Siendo la última de la actual legislatura, el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad: decidir el futuro de la educación en Colombia.
Son varios los aspectos que preocupan de la Ley Estatutaria a la Educación que se está debatiendo: estatiza la educación para la primera infancia, desconoce el sistema mixto de educación, excluye a la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, elimina la evaluación a docentes, politiza el debate y atenta contra la autonomía universitaria que promueve el foro de ideas. Preocupante, por decir lo menos.
Nos encontramos frente a un proyecto atípico, cuyo articulado ha cambiado en todos los debates técnicos y políticos a los que se ha sometido. Recordemos que luego de ser aprobado en la Cámara de Representantes, se presenta una enmienda al proyecto concertada técnicamente con los partidos, sindicatos, sector privado y la academia, votada unánimemente. Hasta ahí, el proyecto de ley reflejaba las observaciones hechas por distintos sectores, unificaba las ponencias y proponía un articulado coherente con estas visiones. El Gobierno Nacional, de manera inexplicable, decidió romper con los acuerdos sociales adquiridos.
Lo que se propone ahora, es una reforma con alta carga ideológica que seguirá polarizando al país. La educación es un derecho humano y un servicio público esencial, de ahí la importancia de mantenerlo neutral frente a la doctrina de cualquier gobierno, desde la primera infancia hasta la educación superior.
El compromiso de campaña del presidente Petro de velar porque la educación llegue a toda Colombia, a través de nuevos campus universitarios y 500 mil nuevos cupos, está aún sin avances significativos. Por eso la importancia de un sistema de educación superior mixto, abierto, pluralista y descentralizado, que, de manera progresiva, permita la ampliación en cobertura a través de la articulación público – privada, tal y como lo reconocía la enmienda.
Se proponía una educación para la primera infancia basada en un modelo de atención integral, con un gobierno regulador; pero no intervencionista.
La versión no consensuada niega a los jóvenes el acceso a una educación terciaria de calidad, desconociendo las múltiples trayectorias y los procesos de formación que pueden contribuir a la construcción de un proyecto de vida sostenible.
Colombia no puede retroceder. La educación debe conservarse mixta, plural y libre, permitiendo la coexistencia pacífica de diferentes alternativas para materializar los sueños y expectativas de una sociedad que se piensa a largo plazo. Más que un plan de Estado, debe centrarse en el desarrollo de las libertades y el proyecto de vida del estudiante.
La educación es el principal activo de una sociedad que busca el bienestar y el crecimiento de sus habitantes. Una reforma a la educación debe permitir que el talento humano sea más competitivo para generar desarrollo, ingresos, productividad e innovación. Una reforma regresiva como esta, solo aumenta los gastos de funcionamiento del Estado a costa de la eficiencia y el impacto de la educación misma. Un proyecto de ley que no mejore sustancialmente la educación no debe ser aprobado.