Por: Jorge Alberto Velásquez B.
En Colombia la democracia es una pantalla, un rey de burlas.
En el país, las elecciones tienen más de mercado o de feria de ganados que de jornada democrática. En cada elección se profundiza la brecha de desconfianza entre los ciudadanos y los políticos, lo que deja las decisiones que afectan la vida de los colombianos en manos de clientelas y de contratistas, que son quienes constituyen la cauda electoral de cada político en ejercicio.
Ser candidato a algo es un negocio, un modus vivendi para muchos debido a un sistema electoral que “normaliza” la doble moral: obliga a los partidos y movimientos a indicar quienes son los donantes y los penaliza cuando reciben favores del elegido, con lo cual se abre una enorme compuerta para que los candidatos reciban donaciones no declaradas ni declarables y así los “donantes anónimos” puedan recibir con posterioridad toda clase de contratos y nombramientos.
La proliferación de partidos políticos, algunos con nombres tan exóticos que producen sospecha, indica, a su vez, que el ejercicio político es desde hace mucho tiempo un negocio y que cada político es, en sí mismo, una empresa electoral. La laxitud del Consejo Nacional Electoral y la corrupción que se mueve a sus anchas por las instituciones del Estado permite que en el país haya reconocidos hasta el 23 de mayo de 2023 un total de 34 partidos políticos, los cuales tienen derecho a recibir financiación para las elecciones y a tener espacios en los medios de comunicación del Estado, amén de otras gabelas con cargo a los impuestos de los ciudadanos.
Adicionalmente, el gran negocio de muchos es estos partidos es la venta de avales, lo que explica que de la noche a la mañana aparezcan tantos candidatos inscritos por movimientos en los que no han tenido ninguna membresía o militancia con anterioridad. Considerando que la inscripción es un acto administrativo que apela a la confianza pública y pone en marcha el aparato administrativo del Estado, se supone que habrá una lluvia de denuncias por doble militancia de los inscritos y de los comités que los respaldan. Y también se debería
Investigar la forma cómo se otorgan los avales. Pero eso en Colombia no sucederá porque en el país el sistema político es inmune e impune.