En una rápida respuesta a la pandemia, el 17 de marzo, el Presidente declaró el Estado de Emergencia. El 24 decretó cuarentena general. Después la prolongó hasta el 11 de mayo, aunque advirtió que a partir del pasado 27 podrían reactivarse los sectores de construcción habitacional y la manufactura.
La urgencia de contener un eventual desborde de contagios por el virus Covid19 fue la justificación del Estado de Emergencia. El Decreto decía que “la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia […] sería de un 34.2% del total”. Si hoy tenemos 50 millones de habitantes, serían 17.1 millones los contagiados. Sin embargo, tomando como base “los modelos de contagio sin intervenciones en salud pública realizados por el INS, con una tasa de contagio de 2.68”, el total de casos de Covid19 sería de 3.989.853. El Decreto no trae el sustento de ninguna de las dos cifras que, como se ve, no son coincidentes.
Las proyecciones se hicieron con base en el segundo de los cálculos: mostraban que el 81.5% de los casos serían leves (3.251.730 personas), 13.8% severos (550.600 personas) y críticos el 4.7% (187.533 personas). Para el 01 de mayo, había 7.006 casos confirmados, 404 (7.86% de los activos) en hospitalización (severos) y 120 (2.34% de los activos) en unidades de cuidados intensivos UCI (críticos). Hoy los pacientes Covid19 solo ocupan el 2.2% de las UCI del país.
O porque que las previsiones sobre contagiados sobre las que se basó la decisión fueron incorrectas o, mejor, porque la cuarentena ha cumplido su propósito, el número de casos y, en particular de hospitalizaciones e internamientos en UCI, han sido mucho menores que los proyectados. Más aún, clínicas y hospitales se quejaron de la caída profunda de sus ingresos en estas semanas, por las decisiones que tomaron para dar espacio a la llegada de pacientes contagiados que no han aparecido, y empezaron a programar cirugías y consultas pospuestas.
El 21 de abril, el MiniSalud sostuvo que “inicialmente una persona contagiaba a 2,5 y hoy nos acercamos al valor de 1”. Es un dato muy importante: la tasa reproductiva mide a cuántas personas puede contagiar un solo paciente y es el mecanismo para estimar la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población. Si baja a uno o menos, el virus está controlado. Advirtiendo que hay que observar con cuidado las tendencias hasta el 11 de mayo, las cifras muestran que la cuarentena funcionó y que hoy no parece haber riesgo de que el sistema de salud colapse. Seguirá creciendo el número de contagiados, claro, y habrá más muertos (íbamos en 310), pero, por fortuna, estamos lejísimos de las previsiones del decreto.
Ya no hay justificación para la cuarentena y, por tanto, las medidas extraordinarias de suspensión de derechos y libertades que se tomaron en el marco del Estado de Emergencia deben levantarse y solo pueden establecerse las limitaciones estrictamente indispensables para evitar un crecimiento exponencial de los contagios, siempre que esas medidas no lesionen gravemente el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Los estados de excepción, y el Estado de Emergencia es uno de ellos, son el mecanismo institucional en una democracia para abordar circunstancias absolutamente graves y extraordinarias con la finalidad de retornar a la normalidad lo más rápidamente posible y con el menor costo para los derechos y libertades ciudadanas.
Creo que la pandemia califica como una situación trascendental y excepcional que justificaba la declaración de la Emergencia. Pero las medidas que se toman solo pueden suspender o limitar los derechos y libertades en la medida que sea estrictamente necesario para enfrentar y resolver la situación extraordinaria y volver de la manera más rápida posible a la normalidad. Esas medidas deben ser siempre proporcionales. Y solo deben aplicarse por el tiempo que sea estrictamente indispensable y ni un minuto más.
Las medidas de cuarentena son, de lejos, las más severas que se hayan tomado nunca en Colombia. Suspenden las libertades de circulación, residencia, reunión y culto, entre otras, y, lo que nunca había ocurrido, limitan, hasta el extremo de la suspensión en algunos casos, el derecho al trabajo, con todas las terribles consecuencias que ello tiene. Consecuencias que, imagino, darán pronto lugar a un debate sobre si hay o no un costo excesivo para una inmensa cantidad de ciudadanos que perderán sus empleos, a los no se les ha permitido ejercer sus oficios y profesiones o cuyas empresas quebrarán.
El pasado 28, Fenalco anunciaba que el 38% de sus afiliados cerraría o entraría a la ley de insolvencia y, de los restantes, 69% despediría entre el 25 y el 75% de su personal. Si eso ocurre con los comerciantes más importantes del país, la situación de los demás debe ser aún peor. Fedesarrollo prevé que, como mínimo, 1.400.000 colombianos perderán su empleo este año.
El gobierno nacional, y los departamentales y municipales a los que les ha delegado definir los mecanismos de reactivación de algunos sectores de la economía, tienen que ser absolutamente transparentes, claros y precisos en la razón de la prolongación de las medidas y en la justificación de protocolos y procedimientos, con el menor recorte posible a los derechos y libertades. No pueden decidir o hacer lo que se les venga en gana. Todo, absolutamente todo, debe ser lo estrictamente necesario, adecuado y proporcional. La Emergencia no suspende la democracia ni nos lleva a un sistema autoritario.