En un fallo, la Alcaldía fue encontrada responsable de evadir la respuesta a un derecho de petición sobre la ejecución de sus fondos fijos reembolsables.
Un juez de Medellín ordenó a la Alcaldía entregar en un plazo de 48 horas todos los recibos y soportes en los que se documenta cómo el gobierno local ha venido gastándose los recursos de los fondos fijos, luego de que un concejal de la ciudad denunciara que evasivas para entregar esa información.
Por El Colombiano
La decisión se produce luego de que el cabildante por el Centro Democrático, Alfredo Ramos, instaurara una acción de tutela en la que sostuvo que, desde inicios de septiembre pasado, la Alcaldía viene poniéndole trabas para darle respuesta a un derecho de petición en el que pidió copias digitales de todos los soportes de pago de ese fondo y las razones que justificaron dichos gastos.
Según se reconstruye en los antecedentes reseñados en el fallo, aunque Ramos recibió una respuesta inicial el 6 de septiembre, que luego fue controvertida con otro derecho de petición enviado el 12 de septiembre, el corporado nunca recibió una respuesta sustancial a su solicitud.
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“La respuesta no solo debe ser oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, sino también, tratarse de una respuesta de fondo, lo que implica, que entre la petición y la respuesta exista coherencia, que sea completa en relación a todos los asuntos planteados, excluyendo aquellas respuestas evasivas. Además, de ser puesta en conocimiento del peticionario por medio idóneo”, consideró el juez penal en su decisión, dándole entonces un plazo de 48 horas a la Alcaldía, que comenzó a correr desde el momento de la notificación del fallo, para resolver la petición.
Cabe recordar que el escándalo por el manejo de los fondos fijos de la Alcaldía, también conocidos como la caja menor, se desencadenó a mediados de agosto pasado, cuando terminaron filtrándose a la opinión pública unas planillas elaboradas por la Secretaría de Hacienda en las que se documentó cómo el despacho del alcalde venía haciendo uso de esos recursos públicos.
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Pese a que dichos fondos fueron creados con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las funciones de los servidores de la Alcaldía o atender asuntos urgentes, en dichas planillas se evidenciaba cómo se habían cubierto consumos en restaurantes elegantes, supermercados, panaderías, establecimientos de comida rápida, tiendas de comida saludable, entre muchos otros.
Dichas planillas habían sido entregadas por la Secretaria de Hacienda a la Contraloría de Medellín luego de que este último ente enviara un requerimiento sobre el uso de esos recursos, tras recibir denuncias por presuntas irregularidades.
Pese a que en respuestas a derechos de petición anteriores el gobierno local había incluso negado la existencia de esos fondos, tal como lo denunció la Veeduría Todos Por Medellín, dos semanas después de estallar el escándalo la administración liberó varias facturas del fondo fijo del despacho del Alcalde, entre 2008 y 2023.
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En medio de esa controversia, el concejal Alfredo Ramos envió un derecho de petición no solo solicitando todas las facturas de los fondos fijos de la Alcaldía, sino pruebas de los motivos que justificaron los gastos, recibiendo evasivas por parte del gobierno local, según determinó el juez.
Además de esos obstáculos, Ramos también citó a varios funcionarios de la Alcaldía a una comisión accidental de transparencia creada en el Concejo para que rindieran cuentas por el uso de esos recursos, denunciando que los citados también han evadido acudir a ese espacio de control político