La obligación del decreto que trata al personal de salud como reservistas del Ejército es equivocado. No se compadece con la poca protección que tienen y la enorme cuota de sacrificio que ponen en esta crisis.
“Esto es la guerra”. han dicho médicos en todo el mundo. En medio de la pandemia, ellos han llevado la carga más pesada y han enfrentado el dolor más inimaginable. Han tomado decisiones difíciles: quién vive, quién muere. Han trabajado sin protección y en jornadas extenuantes. Han visto caer también a los suyos. En Colombia, en cada hospital o puesto de salud hay numerosos testimonios de esa entrega. Por eso, el llamado “obligatorio” que decretó el Gobierno causó conmoción entre ellos. Semejante batacazo era lo último que esperaban los profesionales que, en medio de las circunstancias más adversas, le están poniendo el pecho a la pandemia.
“Se olvidó que los médicos no somos militares. No era necesario llegar a eso”, le dijo a SEMANA Gilberto Mejía, director de la Clínica Shaio. En realidad comparar al cuerpo de salud con las Fuerzas Armadas es equivocado y carga una injusticia. Lo primero porque los médicos no atienden a sus pacientes por un llamado de autoridad sino por una vocación. Lo segundo, porque batallan contra mucho más que un enemigo. A diferencia de otros países, en donde admiran y reconocen la profesión, en Colombia usualmente deben sacrificarse años en una carrera difícil y costosa, batallan otros más por escasos cupos de especialidades, llegan a sus primeros empleos con deudas enormes y tienen en muchos casos condiciones laborales precarias.
El llamado obligatorio, además, cayó en un momento difícil. Horas atrás, el país conoció las muertes de los primeros dos médicos por la pandemia. El primero, el doctor Carlos Fabián Nieto, se había convertido en el símbolo de que el coronavirus quiebra al más fuerte. Con apenas 33 años, el galeno libró una infructuosa batalla en las mismas unidades en donde era un gladiador. Su salida en un carro fúnebre, aplaudido por sus compañeros de la Clínica Colombia, arrancó lágrimas a los colombianos. Al poco tiempo, otro deceso estremeció a este gremio. Un anestesiólogo, William Gutiérrez, también había perdido el feroz pulso contra la pandemia.
“Siento mucha rabia, mucho dolor, mucha tristeza”, dijo al referirse al decreto Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. En el Gobierno sintieron esa desazón. “No se trata de obligarlos, sino de dignificarlos”, dijo el presidente Duque casi de inmediato. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, por su parte, puntualizó que la norma era solo para circunstancias excepcionales. “No es acuartelamiento, sino un llamado”, aclaró. El funcionario agregó que contemplaban allí otros asuntos para proteger al cuerpo de salud, para habilitar nuevos espacios hospitalarios, optimizar las unidades de cuidados intensivos y regular las transferencias de recursos del Gobierno.
Pero en la discusión alrededor del decreto, sin embargo, los médicos dijeron verdades y pusieron sobre la mesa sus dolores. Quedó claro que la emergencia no creó el contexto adverso en el cual trabajan muchos médicos, pero lo va a profundizar. Por ahora, no está resuelto ni siquiera lo más urgente: si tendrán pronto elementos para protegerse y quién debe pagarlos. Varios actores se pelotean esa responsabilidad. Las ARL aseguraron haber invertido 41.000 millones de pesos. Las clínicas respondieron que esto era totalmente insuficiente. Y el Gobierno intentó zanjar esa pelea al decir que el empleador debe cargar con el costo de este material.
Mientras tanto, en el hospital de Kennedy de Bogotá decenas de trabajadores de la salud salieron a protestar por esa misma razón. “¿Y a nosotros quién nos cuida?”, decían sus pancartas. Si en la capital la situación es difícil, en las regiones es crítica. Al personal del Hospital Francisco de Asís en Quibdó les deben más de cuatro meses de salario. Como si fuera poco, al Hospital no ha llegado el primer insumo de bioseguridad. Una enfermera fue el primer caso confirmado del Chocó. “El Gobierno nos obliga a través de un decreto, pero ¿a qué precio? ¿En qué condiciones nos vamos a poner en el frente de batalla?”, dice el doctor Carlos Libreros. Sus compañeros también salieron la semana pasada a protestar. El Gremio Salud Colombia, la unión de las agremiaciones del talento humano en salud, está realizando un pliego de peticiones al Gobierno para exigir garantías laborales, seguridad y capacitación.
Colombia tiene muy pocas posibilidades de garantizar esa protección. Ni siquiera las potencias del mundo tienen asegurados los suministros. La disputa por tapabocas, guantes y uniformes es a muerte. Francia, por ejemplo, compró un cargamento a China y Estados Unidos triplicó el precio con el avión en la pista. “Es como la búsqueda del tesoro”, dijo la presidenta de París, Valerie Pecresse sobre este episodio. “El salvaje Oeste”, explicó el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha denunciado esa guerra de precios.
Colombia, sin suficientes recursos, no la tendrá fácil. Y necesita mucho. A cada cuarto de un paciente entran en promedio 25 personas al día, los de la comida, el aseo, las terapias respiratorias, así como enfermeras y médicos. Cada uno de ellos necesitaría mínimo un tapabocas, unos guantes y un uniforme desechable. Antes de la pandemia estos podían costar 180, 500 y 4.000 pesos respectivamente. Con la emergencia, los precios se dispararon por 10 pero además no se consiguen. “Aquí lo que se va a necesitar es ingenio. Habrá que lavar y reutilizar”, cuenta un médico
El otro desafío es encontrar el talento humano necesario. “El decreto es una estupidez. EL título no le da a nadie la capacidad de ejercer”, dice un dirigente del sector. Se refiere a que al país de nada le sirve obligar a médicos sin capacidad para atender la emergencia. El coronavirus requiere de especialistas que sepan manejar las complejas máquinas de una unidad de cuidados intensivos. Los intensivistas son el personal más escaso. Hay 1.000 para las 6.000 camas que tiene el país. Anestesiólogos e internistas pueden encargarse de esas labores, pero tampoco alcanzarán ante el aumento del número de camas.
Capacitar médicos generales o estudiantes ofrece una salida. La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina graduará 843 estudiantes anticipadamente. Al menos 285 internos recibieron ya su título. Pero enfrentan un futuro incierto. El Gobierno dice que trabaja en una resolución que les permita emplearse, pero en realidad no había cómo garantizarles una plaza del Servicio Social Obligatorio, como les prometió. Ahora, muchos están en el limbo.
Los estudiantes han comenzado a vivir tiempos de incertidumbre. Mientras algunas universidades como la de Caldas suspendieron las prácticas, otras como el Rosario, la Industrial y La Sabana tienen a sus alumnos en los centros médicos, pero sin rotar en urgencias o cuidados intensivos. Esto, a juicio de muchos, los empuja a una encrucijada. Por un lado, porque no es claro quién debe darles la protección. Hace unos días, 90 internos del Hospital Universitario de Santander aseguraron que solo los médicos graduados reciben tapabocas. Los practicantes no ganan nada y además tienen que costearse sus materiales. Por otro lado, como no están en la primera línea, consideran que no aprenden mucho. En las áreas donde no hay pacientes de coronavirus, el flujo de pacientes disminuyó y las cirugías están casi todas aplazadas.
El gremio enfrenta desafíos titánicos. Hay que encontrar un punto medio que le permita al Gobierno preparar al país para un crecimiento exponencial de la pandemia, pero sin atropellar a quienes asumen la línea de defensa. Demostrar que el país está con ellos, mucho más allá de aplaudirlos todas las noches.
Debate – SEMANA