Las críticas originales fueron reeditadas el viernes, junto con las alarmas que sonaron por las aglomeraciones en un buen número de almacenes de cadena, en donde los principios del distanciamiento y el autocuidado quedaron sepultados por la avalancha de compradores. Como dijo Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, “la iniciativa era mala desde el comienzo, porque no incrementa la actividad económica, sino que la concentra en una jornada y en cambio le quita al fisco los ingresos que esa actividad le genera”.

Aunque sus promotores insisten en que el experimento sirvió para darle aire al comercio y aliviar el bolsillo de los ciudadanos tras la dura prueba del confinamiento, las dudas saltan a la vista. El análisis entre beneficios y costos no deja en evidencia un saldo positivo para la sociedad en su conjunto y menos si en un par de semanas el número de contagios vuelve a empinarse.

Además, hay mensajes que bien pueden calificarse de perniciosos. “Estas estrategias envían también la señal de que los impuestos son una cosa mala, que se puede obviar”, agrega Eslava.

Observados con un lente más amplio, ejemplos como el señalado corresponden a una categoría especial. Podría decirse, incluso, que aquí hay un caso típico de populismo, en donde supuestamente en aras del bien común se acaba privilegiando solo a unos cuantos. “Las personas que vimos comprando en los medios de comunicación no son representativas de la realidad nacional”, anotó Camilo Herrera de la firma de investigaciones Raddar.

El libreto usual

Cualquier conocedor de la realidad sabe que desde que el mundo es mundo, los gobernantes de turno buscan congraciarse con sectores específicos de la opinión, sobrepasando en repetidas ocasiones los preceptos del buen manejo de lo público. Colombia no es la excepción a esa norma, como se vio en la época de la Nueva Granada. José María Melo ocupó el poder brevemente en 1854 al dar un golpe de Estado con el apoyo de los artesanos de Bogotá que buscaban a alguien que les cerrara la puerta a las importaciones.

No obstante, los historiadores aceptan que más allá de excepciones ocasionales o puntuales, hemos optado usualmente por la línea de la ortodoxia tras la guerra de los Mil Días, al menos en el manejo económico. La fundación del Banco de la República en 1923 sirvió no solo para acabar con décadas de inestabilidad institucional, sino para formar una tecnocracia apegada al buen manejo de las finanzas y el gradualismo, de donde han salido quienes han ocupado altos cargos.

Quizás por ello, aquí no se vieron los excesos que caracterizaron a América Latina durante un buen tramo del siglo pasado. Aparte de altibajos moderados en diversos indicadores, la hiperinflación brilló por su ausencia, al igual que los ciclos extremos de auges y caídas en el producto interno bruto. Fuera de distinguirse por pagar sus obligaciones a tiempo, el país registró la segunda tasa de crecimiento más alta de la región a lo largo de los pasados cien años.

Las cosas, sin embargo, parecen estar cambiando. El motivo es que las propuestas demagógicas se encuentran de manera recurrente en todos los segmentos del espectro ideológico, desde la izquierda hasta la derecha.

De tal manera, los analistas externos se sorprenden cuando saben que parlamentarios del Partido Conservador tienen enfiladas sus baterías contra el sector financiero, mientras que el Centro Democrático ha sido amigo de una prima adicional en favor de los empleados, que encarecería los costos laborales de las empresas. Que el liberalismo haya buscado bajar el precio de la gasolina o que el Polo Democrático critique los tratados de libre comercio despierta menos gestos de sorpresa.

Pero más allá de un recuento de las plataformas de cada colectividad, el mensaje central es que el número de malas ideas con probabilidad de convertirse en ley de la República o decreto presidencial viene en aumento. Aquel refrán que sostiene que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones –que no siempre son buenas– se trae a colación con más frecuencia.

El viento ya soplaba en esa dirección desde antes del coronavirus. Referentes globales como Estados Unidos rompieron con tradiciones que se creían inamovibles cuando sus ciudadanos escogieron a Donald Trump, quien llegó al poder con una retórica divisiva en contra de las élites urbanas, los inmigrantes y la globalización.

Ahora, con la pandemia, el terreno está abonado para que aparezcan las soluciones facilistas. Pocos quieren escuchar que el camino de la recuperación será largo y tortuoso, entre otras porque el covid-19 está lejos de ser derrotado. En cambio, son más atractivas las gratificaciones inmediatas, así cualquier persona racional sepa que la solución a sus problemas no consiste en comprar con descuento un televisor de 70 pulgadas.

Del lado de los negocios, se impone igualmente una mentalidad de corto plazo. Los comerciantes saben que anticipar ventas sirve para aliviar una situación de caja difícil, a pesar de que su facturación va a desplomarse en los meses siguientes, con excepción de los días sin IVA que faltan. Y no deja de ser llamativo el entusiasmo de funcionarios como el director de la Dian, quien celebró los cinco billones de pesos en transacciones, a pesar de que la entidad a su cargo verá caer los recaudos en casi la quinta parte de esa suma.

Una lista que crece

Lo ocurrido trae a colación una columna de Moisés Naím en la cual el analista señala que “los gobernantes siempre se han mostrado vulnerables a la seducción de las malas ideas”, que son aquellas que ahondan las dificultades en lugar de solucionarlas. Y agrega: “La creciente presión para responder con rapidez y audacia a los problemas –muchos de ellos sin precedentes– ha acentuado esa fragilidad”.

Una mirada a las propuestas que aparecen en los medios de comunicación muestra que hay iniciativas de viejo cuño que se reciclan y otras que aparecen de la nada. En el primer grupo están aquellos que piden no pagar la deuda pública o posponer el servicio de la misma hasta que se supere la emergencia.

Destinar los recursos que se les giran a los tenedores de bonos a los bancos internacionales para aliviar la situación de quienes la están pasando mal suena muy atractivo. Pero basta con mirar experiencias como las de Argentina, para concluir que el cierre de puertas en los mercados financieros internacionales o las mayores tasas de interés exigidas para conceder un crédito lleva a que el costo sea más elevado.

Con las personas pasa algo similar. Fomentar la cultura del no pago es peligroso para las personas y la economía en general, porque hace más tortuoso el camino de la recuperación. Incluso iniciativas que lograron un apoyo cerrado en el Congreso, como la llamada ley de borrón y cuenta nueva, traerán consecuencias indeseables, al obligar a los bancos a ser más cautelosos, promover el conocido ‘gota a gota’ y llevar a que justos paguen por pecadores, pues tiende a penalizar a los deudores juiciosos.

Tampoco está exenta de peligro copiar una iniciativa parlamentaria que hace carrera en México y que consiste en fijar la tarifa máxima del IVA en 10 por ciento. Como observó el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, “antes de esta coyuntura ya teníamos un déficit importante que ahora se amplió de manera sustancial. Tapar ese faltante será obligatorio si queremos salir más rápido de dificultades”.

Dicho comentario tiene relación con la decisión del comité de la regla fiscal de suspender durante este y el próximo año la fijación de una meta respecto al desequilibrio de las finanzas públicas. Aunque los eventos de 2020 son extraordinarios, una cosa es contar con una licencia temporal para subir el endeudamiento o manejar un saldo en rojo elevado y otra es recibir un cheque en blanco, en medio de enormes presiones sociales y políticas.

El peligro de un endeudamiento desbordado está presente. Un cálculo del Ministerio de Hacienda dice que las acreencias del país llegarían al equivalente del 66 por ciento del producto interno bruto este año, 15 puntos porcentuales más en diciembre. En caso de que no haya una estrategia creíble para ponerles límite a esas obligaciones, podríamos entrar en un escenario de inestabilidad muy negativo.

Entre los cantos de sirena que suenan por ahí, hay dos que merecen consideración especial. El primero es regresar abiertamente al proteccionismo, imponiendo barreras unilaterales a la entrada de productos de afuera.

“Cerrarse al comercio internacional es una forma rebuscada de buscar la reactivación a riesgo del consumidor, limitándole la libertad de elegir y desechando el acceso a mercados potencialmente vitales en situaciones de escasez a las que la emergencia nos enfrenta”, opinó Marcela Eslava. A lo anterior se agrega la probabilidad de que las exportaciones colombianas se vean sujetas a restricciones, justo cuando la necesidad de divisas es apremiante.

De otro lado, son notorias las críticas a los intentos de meterle la mano al dinero de los ahorradores que manejan los fondos de pensiones. Un decreto emitido durante la primera emergencia económica abrió una puerta que se limitó posteriormente, pero que dio pie a otros esquemas posibles.

El primero es permitir que las personas hagan retiros de sus cuentas individuales, tal como pasó en Perú un par de meses atrás. Aunque popular, la medida llevó a que se disparara la adquisición de bienes de consumo, una gratificación que será onerosa en unos años cuando esas mismas personas descubran que se van a retirar con una mesada sustancialmente menor.

Más peligroso todavía es el proyecto de ley que autorizaría el cambio de régimen para aquellos que están a menos de diez años de la edad de retiro. Dada la cantidad de demandas que existen para pasarse a Colpensiones –unas 30.000, según los conocedores–, resulta lógico pensar que la presión irá en un solo sentido.

A corto plazo, la estampida les serviría a las cuentas públicas porque vendría con un giro de recursos importante. El problema es que dado el elevado nivel de subsidios que caracteriza al régimen de prima media, al paso de unos años el horizonte fiscal sería mucho más oscuro.

“Aparte de que sería un endeudamiento muy caro para financiar la crisis, ese sobrecosto lo pagaríamos todos en el futuro a través de mayores impuestos”, anotó Santamaría. “Como si eso fuera poco, sería un golpe muy duro a la estabilidad jurídica, que además reduciría el ahorro nacional en forma significativa”, agregó.

Tales advertencias son un campanazo de alerta que vale la pena escuchar. Aunque las malas ideas han existido siempre, la presión del populismo y la propia impaciencia de la ciudadanía llevan a que lo que hasta hace poco parecía inconcebible, comience a ser considerado como válido por los gobernantes de turno.

Por tal motivo, no está de más recordar que aquellos que están en el poder tienen una indeclinable responsabilidad frente a la coyuntura, pero también ante lo que traiga el futuro. Utilizar malas recetas ahora puede llevar a que el resto de la presente década sea aún más difícil de lo necesario. Peor aún sería caer en un círculo vicioso, similar al que se ve en algunos de nuestros vecinos.

En medio de ese contexto, el día sin IVA acabará pareciendo casi anecdótico. Aun así, el tránsito por el camino equivocado siempre comienza con varios pasos. Ojalá sepamos cambiar de curso antes de que sea tarde.

Por: Ricardo Ávila – El Tiempo