El fin del conflicto armado interno colombiano es un objetivo común de los políticos que creen en el fortalecimiento de la democracia. Por este motivo, mientras que la extrema derecha se dedicó a atemorizar y desinformar a la ciudadanía durante la negociación con las Farc, el centro político apoyó los Acuerdos en 2016 y conformó una coalición en su defensa en las elecciones de 2018.
El desenlace de esta historia nos convirtió al mismo tiempo en un referente para la negociación de la paz en el mundo y en el histrión internacional de su implementación. Esta es la paradoja de la polarización.
Con ocasión de los diálogos con el ELN, deben estudiarse las lecciones de este importante proceso de paz para aprovechar su buen diseño y evitar los problemas que enfrentó durante el siguiente gobierno. La democracia implica tanto la participación ciudadana, sobre todo de las víctimas, como la posibilidad de perder en las urnas.
Los políticos que ejercen cargos de elección popular en los estados republicanos sabemos que no hay nada más seguro, que no hay un evento más necesario, que el fin del periodo. Así pues, por importante que sea el avance de las negociaciones o el acuerdo que se logre en el trienio restante, la continuación de los diálogos o la implementación de la paz no estará exclusivamente en las manos de un solo líder o partido político.
Los protocolos que deben pactarse para ejecutar el cese al fuego bilateral estipulado con el ELN en el Segundo Acuerdo de Cuba deben, por consiguiente, prever las contingencias que se materializaron en el proceso de paz con las Farc. Además de suspender las hostilidades entre las partes, la guerrilla debe comprometerse a no extorsionar y secuestrar, así como a consolidar el orden dentro de su organización.
De esta forma, el alto al fuego no solamente servirá para reducir las bajas en combate, sino que beneficiará a la población vulnerable que vive en las zonas apartadas del centro político de Colombia. Igualmente, se abrirá el camino para que el acuerdo final vincule a la más amplia población de combatientes. Todavía es posible lograr estos resultados con la elaboración de los protocolos que se negociarán entre el 9 de junio y el 5 de julio de 2023.
La ciudadanía espera que quienes lideran la institucionalidad colombiana dirijan este nuevo proceso de paz hacia el fin del conflicto. Sin embargo, en caso de que los protocolos no prevean instrumentos que incentiven la protección de la ciudadanía, las negociaciones corren el riesgo de convertirse en la coyuntura ideal para el fortalecimiento económico y militar del ELN y sus disidencias.