nacional; se tenía la creencia que ello solo acontecía en las zonas rurales, en la periferia urbana; por allá en los más lejanos y recónditos lugares de nuestra patria; ahora es un hecho que existen a lo largo y ancho de casi todos los territorios del país y, de manera especial, en las grandes ciudades, en las que se han dedicado con especial énfasis a promover la cultura del miedo, la intriga y el terror, para facilitar sus malvadas intenciones e insanos propósitos. Estudios de eruditos y serios investigadores de nuestra problemática social han demostrado que hoy este tipo de delincuencias están a la vuelta del camino o del barrio, transformados en bandas que cuidan y surten las “casas de vicio” vinculando en sus quehaceres a jóvenes y niños, que son por infortunio sus mayores objetivos para facilitar sus perversas prácticas.
Consultando algunos estudios respecto de este espinoso fenómeno, conocí el trabajo “Casas de Vicio: Motores de Delincuencia”, invaluable aporte que para la comprensión de esta dramática problemática hiciera –en sus épocas de catedrático e investigador de asuntos sociales, el ex gobernador antioqueño Luis Pérez Gutiérrez, quien aludiendo a este difícil asunto hace, entre otras importantes aseveraciones: “Las “Ollas” o casas de vicio son los “banqueros ilegales” que financian la violencia urbana. El microtráfico se ha apoderado de las ciudades y de la mano del microtráfico engordan los bandidos urbanos”. Y, refiriéndose al impacto negativo que estas agrupaciones generan frente al Estado, la sociedad y su institucionalidad, concluye que la reconciliación empieza por la paz en las ciudades, en sus conglomerados sociales, en cada uno de los territorios: “Si no hay paz en las ciudades no habrá paz en el país”.
Con toda razón y pleno conocimiento sobre estas temáticas tan lesivas del bienestar integral de la comunidad y las instituciones de nuestro país, el visionario dirigente Pérez Gutiérrez, quien también fuera un exitoso alcalde deMedellín, concluye que “las ciudades se están convirtiendo en escenarios de miedo donde la ciudadanía siente que los ilegales están derrotando la institucionalidad. Y detrás de esa delincuencia hay una economía ilegal robusta. Si las autoridades no conocen la economía de los ilegales, jamás los van a derrotar”.
Ello, a todas luces, hace que el desconcierto, la inseguridad, la violencia y la corrupción, entre otros factores que afectan la paz, sigan creciendo de manera exponencial, generando la increíble y horrenda crisis social y humanitaria que hoy se registra a lo largo y ancho de todo nuestro país.
¡Dios proteja a Colombia!
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normas Penales. Magíster en Gobierno.