Camilo Guzmán S.
Hace unos días estuve visitando una de las empresas de ropa interior más importantes de Colombia. Recorriendo la fábrica con su gerente, me sorprendí al ver un buen número de máquinas que ocupaban medio piso, vacías y forradas en plástico. Inmediatamente pensé en las consecuencias que han dejado las decisiones de los gobernantes para enfrentar la pandemia, y decidí no hacer preguntas, por cuanto seguramente las respuestas serían desalentadoras. “¿Cómo le parece?” me dijo el gerente al ver mi mirada perdida en ese lugar, “que desastre” respondí, imaginándome toda la historia sin atreverme a preguntar. “Tengo esas máquinas ahí desde diciembre, pareciera que la gente ya no quiere trabajar”, su respuesta me sorprendió y me dejó en una especie de shock por algunos segundos. “¿Cómo así”? le respondí.
Resulta que al contrario, esta empresa tuvo una importante recuperación a finales del 2020, y para poder atender la demanda ha tenido que ampliar su capacidad instalada y en consecuencia tratar de contratar más personas. Las disminuidas utilidades que les dejó el año pasado las invirtieron en maquinaria para ampliar su producción, una vez instaladas, iniciaron un gran proceso de convocatoria laboral, incluso pautando en diferentes medios de comunicación. Son 70 vacantes disponibles. “No hemos podido llenar ninguna y eso que el salario está por encima del promedio del mercado y pagamos 14 nóminas al año” me contó el gerente. Para conocer más detalles, me presentó a su directora de recursos humanos, me dijo que muchas personas han iniciado el proceso, llegan a firmar el contrato el viernes y el lunes no aparecen y dejan de contestar el teléfono. Las pocas que logran contactar se sinceran y admiten que no van a trabajar porque haciendo cálculos con sus parejas descubren que pueden vivir con los diferentes subsidios que reciben del gobierno. Por supuesto el ingreso de subsidios es inferior al pago de esta empresa, pero si tenemos en cuenta que el esfuerzo para recibirlo es igual a cero, se vuelve más atractivo, prefieren aplicar la ley del menor esfuerzo.
Unos días después, le conté esta historia a un buen amigo académico, economista, que trabaja en una de las mejores universidades del país, me dijo que no podía ser posible porque una serie de estudios (aplicados en otros países) demuestran lo contrario. “Eso pasa cuando creemos que la realidad está en lo “papers” y no en la calle”, le respondí. Quienes diseñan y evalúan las políticas públicas lo hacen sentados en cómodas oficinas, basándose en cuanto artículo académico encuentran, pero desconociendo la realidad.
Lo cierto es que los subsidios, siempre diseñados e implementados con buenas intenciones, se han convertido en trampas de pobreza, generando incentivos para no buscar trabajo. Los colombianos trabajadores hacemos un esfuerzo inmenso para pagar impuestos, es una obligación moral del gobierno garantizar que esos recursos se usen para sacar personas de la pobreza y no para que se queden viviendo del ingreso del Estado.
Antes de proponer extender el programa de ingreso solidario y volverlo vitalicio, como anunció el presidente Duque, es obligatorio hacer una profunda evaluación y establecer unas condiciones para acceder a él. Ningún colombiano puede recibir un subsidio a perpetuidad, no es ético, no es justo, y nos terminará empobreciendo a todos.