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El pliego de cargos de la Procuraduría fue firmado por la delegada Sonia Téllez.
La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por la presunta publicación tardía a la hora de presentar la declaración de renta.
El llamado a juicio disciplinario tiene que ver con una queja que el abogado Abelardo de la Espriella puso el 25 de noviembre de 2021 contra el exmandatario, en la que alegaba un supuesto incumplimiento de sus obligaciones, exactamente de la Ley 190 de 1995 y la Ley 2013 de 2019, atenientes a los deberes en la administración pública.
Un año después, en diciembre de 2022, el ente de control abrió una investigación formal porque encontró elementos sospechosos de que Quintero habría publicado extemporáneamente la declaración de renta del año 2019, ni tampoco habría publicado su registro de eventuales conflicto de intereses en 2020.
Ahora, con Sonia Téllez como la procuradora delegada para el caso, se decide llamar al político antioqueño -cercano al Gobierno Nacional- a juicio disciplinario para que termine de exponer argumentos de su defensa que ya le ha puesto de presente a la entidad.
“En criterio de esta procuraduría delegada, según las razones que se explicarán a continuación, se encuentran satisfechos los presupuestos para formular pliego de cargos en la investigación disciplinaria de la referencia, por la mora en la publicación de la declaración de renta y complementarios para el año gravable 2019 y la actualización de la declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de intereses para el año 2020″, dice el pliego de cargos.
La decisión generó una respuesta del exalcalde, quien en su cuenta de X dijo este martes que pedirá protección a la CIDH “por los intentos de la Procuraduría de sacarme de la elección presidencial. Cada año publico mi declaración de renta en redes sociales, incluso ahora que no soy alcalde”.
La defensa de Daniel Quintero
En 2023, precisamente el abogado de Quintero “admitió que el disciplinable había realizado en forma extemporánea la actualización de sus declaraciones de bienes y rentas, el registro de conflicto de interés y de la declaración de renta y complementarios”, aunque pidió que se le archivara el caso.
La razón del apoderado es que cuando se le abrió el proceso a su cliente, ya se había publicado las declaraciones de renta aludidas, por lo que “la mora no tuvo repercusiones en el ejercicio de sus funciones ni causó daño a la función pública”. De hecho, soportó ese argumento con un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Lo primero que hizo la Procuraduría fue documentar si ya habían prescrito los hechos a investigar, encontrando que los términos vencen a finales de 2026. Después pasó a verificar los plazos que tenía Quintero para sus declaraciones, advirtiendo que en la de 2019, tenía plazo hasta el 9 de octubre de 2020.
Aunque a renglón seguido se añadió que él “debió actualizar el registro de sus declaraciones de bienes y rentas y el registro de conflicto de interés, entre el 1 de junio y 31 de julio de cada año, por tratarse de un servidor público del orden territorial, es decir, para el año objeto de la investigación disciplinaria”.
Tras el análisis, la delegada concluyó que Quintero habría vulnerado los principios de transparencia, participación y publicidad porque no subió a tiempo esos documentos. En síntesis, lo que hay en el expediente es que “omitió su deber legal y funcional de actualizar en el SIGEP su declaración de renta y complementarios”.
Eso, además, impidió que la ciudadanía conociera a tiempo el patrimonio del entonces funcionario, al que se puede acceder para ver sus activos, pasivos, relaciones comerciales, sociales y familiares.
Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com