A pesar de trabajar bajo amenazas y hostigamientos, en diálogo con la Comisión de la Verdad, aseguraron que siguen trabajando arduamente para implementar los acuerdos de La Habana. Su gran preocupación: no tener una generación que siga con su legado.
El cumplimiento del Acuerdos de Paz, pactado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP en La Habana (Cuba), sigue siendo un anhelo para los líderes comunales. Aunque la violencia esté en sus territorios y ellos han sido perseguidos, estigmatizados y hostigados, están convencidos de que la única salida es apostarle a la reforma rural, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reincorporación de los excombatientes, el desmonte del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.
Los líderes comunales, que han servido desde la década de los cincuenta como un enlace entre la institucionalidad y la comunidad, y como constructores de la democracia en las zonas más alejadas, no titubean al afirmar que están viviendo un genocidio. De acuerdo con la Confederación Nacional de Acción Comunal, 250 comunales han sido asesinados después de la firma del Acuerdo Final.
A pesar de las circunstancias, insisten, continúan resistiendo. La denuncia pública, las movilizaciones y hasta la prudencia han funcionado como herramientas para continuar con su labor en medio de un conflicto armado que no cesa. Todas sus estrategias fueron narradas en el ciclo de diálogos “La Verdad Comunal”, como se les denominó a tres espacios de conversación promovidos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (La Comisión), y que contó con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en estos momentos trabaja para esclarecer y comprender los impactos de la guerra en los líderes y lideresas comunales. El Espectador, por medio de una alianza con la Comisión, expone algunos testimonios recopilados.
En un poco más de 60 años de servir al país, los comunales han podido recolectar innumerables historias. Guillermo Antonio Cardona, líder y fundador de la Confederación Nacional Comunal, recuerda que la acción comunal tuvo, entre el 1997 y el 2004, un movimiento que se llamó “Comunal comunitario”: “Con esto logramos ser la segunda votación nacional en concejos municipales. Se tuvo cuatro gobernadores y una buena cantidad de alcaldes”. Fueron épocas doradas. Sin embargo, por sus constantes denuncias y reclamos fueron perseguidos. Los intereses de la clase dirigente y los grupos armados, de acuerdo con Cardona, fueron minando los logros de quienes representaban a los más vulnerables.
Pero ser comunal, explica Cardona, es una forma de vida: “Hay muchos que asumimos este compromiso y difícilmente nos lo quitan. De eso se trata, de la persistencia”. Ante el accionar de los grupos armados, son prudentes. Este líder asegura que cuando se quieren tomar las juntas comunales, ellos miran en la distancia y esperan a que más temprano que tarde se vayan, pues es una labor compleja que sólo un verdadero comunal puede ejercer.
Jaime Ospina, asesor en derechos humanos de la Confederación Nacional de Comunales, admira que la organización siga en pie, a pesar de las presiones y la falta de apoyo institucional para que, al menos, puedan manifestarse y participar, libremente, en los territorios. Y en esto concuerda Rosemary Betancourt, lideresa comunal de Caquetá, quien señala que han podido desmarcarse de los políticos de turno al organizarse en estructuras pequeñas.
Formaron núcleos, asociaciones campesinas, mingas y trabajos solidarios, para no dejar huérfanas a las comunidades y continuar aportando al desarrollo que parece agonizar con la guerra. En Caquetá, la gran mayoría de los organismos de acción comunal están justamente en regiones campesinas. Han contabilizado al menos 2.300, pero a Rosemary le preocupa que el Gobierno solo reporte 1.950, desconociendo a 350.
Los líderes comunales temen que por las afectaciones que han vivido, entre ellas la estigmatización, los jóvenes no quieran trabajar dentro de las organizaciones de acción comunal.
En Arauca, según Ángel Salinas, expresidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal, esas agrupaciones brindan un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los miembros de las juntas: “En Arauca ya no funcionamos sólo como acción comunal sino como organizaciones sociales y ahí estamos todos metidos y hacemos parte de un conglomerado. Eso nos ha creado cierta resistencia, porque nos ayudamos, nos damos motivación y fuerza para continuar”.
Además, siguen apropiándose del espacio público. Arauca, dice, es pionera en liderar procesos de movilización, aunque sigan los señalamientos y las estigmatizaciones. De acuerdo con Salinas, a los comunales araucanos les ha funcionado la denuncia pública: “Es un instrumento de visibilización de hacernos sentir en otros pueblos y así hemos tenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Las estigmatizaciones no nos achicopalaron, al contrario, nos dieron más fuerza para continuar en la dinámica de no dejarnos sacar de nuestros liderazgos”.
Pero en todos los lugares no fue igual. En el Urabá antioqueño, por ejemplo, según contó la comisionada María Ángela Salazar (Q.E.P.D), la resiliencia frente al conflicto armado se manifestó a través del silencio. Aclara que nunca se trató de cobardía, “sino una forma de salvaguardar la vida”. La gente sabe quiénes son sus verdaderos líderes y, al igual que los comunales, se acomodan a las circunstancias mientras pasan las tormentas. Como pueden, crean redes de apoyo.
“Nosotros aquí en Apartadó tenemos una experiencia muy bonita desde el ejercicio comunal. En Policarpa, en la época de la matanza de los miembros de la Unión Patriótica, los habitantes y sus juntas tenían una comunidad rentable que fiaba los materiales de construcción para las casas a muy bajo costo. Tenían un supermercado con artículos a bajo costo. Pero también las familias dejaban comida en la puerta, la acción comunal la recogía y formaban los mercados para los pobladores más necesitados. Ese ejercicio de entender qué era una acción comunal, de ayuda mutua”, relató la comisionada en el ejercicio realizado con los líderes comunales.
Lo cierto es que el movimiento comunal, afirma Luis Fernando Díaz, fundador y presidente de las Juntas de Acción Comunal de Boyacá, en medio de los hostigamientos y las presiones, siempre se ha distinguido por manejar el principio de distinción establecido en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra. Esto significa “no patrocinar o tolerar la vinculación al conflicto armado sino mantenerse en su lucha cotidiana en defensa de la paz” y ganarse a pulso espacios en la política nacional. Hoy está convencido de que con las curules para las víctimas en el Congreso de la República, que han sido pedidas en reiteradas ocasiones, el movimiento comunal hubiese jugado un papel muy importante.
Los comunales tienen toda su esperanza en la implementación de la paz. Dicen que no se van a dejar arrebatar la ilusión de construir otro país, donde tengan una mayor participación y su trabajo sea reconocido. Los líderes y lideresas no se cansan de repetir que el Acuerdo de Paz sigue vigente, a pesar de que el gobierno ha incumplido, y seguirán reclamando para que se acompañen a los campesinos en la sustitución de cultivos, se implementen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y se desmonten los grupos armados.
Las nuevas generaciones
Ahora les preocupa que por los constantes ataques en su contra, las nuevas generaciones no quieran conocer y adentrarse en los liderazgos comunales. Y es que, pregunta Salinas, ¿quién quiere enfrentarse a un panorama de homicidios, desplazamientos, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, estigmatizaciones? “Todo esto ha generado un temor enorme en nuestros jóvenes. Se quedan quietos. Tienen miedo”.
Sobre esta problemática, Rosemary Betancourt dice que se deben enfrentar a un nuevo reto: “Hacer que esas nuevas generaciones vuelvan a tener los mismo ritmos y vuelvan a empoderarse de la acción comunal”. Para eso es urgente convertir el campo en un escenario próspero y atractivo; rodear a quienes son perseguidos y estigmatizados, y combatir la impunidad. “Mientras eso no se solucione y no haya claridad de lo que pasó, asumir nuevos liderazgos valientes es una tarea para la organización”, agrega.
Para Niria Britto Rodríguez, de la Federación de Acción Comunal de La Guajira, también es importante fortalecer la participación de la mujer dentro la acción comunal. No es fácil porque es una organización machista, advierte la lideresa. Los grandes dirigentes han sido siempre hombres y no se reconoce que las mujeres tienen un doble trabajo: el de cuidado de su hogar y el comunal. No en vano solo logran ser parte de los organismos de tercer y cuarto grado.
Por otro lado, insisten varios líderes y lideresas en el diálogo, los jóvenes no se atreven a asumir liderazgos porque esto tendría que llevarlos a negociar con un Estado que hasta ahora les ha incumplido a sus comunidades. Ese es el caso, por ejemplo, de quienes decidieron acompañar el punto del acuerdo de paz sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Ahora deben enfrentarse a la fumigación y la presencia del Ejército, como ha pasado en el Guaviare, donde se erradica forzosamente. Lo anterior ha generado malestares entre los líderes y las comunidades, pero también amenazas.
Estos escenarios, según Luis Fernando Díaz, han generado una ruptura generacional: “Se crea una especie de imaginario sobre el peligro que entraña el pertenecer a una organización comunal en cualquiera de sus niveles, específicamente en la zona que se considera de mayor conflictividad en Colombia. Ese imaginario lleva al abandono o por lo menos a la no afiliación de numerosos sectores juveniles, porque todos sabemos que desde los 15 años se pueden afiliar, que pueden participar con todo su contingente, energía y aportes, en las organizaciones de base”.
Las radios comunitarias
¿Cómo acercar a los jóvenes a las Juntas de Acción Comunal? Una de las grandes iniciativas fueron las radios comunitarias. En un comienzo fueron impulsadas para informar a la gente de los avances y logros de los comunales, pero en la medida en que se fueron consolidando, clanes de familias y de políticos se apropiaron de ellas.
“Son muy pocas las emisoras comunitarias que están al servicio de la comunidad. Uno salva unas de Caquetá, pero que las emisoras, en el marco del conflicto armado, hubieran sido constructoras de paz y hubiera servido para la protección y prevención, no. Han pasado a manos de particulares. Estamos buscando ahora una convocatoria para que cumplan en su parrilla con el objetivo de prevención, protección, promoción de derechos humanos y construcción de paz”, dice Ospina.
Para apropiarse de las radios comunitarias, los comunales necesitan apoyo estatal. Guillermo Cardona denuncia que hay poca inversión en ellas y altos los requisitos técnicos del Estado: “Para montar una emisora comunitaria se necesitan 100 millones de pesos y no le dan derechos a pautas. Es imposible de sostener”. Y el otro problema es que no se controla quiénes deben manejarlas.
Cuando las radios comunitarias funcionan se atraen más liderazgos y se fortalecen los lazos con los pobladores de una región. Elis José Izquierdo Díaz, líder de Planeta Rica (Córdoba), cuenta que los comunales en su municipio lograron tener un espacio llamado Por los caminos y veredas, cuéntame la historia de tu barrio. De sus bolsillos salía el dinero para que los habitantes conocieran su trabajo y se animaran a participar en las actividades de la junta. Pero reconoce que estos espacios son escasos y están a merced de otros actores cuyos intereses se alejan de la democracia, la paz y el desarrollo sostenible, los pilares de los comunales.