El director del Instituto Anticorrupción denuncia que el grupo político liderado por Miguel Uribe Turbay, derrotado candidato uribista a la alcaldía de Bogotá, ha recibido contratos cuantiosos con cargo a la Subcuenta Covid, que maneja el gobierno nacional. Funcionarios vinculados a su campaña disfrutan de contratos millonarios por cuenta de la lucha oficial contra la pandemia.
Tras su derrota electoral el grupo político de Miguel Uribe recibió un importante premio de consolación del gobierno nacional: el manejo de la Subcuenta Covid de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), área encargada de administrar los recursos dispuestos por el Estado para atender la pandemia con el respaldo administrativo de Fiduprevisora.
Según lo que el Gobierno informó en un comunicado de prensa reciente los acuerdos supuestamente suscritos con AstraZeneca y Pfizer el 16 y 17 de diciembre pasado deben pagarse con cargo a esta Subcuenta. Sin embargo, no es posible confirmar ese dato porque el Gobierno no ha publicado – y no publicará, al menos no por las buenas – esos acuerdos, que el 18 de diciembre dijo haber suscrito.
Según el Decreto 559 de 15 de abril de 2020 y demás normas que regulan el funcionamiento de la Subcuenta Covid ésta debe tener un gerente general. La escogida por el Gobierno para tal cargo fue Adriana Lucía Jiménez, tal como consta en el Decreto 609 de 30 de abril de 2020, firmado por el secretario general de la Presidencia, Diego Molano, y el presidente Duque. La doctora Jiménez lleva un buen tiempo al lado de Miguel Uribe. Primero como abogada en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cargo al que ingresó con un salario de $3.888.041 en abril de 2016 y más tarde como gerente de la campaña a la alcaldía de su jefe político, como se puede ver acá y acá. Con su nuevo contrato con cargo a la Subcuenta Covid pasó a ganarse $14.673.713 mensuales. En cuatro años prácticamente logró cuadruplicar sus ingresos.
Pero no es ella la única beneficiada con contratos de la Subcuenta Covid. En una comunicación de 7 de mayo de 2020 el director de la UNGRD, Eduardo José González, dio instrucción a Fiduprevisora S.A. de contratar a Claudia Candela Bello por la misma cifra. En su perfil de Linkedin se puede leer que Candela fue la “Asesora Principal” de la “Campaña política del candidato Miguel Uribe Turbay a la Alcaldía de Bogotá”.
Otras personas cercanas a Uribe Turbay también han sido contratadas, incluyendo a Juan Sebastián Castro Gaona, filósofo y administrador público. Castro trabajó en el concejo de Bogotá entre abril de 2014 y diciembre de 2015; Uribe era presidente de la corporación desde febrero de 2014. Tras su paso por el concejo, Castro fue contratado en enero de 2016 para trabajar en la Secretaría de Gobierno, donde llegó a ser jefe de la oficina asesora de Planeación. Finalmente, en mayo de 2020 ascendió a su posición actual y recibe $10.565.073 por mes.
Tampoco le ha ido mal en la Subcuenta Covid a Cristian Francisco Pulido Acuña. Hasta enero de 2020, Pulido trabajó en la Secretaría de Gobierno, tal como consta en la resolución 039 de 17 de enero de 2020, por medio de la cual se aceptó su renuncia. Con la Subcuenta Covid pasó a ganarse $10.565.073 mensuales.
Varios contratistas más, de origen diverso, reciben honorarios que superan los diez millones de pesos. Algunos pasan de los 17 millones mensuales y casi ninguno gana menos de siete. Uno de los contratistas más beneficiados es el general en retiro Gustavo Rincón Rivera, fracasado excandidato a la Presidencia de ACORE (entidad que agrupa a los militares retirados), que firmó contrato por 12 millones mensuales con el objeto de prestar servicios de asesoría jurídica. El general estuvo en los titulares de algunos medios hace un par de años debido a su virulenta posición en contra de los Acuerdos de Paz y su desprecio por la JEP. En una carta dirigida en febrero de 2017 al general Jaime Ruiz, presidente de ACORE, Rincón manifiesta su posición con relación a ese tribunal. En ella dice:
“La confusa jurisdicción Especial de la Paz para la Fuerza Pública ¡RESERVA ACTIVA AL CADALSO! y en reunión especial de su tal llamada mesa, sacaran (sic) un comunicado manifestando reparos de lo que ellos mismos aprobaron, que (sic) desilusión, se le dijo de todas las formas posibles, que no apoyara esa Justicia Transicional, que esa Justicia era una justicia hecha por bandidos, para bandidos y solo en su propio beneficio, pero nunca puso atención a las sugerencias de buena fe que se le hicieron, en pro de mantener el Honor de los héroes de la Patria, ahora ya después del ojo afuera no hay Santa Lucia (sic) que valga, entregaron a nuestra patria, a nuestros hombres en actividad y en retiro.”
En el empeño por criticar las gestiones del general Ruiz, agrega:
“(…) al parecer en eso se convirtió y pienso que por ese mismo motivo fue que recibió en las instalaciones de nuestra asociación a personajes totalmente contrarios a la fuerza pública, como el ex fiscal Montealegre, a Álvaro Leiva (sic) Duran (sic) y claro está, al Abogado comunista español, Enrique Santiago asesor de los narco-terroristas de las FARC (…)”
Recientemente el general Rincón participó en otro debate utilizando su cuenta de Twitter, en la cual escribió el 13 de septiembre: “Lo insólito, la machorra programando plantones, cacerolazos, y el desorden, el narcoterroristas (sic) asesinó (sic) del M19 incitando al vandalismo, dos personajes nefastos que se deberían de (sic) ir para Venezuela a disfrutar la escasez @IvanDuque orden y autoridad Colombia nos pertenece”.
Quien así escribe es el oráculo jurídico que debe orientar los esfuerzos del Gobierno por enfrentar la pandemia desde la Subcuenta Covid. Uno puede preguntarse con terror si en manos del general Rincón – este Ulpiano criollo que recibe unos de los honorarios más altos entre los profesionales contratados por la Subcuenta – están la revisión y la negociación de los contratos de compra de vacunas con las multinacionales productoras, asesoradas por las firmas de abogados más poderosas del planeta.
Un negocio jurídico más merece mención: el año pasado, la Subcuenta Covid avanzó en la contratación del Consorcio Primero Salud, conformado por Pezeta Publicidad SAS y Pubblica SAS, en un contrato que tiene por objeto la producción y difusión de contenidos relacionados con la pandemia para el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y enero de 2021. El precio del contrato ascendió a casi 18 mil millones de pesos e incluyó algunas obligaciones inusuales, como la producción de piezas tales como “carro valla con sonido”, por 60 millones, y “perifoneo”, por 24 millones.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional sigue radicando proyectos de ley anticorrupción, hablando de meritocracia y el presidente Duque hace una gentil invitación a quienes ejercemos el control social y la veeduría ciudadana a “no hacer politiquería con la vacunación”.
Por Camilo A. Enciso V. | Director del Instituto Anticorrupción