El abogado está apunto de afrontar un juicio por presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe. La abogada de Cadena señaló que ya pasaron 381 días detenido preventivamente desde que se radicó la acusación en su contra, tiempo que sobrepasa lo fijado por la ley. En junio pasado, un juez negó su libertad argumentando que parte de ese tiempo los gastó la misma defensa de Cadena.
Alvaro Uribe y el abogado Diego Cadena son investigados por los delitos de fraude procesal y soborno.
Ante el juzgado 36 de control de garantías, la defensa del abogado Diego Cadena solicitó la libertad mientras espera que se inicia el juicio en su contra. El antiguo defensor del expresidente Uribe está en prisión domiciliaria desde el 6 de agosto de 2020 ya que tendrá que rendir cuentas ante un juez si intentó torcer testigos o no, en procesos por paramilitarismo, a favor de Álvaro Uribe Vélez. Laura Kamila Toro, abogada de Cadena señaló que han pasado 381 días desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación.
En junio pasado el juzgado 22 de control de garantías de Bogotá ya había negado su libertad argumentando que la defensa de Cadena se ha demorado en constatar la información recopilada en el marco del expediente y esto ha llevado que las audiencias preparatorias de juicio no se adelanten. Un hecho que la abogada Toro negó hoy señalando que fue el ente investigador el que se demoró en entregar el material probatorio citado en el escrito de acusación.
“Lo único que ha pedido esta defensa es que se haga esa entrega de este material en debida forma, de tal manera que se pueda hacer una contradicción de los elementos (…)”, apuntó la abogada durante la audiencia. Además, señaló que las audiencias preparatorias fueron suspendidas por distintos motivos y que no se presentó por parte de la defensa ninguna maniobra dilatoria. “Se hizo una defensa activa, se solicitó información que faltaba y que fueron y están siendo solicitadas en las audiencias preparatorias de juicio”.
Aunque en junio pasado la Procuraduría se opuso a la libertad de Cadena, argumentando que sí hubo retrasos por parte de la defensa, ahora señaló que efectivamente sí pasaron 381 días, sobrepasando los 240 días establecidos por la ley para que el procesado quede en libertad si es no se ha iniciado el juicio en su contra. El fiscal del caso, Daniel Hernández, por su parte señaló que no se ocultaron pruebas a la defensa y desde un principio de su intervención solicitó que se negara la libertad de Cadena.
En las cuentas de Hernández solo han transcurrido 141 días ya que para él si hubo solicitudes que generaron aplazamientos innecesarios en las audiencias preparatorias de juicio.”Hubo maniobras desleales”, señaló el fiscal del caso. La representante de víctimas, es decir del senador Iván Cepeda, se sumaron a la solicitud de Hernández de negar la libertad del abogado Cadena.Te puede interesar
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La acusación contra Cadena
El exabogado de Uribe está siendo investigado por las visitas que realizó a exparamilitares, al parecer, para persuadirlos de hablar en favor de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas. El pasado 27 de julio la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fraude procesal y soborno, y el juez ordenó su detención domiciliaria.
En este proceso también está vinculado Juan José Salazar, abogado y socio de Diego Cadena quien, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca. Salazar también está imputado con los mismos delitos.
El fiscal del caso Daniel Hernández, en su escrito de acusación, señala que en julio de 2017 Diego Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra purgando una condena en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca). El abogado llegó al penal cuando estaban finalizando los horarios de visitas, sin previo acuerdo, y le prometió al recluso asesoría jurídica y el pago de $200 millones de los cuales alcanzó a entregar $48 millones.
A cambio, le pidió a Vélez que cambiara su versión en contra de Álvaro Uribe y señalara que el senador Iván Cepeda era quien lo había abordado para declarar falsamente en la Corte. En ese momento, entró en juego el abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, a quien le habría correspondido tomar la vocería de este acuerdo manteniéndose contacto con Carlos Enrique Vélez y ejecutando lo pagos acordados.
El escrito de acusación también señala que hay 13pruebas documentales y 14 testimonios para demostrar que para la época de los hechos, entre julio de 2017 hasta agosto de 2018, Diego Cadena y Juan José Salazar tenían total capacidad de compresión de su actuar y por lo tanto capacidad de determinación.