Por: opinión Sucesos Metropolitanos
En la segunda entrega de la serie sobre seguridad ciudadana durante el gobierno de Daniel Quintero Calle continuaremos profundizando en los resultados que tiene hoy Medellín en esta materia más allá del relato oficial, puntualmente veremos la operatividad de la fuerza pública en relación con los delitos que analizamos en la entrega anterior, a saber: el homicidio, el hurto a personas y la extorsión; a su vez, buscaremos responder la pregunta sobre la causa de la extraordinaria reducción de las muertes violentas en la ciudad entre 2020 y 2023.
Entrando en la operatividad contra la delincuencia (total de capturas por delito), compararemos los resultados del actual cuatrienio con las dos administraciones anteriores, es decir, la de Federico Gutiérrez Zuluaga (2016-2019) y la de Aníbal Gaviria Correa (2012-2015) a partir de los datos de la Policía Nacional. En materia de extorsión, la actual administración, para mostrar a la opinión su gran efectividad, sacó recientemente pecho de las 600 capturas contra criminales producto de su exitosa estrategia; ahora bien, lo que inquieta es la falta de contexto y rigor con el que muestran las cifras, buscando deliberadamente confundir a la opinión pública. En este sentido, si hacemos el trabajo que se debe hacer y comparamos ese reluciente número, el mismo se derrite sobre unas reducciones del 108% frente al período 2016-2019 (1251) y una del 93% frente al 2012-2015 (1158). Sigamos pues con el hurto a personas, el gran resultado aquí (6236 capturas) es tener un 17% y un 20% menos operatividad frente a los dos cuatrienios anteriores; y finalmente llegamos al homicidio, la cereza del pastel, que recordemos presenta el número más bajo de casos de los últimos cuarenta años; en este delito se tiene a la fecha un total de 883 capturas, lo que significa una reducción en la operatividad del 26% frente a 2016-2019 (1116) y del 50% frente a 2012-2015 (1325). Aquí vemos pues, para sorpresa de toda la ciudad, que los aparentes resultados de esta administración, como se dice coloquialmente, están pegados con babas. Tenemos entonces un nuevo record para poner en el medallero de la Medellín Futuro: el porcentaje más bajo de efectividad operativa contra la criminalidad de los últimos diez años.
Ante estas contradicciones, que se materializan en un resultado inédito sin causa lógica, es decir, una reducción histórica del homicidio frente a la evidente inexistencia de una estrategia institucional coherente y sustentada por parte de la Alcaldía de Medellín, la cual, a su vez, se manifiesta en una reducción de la operatividad e inefectividad (¿deliberada?) contra la criminalidad en los últimos tres años y diez meses, varios líderes, analistas y medios de comunicación serios e independientes, por supuesto, de la mermelada institucional, entre los que se encuentra El Colombiano y la Silla Vacía, han puesto una pregunta sobre la mesa: ¿qué tanto ha dependido la gestión de la seguridad en la ciudad durante la presente administración de la institucionalidad legal y legítimamente constituida?
Dejemos pues que diferentes fuentes respondan esta pregunta. Iniciemos por el Concejo de Medellín[1]. En este recinto, el 7 de junio del presente año se llevó a cabo un debate sobre la situación de inseguridad en la ciudad, y entre los participantes, el Concejal Carlos Ríos mencionó: “las bandas criminales entendieron que el negocio no es matarse entre ellas para que sus rentas puedan rentabilizarse, por lo que la reducción del homicidio obedece más a una estrategia de hagámonos pasito”. Por su parte, la Silla Vacía[2] en un artículo publicado el 23 de octubre, menciona lo siguiente: “expertos han señalado que la reducción en los homicidios es producto de un acuerdo entre algunos de los grupos criminales que operan en la ciudad, como la Oficina de Envigado y los Pachelly”, y continúa más adelante citando a un reconocido líder de derechos humanos de la ciudad, “las bandas criminales que tienen presencia en la capital de Antioquia pactaron una paz mafiosa”. Finalmente, el periódico El Colombiano[3], publicó el 1 de octubre un artículo donde afirma: “en la práctica, la reducción de homicidios comenzó a finales de 2019, cuando las principales estructuras de crimen organizado concretaron un acuerdo de paz clandestino, que redujo sus enfrentamientos en las comunas y todos los municipios del Valle de Aburrá”.
Con lo anterior, siguiendo a las fuentes citadas, se podría afirmar que la reducción de los homicidios en Medellín entre 2020 y 2023 ha estado principalmente jalonada por acuerdos entre grupos criminales y no por la efectividad de las autoridades como sostiene la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es decir, para ser más concretos, si lo que se está diciendo es cierto, la seguridad y tranquilidad de la ciudad pareciera estar hoy en manos de la criminalidad, cuyos supuestos jefes están cómodamente sentados en la cárcel La Paz de Itagüi, en una extraña mesa de negociación patrocinada por el Gobierno Nacional desde principios del presente año.
Esto, es fundamental transmitirlo, no solo es una burla a los ingentes esfuerzos de una sociedad que ha sufrido en carne propia el flagelo del narcotráfico durante cuatro décadas, sino que, además, representa un riesgo enorme para el porvenir, pues el crimen organizado, hoy fortalecido y envalentonado, podría buscar aumentar la violencia y generar caos en la ciudad para darle un golpe de opinión a un posible gobierno que se oponga a los acuerdos de impunidad incentivados por el Presidente Gustavo Petro y el saliente alcalde Daniel Quintero.
__________________________________________________
[1] Ver: https://www.concejodemedellin.gov.co/es/node/7254?language_content_entity=es.
[1] Ver: https://www.lasillavacia.com/detector-de-mentiras/debatible/es-debatible-que-estrategia-de-upegui-explique-reduccion-de-homicidios/. [1] Ver: https://www.elcolombiano.com/amp/medellin/la-cuestionada-estrategia-de-seguridad-del-exalcalde-daniel-quintero-en-medellin-FH22527031.