Nada refleja mejor la inequidad y desequilibrio social y económico colombiano que el sistema pensional público, del cual se ha lucrado a borbotones una selecta élite política.
Por Melquisedec Torres – @Melquisedec70
El canciller de Colombia Álvaro Leyva Durán recibe desde hace 27 años una megapensión pública que, según la demanda que ya perdió en primera instancia en el Tribunal de Cundinamarca y la apelación que se tramita en el Consejo de Estado, la obtuvo de manera fraudulenta gracias a dos libros y a una viejísima ley de fines del siglo XIX con la cual él y muchos otros altos ex funcionarios del país se beneficiaron y gozan de millonarias mesadas a costa de los impuestos del resto de colombianos, incluyendo a los más pobres.
Nada refleja mejor la inequidad y desequilibrio social y económico colombiano que el sistema pensional público, del cual se ha lucrado a borbotones una selecta élite política (altos exfuncionarios, exmagistrados, excongresistas, exministros y sindicalistas) por obra y gracia de normas, jurisprudencia y artilugios legales que se han negociado y firmado en un pequeño espacio del país, el que va entre la Casa de Nariño, el Capitolio y el Palacio de Justicia.
Un miembro de esta minoritaria y privilegiada casta es el abogado Leyva Durán, hijo de Jorge Leyva Urdaneta, líder político que fue ministro y mano derecha de Laureano Gómez en los años 50; el hoy Canciller, a su vez, creció y se formó al lado de su tocayo Álvaro
Gómez Hurtado, hijo de Laureano, y saltó al gran poder como secretario privado de Misael Pastrana en 1970.
Según el expediente, Leyva se pensionó con 8 años de servicio como congresista (1982-1990) y sumó 4 años de cotización con dos libros suyos que, según el Fondo de Previsión del Congreso que lo demandó y el Tribunal que falló, no eran válidos para ese beneficio pues no son “didácticos” ni “pedagógicos”, que era lo exigido por la vieja norma. Los dos libros, “Paz, paz” y “La guerra vende más”, no son “destinados a la enseñanza”, como se exigía; son simples elucubraciones y anécdotas personales. Leyva logró que un colegio de Bogotá los certificara como “libros de consulta”.
El fósil legal es la Ley 50 de 1886, que se creó con el fin de que los paupérrimos maestros del siglo XIX tuviesen mejores condiciones; estableció, entre otras, que un “texto de enseñanza” aprobado por dos profesores, o publicar un periódico didáctico o pedagógico durante un año, “equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la Instrucción Pública”. La élite política y judicial extendió después ese beneficio, tramposamente, a cualquier servidor público a través de sentencias de las altas cortes y un decreto de 1974 del gobierno Pastrana, con lo cual, hasta hace unos años, diversos personajes acreditaron decenas de libros – la mayoría sin ningún valor pedagógico – para ganarse 2 y hasta 10 años de cotización.
Dado que el fallo no está en firme, seguramente Leyva será notificado de una decisión final en contra cuando, como él mismo lo advierte en el escándalo del meganegocio de los pasaportes, deban notificarlo en la tumba. Y aún si viviese en ese momento, no deberá devolver ni un solo peso de los más de $8 mil millones que ha recibido desde que la otorgaron su megapensión. Las pequeñas ventajas de pertenecer a la selecta élite nacional.