“Somos en ciertas materias una Nación aun arcaica y anquilosada, anclada en las antiguas instituciones sociales, políticas, económicas y religiosas del colonialismo clásico, en las que lo más importante es el sostenimiento del Status Quo del viejo establecimiento”.
Autor. Héctor Jaime Guerra León*.
No obstante los esfuerzos que aparentemente se hacen, por lo menos eso es lo que se alega por parte de cada uno de los actores involucrados en la difícil situación de conflictos y confrontaciones a los que ha estado sometida nuestra nación-sociedad- desde muchas décadas atrás, crecen los enfrentamientos y escalan las maneras de hacerlo, incluso hasta llegar a la agresión, la calumnia y las múltiples violencias que se han originado en frente al ancestral conflicto político que hemos vivido. Conflicto social y político que no es solo en Colombia, sino en el mundo entero, es un asunto universal, solo que aquí ha adquirido dimensiones de naturaleza incomprensible e inagotable. Los colombianos ya tenemos prácticamente aceptado en nuestro inconsciente colectivo que –por duro u horrible que sea el delito, el escándalo de corrupción o la manifestación criminal y violenta- próximo estará en escena una expresión semejante, pero de magnitudes mucho más poderosas y de mayores repercusiones sociales, económicas, políticas, etc. Ya nada nos asombra, a un escándalo de corrupción, por alarmante que este sea, lo sucederá siempre otro de mayor tamaño y así sucesivamente, hasta que todos pierden su importancia en el morbo de una sociedad y un Estado que pareciera que ya no se impresionan por nada de estas cosas.
Esa creciente y extraña “tolerancia” (que en el fondo es intransigencia extrema a todo aquello que signifique o propenda por instaurar cambios sociales e institucionales serios y reales) ha dado al traste hasta con la existencia no solo de personas, sino de movimientos y/o grupos sociales y/o políticos, quienes han sido fustigados y hasta exterminados, por el solo hecho de compartir otros ideales, posiciones diferentes, formas de existir y considerar la vida y el futuro distintos a quienes, sin razones legítimas, han sido sus verdugos o antagonistas.
En Colombia, por ejemplo, extensos territorios han sido desolados y sus habitantes desplazados, muchos de ellos asesinados o condenados a vivir en el ostracismo (al interior de su propio país) y buen número de ellos condenados a tener que coadyuvar y practicar conductas delincuenciales, ante el riesgo de correr la misma suerte de quienes han tenido que huir o morir por no tener a donde ir o ante quien acudir, frente a tan serias y profusas amenazas. Muchos prefieren continuar y si es necesario sucumbir, en medio de la barbarie (disvalores sociales- incultura) y de la inmensa descomposición social y política que genera la implacable corrupción (maldad) que nos carcome de las más complejas y aberrantes maneras. Casi que por “tradición o cultura” hemos aprendido a estar y soportar una sociedad violenta y corrupta, en la que muchas de sus prácticas (hábitos o costumbres) son delincuenciales o, por lo menos, contrarios al deber ser, los cuales hemos asimilado también como si fuera algo normal y digno de seguir practicando de manera reiterada e indiscriminada, no importando, a simple vista, el daño que se hace a la moral pública, ni los graves efectos y verdaderas repercusiones sociales e institucionales, las que finalmente resultar ser realmente desastrosas.
No son cosas del pasado, ni de un gobierno o del otro, son terribles realidades que cada día adquieren mayores índices de expresión, una mayor connotación, ante la mirada sórdida de una dirigencia política, del Estado y de la sociedad que ya han demostrado su incapacidad y desinterés para intervenir las verdaderas causas del problema, teniendo que admitir que el mismo irremediablemente subsiste, sin poderlo atacar o confrontar con auténticas y eficaces alternativas de solución –algunas autorizadas voces alegan que sin quererlo contrarrestar- de una manera oportuna y eficaz. Con ello, lo único que se genera es más desconcierto e incredulidad ciudadana, más impunidad, pérdida de legitimidad institucional y, por lo tanto, mayores expresiones de corrupción, criminalidad, ante lo cual es inevitable que aumente la agobiante inequidad que ha invadido a nuestro sistema social y político.
Ya la delincuencia sabe que el aparato estatal, la institucionalidad pública y social, son ineficientes, otros alegan que incapaces, que sus fechorías difícilmente podrán ser descubiertas, judicializadas y castigadas. Ahí sí como decía mi madre, en una de esas conversaciones que sobre estos temas hacemos, “aquí el delito pulula por doquier y la verdad es que es muy poco lo que se ve hacer para evitarlo, la delincuencia y la corrupción hacen de las suyas, sin que nadie pueda detenerlas”.
Willian Ospina, reconocido escritor de nuestro país, sobre nuestra tradicional forma de ser y aludiendo a la grandeza, pero también a las inmensas dificultades que en esas materias padecemos desde épocas muy pretéritas, describe este inmenso drama colombiano en uno de sus muy reconocidos y profundos ensayos titulado Colombia en la Encrucijada, dijo: “Pero la movilidad de los conflictos sociales en Colombia es enorme y, podría decirse que en las últimas décadas no se ha visto una guerra sino una sucesión de conflictos, que van cambiando de cariz a medida que los grandes problemas se ahondan y que los poderes en pugna se fortalecen”. No es pues cosa del presente, paradójicamente nuestra patria siempre ha estado sometida a este tipo de violencias, resistiéndose al cambio cada vez que se ha intentado construir caminos de transformación, redención y de paz. Somos en ciertas materias una Nación aun arcaica y anquilosada, anclada en las antiguas instituciones sociales, políticas, económicas y religiosas del colonialismo clásico, en las que lo más importante es el sostenimiento del Status Quo, regido por viejas y conservadoras creencias, ante las cuales proponer el cambio y las transformaciones que necesita el país y exigen los nuevos tiempos, es anómalo, antisocial y hasta delincuencial.
Da también desazón y es muy desconcertante, el increíble grado de complicidad o, por lo menos de permisibilidad e indolencia, que al interior del Estado, de la sociedad y, de manera especial, de algunos de sus agentes e instituciones, dejando permear de corrupción e ilegalidad a importantes sectores sociales y estatales, a quienes el orden jurídico ha entregado el sagrado deber de garantizar derechos, prestar los servicios públicos esenciales a la comunidad y, en todo caso, actuar con objetividad e imparcialidad como debe ser en un verdadero Estado social y de derechos.
En el ideario del mismo escritor citado, inmenso compromiso tienen en estos asuntos los medios de comunicación, yo diría que también los dirigentes y las redes sociales, poseen sustantiva participación e influencia para que hablen verdaderamente en nombre de la comunidad y no defendiendo intereses particulares, como suele acontecer, NO ayudando a endurecer los conflictos, como hacen algunos, sino a buscar las soluciones que el país necesita. Medios que resalten lo que el país “merece en términos de bienestar, de seguridad, de educación, de salud, de dignidad, de orgullo en uno de los territorios más privilegiados del mundo, con su demografía moderada, su ubicación estratégica, sus recursos poderosos, la recursividad de sus gentes, sus reservas de agua y su carácter de potencia cultural”.
Colombia tendrá algún día que dejar de estar peleando entre nosotros mismos, para proceder a disfrutar –todos- en justicia y equidad, de las grandes potencialidades y riquezas -humanas y naturales- que tenemos en multiplicidad de aspectos y que nos hacen grandes como una de las naciones más ricas y biodiversas en el universo entero. Ello se podría lograr cuando todos seamos menos rencorosos, más altruistas y decentes como menos egoístas.
En nuestra patria es fundamentalmente el egoísmo y la falta de decencia, las reales causas de muchos de los males y conflictos sociales y políticos que hemos padecido.
* Abogado. Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo comunitario; en Derecho Constitucional y normas penales. Magíster en gobierno.