La pandemia es una oportunidad para el gobierno de Iván Duque de desracializar la salud del país.
A escasos días del primer caso de la COVID-19 reportado en la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, al noroeste de Colombia, se detectaron cinco personas contagiadas entre el personal de salud del hospital San Francisco de Asís. Esto llevó al cierre del principal centro de atención del departamento. El hospital presta servicios a más de 530.000 personas de 30 municipios, pero solo cuenta con 137 camas y no tiene unidad de cuidados intensivos.
La llegada del coronavirus solo hizo más evidente la crisis administrativa, médica y sanitaria que hace años agobia al hospital. Miles de chocoanos no podrán ser atendidos si contraen la COVID-19. La mayoría de ellos son personas afrocolombianas de alta vulnerabilidad frente a la pobreza y la violencia, con múltiples necesidades básicas insatisfechas.
En otros municipios, donde la población afrocolombiana también se encuentra particularmente concentrada, la situación es similar: el precario acceso a la salud acentúa las brechas de melanina que continúan racializando la provisión de salud. En estos lugares, las instituciones están más empobrecidas y los cuerpos de la gente negra están más enfermos que en el resto del país. Sin lugar a duda, la crisis de la COVID-19 solo puede profundizar la desigualdad racial.
Esta situación no es nueva. En Colombia, las líneas divisorias de la exclusión en salud han seguido históricamente muy de cerca las líneas divisorias de la exclusión racial. Si la COVID-19 tiene el poder de profundizar aún más la desigualdad racial es solo porque el gobierno colombiano le ha negado de modo sistemático a la población afrocolombiana el derecho a una salud no racializada.
Un análisis de los 113 municipios que tienen más del 20 por ciento de población afrocolombiana revela las profundas desigualdades raciales y la vulnerabilidad frente a los efectos racializados de la enfermedad.
Ningún municipio del país está preparado para combatir la pandemia. Los municipios afrocolombianos, sin embargo, están particularmente desprovistos de recursos. De hecho, 106 de los 113 municipios afrocolombianos no cuentan con unidades de cuidados intensivos.
La situación es todavía más crítica en las zonas rurales donde las comunidades negras se encuentran a horas en automóvil o a días en lancha de la cabecera municipal. Muchas de ellas solo tienen un puesto de salud que es insuficiente para proveer una atención especializada.
Históricamente, los habitantes de estos territorios han tenido que acostumbrarse a pedir (cuando no a rogar) traslados a hospitales de ciudades como Cali o Medellín para recibir un tratamiento adecuado y oportuno. ¿Qué pasará cuando el sistema de salud de estas ciudades colapse y no se pueda trasladar a nuevos pacientes?
No podemos tampoco olvidar que los habitantes de los municipios afrocolombianos tienen una mayor probabilidad de morir de la enfermedad. La hipertensión, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que aumentan la letalidad de la COVID-19 y, según la encuesta nacional de salud de 2007, la incidencia de estos factores es alta en los habitantes de la región del Pacífico.
La desigualdad racial es observable en los cuerpos de la gente negra. Su vulnerabilidad frente a la COVID-19 es la expresión de una dinámica de exclusión persistente. De hecho, no es casualidad que los territorios de los municipios afrocolombianos de hoy sean los mismos que en 1843 albergaban al 42 por ciento de la población esclavizada.
Este es el momento de desracializar el sistema de salud creando un enfoque territorialmente diferencial que permita cerrar las brechas de la desigualdad racial. Los recursos existen. El actual Plan Nacional de Desarrollo aprobó 19 billones de pesos para las las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras cuya ejecusión se desconoce. ¿Habrá voluntad política para destinar lo que haga falta para invertir este dinero en mejorar la provisión de salud y las condiciones de vida de los afrocolombianos yun sistema de salud que los atienda? O, en otras palabras de lo contrario, ¿vamos a permitir que los pobres y los muertos de esta enfermedad sean desproporcionalmente negros?
La agenda mínima a seguir es bien conocida. En la zona urbana de los municipios afrocolombianos se necesitan hospitales de segundo y tercer nivel. En la zona rural, es necesaria la creación de un sistema de vigilancia epidemiológico comunitario étnico que fortalezca la medicina tradicional y las prácticas de salud propias, tal como lo ha solicitado la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales.
Medidas iguales para territorios desiguales solo contribuirán a profundizar la desigualdad. De no entender esto, el gobierno de Iván Duque estaría reproduciendo las condiciones para que los colombianos con un poco más de melanina sean desigualmente afectados y, por tanto, aún más por esta enfermedad.