“La Justicia premial no debiera ser aplicada a la “delincuencia de cuello blanco” y, en ningún caso, a quienes resulten afectando dolosa o de mala fe, la función o servicio público, porque este es un sagrado valor que hace parte de la moralidad administrativa y, por lo tanto, su directo destinatario es toda la nación.”
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Para iniciar diremos que en términos sencillos, la Justicia Premial es aquel conjunto de estrategias, medidas o mecanismos de política criminal que a lo largo del tiempo se han venido integrando al orden jurídico – sistema penal, con el altruista propósito de que el Estado (y la misma sociedad) sean más eficaces en su lucha contra la delincuencia y; el “delito de cuello blanco”, se entiende como aquella conducta delincuencial o contraria a la ley que es ejecutada o realizada por una persona con gran influencia y poder, con clasificación socioeconómica alta; aunque esta característica no es estrictamente necesaria, pues bastaría que sea alguien con influencia y capacidad suficiente de “torcerle el cuello a las normas” y su comportamiento, por su condición, sea aparentemente aceptado o, por lo menos, permitido por parte de la sociedad e inclusive, hasta por la institucionalidad.
Parodiando a los economistas, cuando hablan de “lavado de activos”, aquí se trataría de un “lavado de conducta”; es decir, hacer pasar como buena una actitud que en realidad no es buena, ni legal, ni aceptable en estricto rigor ético o moral, pero que como es ejecutada por el “señor o señora” tal, debe considerarse “aconsejable” su aceptación o aprobación. Es lo que pudiéramos llamar vicios en las formalidades de la conducta humana, que solo se reservan o se permiten a ciertas personas, que pueden (o tienen ese “privilegio”) abusar de las condiciones antes anotadas. (Véase https://www.google.com/search?q=delincuencia+de+cuellos+blancos&rlz=1C1GGRV_enCO758CO765&oq)
Lo que me interesa decir en esta oportunidad, es que una figura jurídica, un instrumento judicial tan importante, como el de la Justicia premial, que fue instituido en nuestro país precisamente para facilitar la investigación criminal, para perseguir el delito con mayor asertividad y efectividad, para darle mayor reconocimiento a las víctimas de quienes puedan quedar incursos en este tipo de procesos penales, está siendo degradado por intereses malsanos y mezquinos de los poderosos carruseles de la corrupción que han querido -como en efecto están haciendo y han hecho desde muchos años atrás- tapar o “lavar”, como hemos dicho, las criminales acciones con las que se ha saqueado históricamente (pues no es algo nuevo o de reciente aparición) el erario público de nuestro país.
Ahora los delincuentes de cuellos blancos, aquellos influyentes funcionarios, políticos e inclusive “prestigiosos” empresarios (por que los hay los hay y no son pocos), no solo han logrado apropiarse de exageradas partidas presupuestales del Estado, sino que abusando de la aludida condición, fungen –con el aval de los medios tradicionales de comunicación, como los adalides de la anticorrupción (posando hipócritamente como los Robin Hood, haciéndose los “defensores de los oprimidos y de las causas más nobles”), prometiendo descorrer el velo de sus infamias para que no pueda verse toda la podredumbre que ha existido detrás de sus múltiples y mañosas actividades criminales, las cuales astutamente hacen pasar siempre como si se tratara de grandes y nobles obras en favor de las comunidades y de las instituciones que han representado. Obras que se han robado -como está probado- a pesar de los presuntos arrepentimientos y evidentes esfuerzos que hacen, para evitar que se conozca la exacta y extravagante dimensión del daño que han causado al Estado, a la Sociedad y a la democracia. Han sido de gran dimensión –como incontables- las cifras presupuestales que por su conducto y por este tipo de malignas prácticas, nunca podrán llegar a satisfacer realmente las necesidades y angustias para las cuales habían sido destinados esos dineros.
Lo grave del asunto, por la forma como se aprovechan de una noble institución jurídica, como ciertamente lo es la Justicia premial, es que estas personas pueden gozar de importantes beneficios, que por medio de este mecanismo, pueden llegar a pactar con la Rama Judicial; es decir, con el Estado (y concretamente con el fiscal y el juez de cada caso), prometiendo –como frecuentemente se ve por los medios de comunicación, el oro y el moro (promesas “excesivas o imposibles de cumplir”), diciendo mentiras y todo tipo de amañadas invenciones, con la premeditada intención de encubrir la verdad material (real) que rodeo los hechos objeto de investigación y, con ello, evitar el rechazo social y, consecuentemente, el verdadero repudio jurídico que sus actos ameritan. Es incomprensible como triste, en nuestro orden jurídico, como en nuestra jurisprudencia, hay un principio tutelar del actuar judicial y es que “Nadie puede alegar a su favor, ni a favor de terceros su propio dolo o mala fe” o, en nuestras palabras, nadie podrá prevalerse o beneficiarse de su propio error, a no ser que fuera para corregirlo. Pero, por efecto de la justicia premial, con respecto a los delitos cometidos por este tipo de delincuencia, cuando maliciosamente se acogen a este tipo de procesos, resulta que aparece una sorprendente y preocupante excepción a dicha regla, pues siempre salen favorecidos o, mejor aún, premiados, con decisiones muy favorables a su real condición (social, política, económica, etc.) y a la real magnitud del daño causado.
Este es uno de los asuntos que más debería estar preocupando hoy a la sociedad colombiana, como a su institucionalidad, si es que en verdad lo que se persigue es combatir la impunidad y, con ella, la agobiante corrupción que la genera, pues estamos haciendo leyes para personas muy nobles y bienintencionadas (mi madre me decía, cuando le compartí el boceto de este artículo, que “en verdad algunas leyes nuestras y, con seguridad que con la más buena fe, se hacen como si fueran para ángeles, cuando en realidad algunos de sus destinatarios son verdaderos demonios”). La realidad es que se las estamos aplicando –por oportunismo de quienes así actúan- a unos reales y muy avezados delincuentes, dejando con ello degradado aún más el sistema jurídico penal que se forjó –con toda seguridad y este sí de la mejor buena fe- bajo la estrella tutelar de altruistas y muy nobles principios institucionales y sociales, que hacen parte de la esencia misma de nuestro Estado Social y democrático de Derechos, queriendo acabar con la impunidad, con la delincuencia; pero irónicamente, lo que se está haciendo –en varios y preocupantes casos- es premiar a los corruptos, haciéndolos cada vez más fuertes e intocables.
Ello ha originado perdida de legitimidad y de eficacia en la institución judicial que quiso fue realmente dar una “segunda oportunidad” a quienes por alguna circunstancia hubiesen podido caer en el error, apartándose del camino correcto y cuyo oficio básico en todo caso no es delinquir. La delincuencia de cuello blanco no es un asunto de inexpertos o de personas que -por equivocación- se han enriquecido a costa del erario público; se trata de avezados y de encumbrados personajes que por medio de los más complejos y astutos complots, ponen en marcha poderosas maquinarias y argucias, para aprovecharse de la generosidad del sistema, para salir ilesos y premiados por la comisión de tan repudiables delitos, como en efecto resulta el robo al erario público.
En conclusión, la Justicia premial no debiera ser aplicada a la “delincuencia de cuello blanco” y, en ningún caso, a quienes resulten afectando dolosa o de mala fe, el servicio público, porque este es un sagrado valor que hace parte del patrimonio público y, por lo tanto, su dueño verdadero es toda la nación. Pero en nuestro país lamentablemente ello no es así.
La justica premial se ha vuelto, repetimos, de la mejor buena fe, eficaz herramienta para que los delincuentes de cuellos blancos, puedan robar tranquilamente, sin el temor o la angustia de tener que salir a pagar largas y penosas condenas; pues es muy probable que en muy poco tiempo salen libres y como «en un santiamén», sus delitos e irregularidades quedan en el anonimato (olvido), nadie vuelve hablar del asunto y, lo más grave, los dineros no vuelven a las arcas del Estado, pues en la mayoría de casos esos presupuestos quedan como ellos los dejan, desaparecidos.
¡Dios proteja a Colombia!
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normas Penales. Magíster en Gobierno.