Por: Raúl E. Tamayo Gaviria
Un parroquiano va adonde el médico del pueblo con su pequeño hijo y le dice:
—Doctor, mi hijo ya tiene año y medio y todavía no abre los ojos del todo.
El médico observa al niño y le pregunta al papá:
—Amigo, ¿su esposa es de raza amarilla?
—No, doctor, ella es de por aquí.
—Pues, amigo, el que va a tener que abrir los ojos es usted.
Hace varios meses advertí que en el departamento de Antioquia se había nombrado a secretarios de despacho de otros departamentos. Tenemos en Antioquia secretaria de educación de Caldas y secretario general de Bogotá, además de contralora departamental de Santander. No es que sea regionalista extremo o xenófobo, pero sí tenemos tantos paisanos preparados y capaces, ¿para qué importar funcionarios oficiales de otras latitudes?
Pues bien, ahora que vemos un proyecto de ordenanza, presentado por la Gobernación de Antioquia a la Asamblea Departamental, que disminuye el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría General de Antioquia en tres mil ochocientos millones de pesos y la contralora, Elsa Yazmín González, ni siquiera se hace presente para defender su presupuesto de funcionamiento, demuestra que “lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta”.
La contralora González, que no envía a sus funcionarios a visitas de control fiscal a los municipios por falta de presupuesto para viáticos y gastos de representación, ahora que le van a recortar casi cuatro mil millones, ni siquiera se presenta a justificar sus gastos de operación para evitar el recorte.
Estoy enterado del origen del proyecto de recorte de presupuesto, pues una ley de la República fijó una tasa porcentual del presupuesto departamental que se destina a los gastos de funcionamiento de las contralorías. Pero ante el Congreso, cuando se estaba debatiendo la ley, tampoco se presentó la contralora a justificar la cuantía asignada, pues no cumplió con la ley 617 de 2000.
Es preocupante que no se defiendan los intereses de Antioquia, si tenemos en cuenta que la Contraloría General de la República está pendiente de quitarle espacios a las contralorías regionales, como ya lo hizo en Antioquia con el Instituto Central Park, y lo hizo antes con la Contraloría de Medellín con el negocio de la venta de Une, cuando vendieron un paquete grande de acciones en la alcaldía de Aníbal Gaviria Correa, hoy gobernador detenido y suspendido.
Ojo, honorables diputados de Antioquia, a defender a Antioquia, antes de que se nos meta aquí la Contraloría General de la República.
Ñapa: Le escuchamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Exigir resultados a las Fuerzas Armadas en la guerra contra los narcoterroristas de las Farc no es autorizar falsos positivos”. Es deber de todo buen gerente exigir resultados. “Perdonar a nuestros enemigos”, Catecismo de Astete, no es una autorización para que los jueces de la JEP absuelvan a los asesinos, violadores y terroristas enemigos de Colombia.
Le leímos a doña Cristina de Toro en EL COLOMBIANO, refiriéndose a la Comisión de la Verdad: “El solo nombre de esa Comisión ¡ofende!”.