José Miguel Vivanco y Roger Noriega hablan en EL TIEMPO sobre la decisión que tomó la Corte Suprema.
El exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno de George W. Bush, Roger Noriega y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hablan sobre la detención preventiva ordenada por el tribunal para el expresidente, investigado por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
¿Puede Álvaro Uribe obtener justicia en el país que salvó?
El senador colombiano y expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue puesto bajo arresto domiciliario el martes bajo sospecha de manipulación de testigos en una investigación penal que está pendiente. Sería muy injusto decir que todos los que elogiaron la detención de Uribe son izquierdistas aliados del narcotráfico.
Pero no hay duda de que todos los aliados izquierdistas de narcotraficantes si se regocijaron ante un panorama donde se desencadene una mayor polarización política, se obstaculice la gestión del gobierno y se profundice la crisis económica que causará su detención. Independientemente de quienes amen u odien a Uribe, los colombianos decentes deberían preguntarse si vale la pena desgarrar al país por esta profunda enemistad que tiene la izquierda contra Uribe.
Durante casi dos décadas, los opositores de Uribe han intentado y no han podido corroborar sus supuestos vínculos con asesinos paramilitares de derecha. Mientras tanto, Uribe ha sido ratificado repetidamente por los votantes colombianos.
Después de servir en el gobierno de la ciudad de Medellín en la década de 1980, fue elegido gobernador de Antioquia (1995-98), Senador (inicialmente en 1986-94) y Presidente (2002-10). Cuando Uribe fue elegido nuevamente para el Senado colombiano en 2014, obtuvo un número histórico de votos.
Como Presidente, la política de “seguridad democrática” de Uribe unió a los colombianos, y su Plan Colombia recibió miles de millones en apoyo material de los Estados Unidos, poniendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a la defensiva por primera vez en años.
Las Farc, una fuerza guerrillera marxista-leninista que libró una terrible guerra contra los colombianos desde 1964, recurrieron al tráfico de cocaína en la década de 1990 para acumular una fortuna y mantener su agenda política. Uribe fue uno de los primeros en denunciar al dictador venezolano Hugo Chávez de apoyar al grupo narcoterrorista Farc.
“Independientemente de quienes amen u odien a Uribe, los colombianos decentes deberían preguntarse si vale la pena desgarrar al país por esta profunda enemistad que tiene la izquierda contra Uribe”.
El sucesor de Uribe firmó un controvertido acuerdo de paz que terminó formalmente la guerra en 2017, desmovilizó a la guerrilla, garantizó la representación de las Farc en el Congreso de Colombia y creó un tribunal especial para ofrecer la absolución a los terroristas “arrepentidos”.
Uribe denunció con amargura las concesiones a las Farc, se convirtió en líder de la oposición en el Senado y reorganizó el partido Centro Democrático (CD) para respaldar la elección del actual presidente Iván Duque en 2018.
El senador izquierdista Iván Cepeda, con una educación comunista, entrenamiento búlgaro y una larga trayectoria defendiendo a las Farc, lleva años participado en una venganza contra Uribe y está empeñado en vincularlo con los paramilitares.
En febrero de 2018, Uribe presentó una queja ante la Corte Suprema acusando a Cepeda de presionar a los paramilitares encarcelados para que lo implicaran en sus crímenes.
En efecto, al menos un miembro del paramilitarismo le dijo a la Corte que Cepeda y otros conocidos líderes de izquierda como Piedad Córdoba lo instaron a denunciar a Uribe. No obstante ello, tanto Cepeda como sus aliados lograron voltear las cosas contra su némesis, lo que condujo a una acción sin precedentes por parte de una sala especial de la Corte Suprema ordenando la detención preventiva de Uribe.
La naturaleza procesal mundana de la acusación contra el expresidente y su detención sin cargos formales son más signos de una cacería de brujas política que de un proceso judicial.
Muchos se preguntarán cómo la misma Corte Suprema que bendijo a tribunales especiales para guerrilleros asesinos y ayudó al líder de las Farc, Jesús Santrich, a escapar de la justicia, ahora puede juzgar a Álvaro Uribe.
“La naturaleza procesal mundana de la acusación contra Uribe y su detención sin cargos formales son más signos de una cacería de brujas política”
Criminalizar las diferencias políticas no es nada nuevo. Pero un juicio político con elevado tinte mediático contra la figura política más popular en Colombia podría causar un daño irreparable a un país que ya enfrenta dificultades económicas sin precedentes.
Marginar a Uribe como líder del partido de gobierno , podría complicar el plan del presidente Duque para rescatar al país de la crisis económica provocada por el covid-19.
Obligar a Uribe a ceder su escaño en el Senado, incluso cuando los representantes no electos de las Farc mantienen sus puestos regalados en el Congreso, podría avivar una polarización venenosa.
Así mismo, ver a un icono democrático perseguido por sus enemigos vengativos en las salas judiciales, después de que miles de guerrilleros hayan salido libres, podría desacreditar el Estado de derecho en Colombia.
Ningún demócrata colombiano desearía ese tipo de daño en su nación. Pero los enemigos de la democracia colombiana dan la bienvenida a ese resultado.
Soy un admirador leal del presidente Uribe, pero admito tener dudas sobre su búsqueda de un tercer mandato en 2010, a pesar de que muchos colombianos estaban ansiosos por otros cuatro años de su liderazgo transformador.
Mi preocupación en ese entonces era que después de 12 años bajo un solo líder, particularmente uno con grados de carisma y energía únicos, las instituciones nacionales, los burócratas y reguladores y los magistrados tenderían a ajustarse a la voluntad de ese individuo. Ese tipo de favoritismo no es bueno para la democracia.
Tampoco es saludable que la ciudadanía perciba que el Estado de derecho está siendo manipulado para perseguir rivales políticos por razones ideológicas.
Espero que los demócratas de Colombia, en todo el espectro político, reconozcan el daño que se hará a su país si los enemigos ideológicos de Álvaro Uribe son capaces de manipular el proceso judicial para destruir a un hombre al que no pudieron derrotar ni en el campo de batalla o el terreno electoral.
Roger Noriega, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno de George W. Bush.
Una prueba de fuego para el Estado de derecho en Colombia
Colombia enfrenta la mayor prueba de fuego a su Estado de derecho en la última década. La comunidad internacional debe estar alerta.
El 4 de agosto, la Corte Suprema anunció la detención domiciliaria de Álvaro Uribe como medida de aseguramiento.
Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010 y es el mentor del actual presidente, Iván Duque, es sin lugar a dudas el político más poderoso del país.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema está investigando si el expresidente les ofreció beneficios a exparamilitares para cambiar sus testimonios acerca del rol que él habría jugado en la conformación de estos grupos armados.
La Corte Suprema demostró gran coherencia y valentía al tomar esta decisión.
Por décadas, la Rama Judicial de Colombia no se había atrevido a avanzar tan decididamente en un caso contra Uribe, a pesar de múltiples investigaciones en su contra.
La reacción de los partidarios de Uribe parece sacada del típico libreto de políticos demagógicos y autoritarios.
En lugar de abogar porque Uribe se defienda utilizando todos los mecanismos legales a su disposición, sus aliados han preferido calumniar a la Corte e intentar intimidarla para socavar la legitimidad de su decisión.
Para ello han lanzado acusaciones totalmente infundadas, denunciando una supuesta conspiración de la izquierda dirigida a dañar la reputación de Uribe.
Los partidarios de Uribe han politizado completamente el debate, como si la resolución judicial fuera sobre el legado histórico de la presidencia de Uribe y no sobre un caso concreto de manipulación de testigos.
Para colmo, el partido político de Uribe, el Centro Democrático, ha amenazado con promover una reforma integral del sistema judicial, aparentemente en retaliación contra el tribunal.
“La Corte demostró gran coherencia y valentía al tomar esta decisión (…) La Rama Judicial no se había atrevido a avanzar tan decididamente en un caso contra Uribe”
Nada de esto sorprende. Uribe y sus aliados tienen un largo historial de ataques al Estado de derecho. Su gobierno impulsó un patrón general de ataques verbales e intimidación a periodistas y magistrados de la Corte Suprema, y sus servicios de inteligencia interceptaron ilegalmente los teléfonos de jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.
A muchos simpatizantes de Uribe no parece importarles en lo más mínimo el Estado de derecho, en especial si es un obstáculo para la protección de su líder.
La comunidad internacional debe estar alerta. A lo largo de los últimos 20 años, Estados Unidos ha invertido millones de dólares para fortalecer las instituciones judiciales de Colombia.
Cualquiera sea la posición o interés que tenga la Casa Blanca bajo Donald Trump en este asunto, los congresistas demócratas y republicanos que han apoyado la asistencia al sistema judicial deberían expresar abiertamente su preocupación ante estos ataques al Estado de derecho.
La Unión Europea también ha apoyado fuertemente a Colombia en años recientes, respaldando la implementación del acuerdo de paz. Ahora debe estar alerta.
Si no se pone freno a las intimidaciones de Uribe y sus aliados a la Rama Judicial, es probable que algunas instituciones del acuerdo de paz, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, sean víctimas de ataques similares.
“La Corte Suprema ha enviado un mensaje contundente, que está dispuesta a garantizar el imperio de la ley incluso contra los más poderosos”
Los gobiernos de la región que están comprometidos con el Estado de derecho también deberían estar preocupados. Los tribunales en América Latina rara vez se atreven a procesar penalmente a políticos poderosos. Colombia lo ha hecho.
Pero si Uribe logra su cometido, quedará la impresión de que la intimidación y los ataques a los tribunales son una herramienta eficaz para frenar a la justicia, y esto podría disuadir a muchos jueces íntegros en la región.
Sin un Poder Judicial fuerte, los ciudadanos no tienen dónde acudir para protegerse ante abusos cometidos por las autoridades o actores privados, ya sean de derecha o de izquierda. Esto es precisamente lo que ocurre en dictaduras como la venezolana.
José Miguel Vivnaco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“La Corte Suprema ha enviado un mensaje contundente, que está dispuesta a garantizar el imperio de la ley incluso contra los más poderosos. Debemos protegerla”.