Por: Orlando Arenas Tamayo
Los moradores de la carrera 80 en Medellín, por donde se construirá el llamado Metro Ligero, sufren los atropellos de La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, encargada de la Gestión Socio Predial, para resolver el problema del reasentamiento de los propietarios a quienes les expropian sus predios por el valor del predial, cuando se niegan a la venta de su tierra según un mal llamado “Avalúo Comercial” que realiza la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín.
La empresa convoca las llamadas Mesas de Articulación Interinstitucional Comunitaria, MAIC, contempladas en el artículo 14 del Decreto 818/21 Política Pública de Protección a Moradores “para el desarrollo de estrategias permanentes de información y comunicación, enfocadas al fortalecimiento de la relación con la comunidad, la generación de confianza y transparencia entre los actores que hacen parte de los proyectos de intervención”, es decir, resolver la comunicación escuchando a las comunidades, una belleza piensa uno, pero solo es una parrafada, pues la EDU no dialoga, no escucha y se limita a negar las reclamaciones de la gente que acude y que simplemente piden solidaridad al Estado para reubicar las familias en “iguales o mejores condiciones”, como lo ordena dicho decreto, y de esta forma, acaban con la confianza en las autoridades por la falta de transparencia en sus actos, por el incumplimiento de sus propias normas.
Lo que un morador recibe por su predio no le alcanza para comprar otra propiedad en la misma avenida 80 u otra igual y en esa forma se está incubando una tragedia social de incalculables proporciones, pues son más de 5000 personas afectadas por el maltrato de las autoridades de Medellín. Más claro todavía: los avalúos de la Lonja de Medellín se están realizando deficientemente y los resultados, en la zona de San Germán, arrojan valores por metro cuadrado construido, de menos de tres millones de pesos, construcciones en adobe con techos de madera y teja, pero si usted se acerca a comprar una casa vieja en Los Colores, La Floresta, Estadio, va a ver que los precios por metro cuadrado superan los seis millones de pesos. El Decreto 818/21, tiene por objeto una negociación armónica y gestionar todos los proyectos necesarios para no alterar las condiciones de estabilidad emocional ni producir desmejora económica de los moradores, pero la realidad es que la amenaza de expropiación es utilizada como garrote y la gente está enferma, traumatizada y seguramente los efectos serán fuertes en la salud emocional y física, por ahora en los sectores de El Volador, San Germán en los que, dizque se adelanta la gestión socio predial, pero luego impactará toda la zona de influencia cuyos moradores no saben lo que les espera. Hay pues una gran mentira al fondo, y la Veeduría “Todos por Medellín” afirma que, el decreto traza la política protectora, pero el Municipio de Medellín no la ha implementado. Con razón no sienten beneficios sino daños.
El Municipio, El Metro, la EDU y la Lonja de Medellín, son los responsables del reasentamiento y ahí se verá la debacle cuando deban enfrentar la realidad que están construyendo con su maltrato y con el engañó a los pobladores, pues si tienen que reubicarse en sectores deprimidos no podrán demostrar la bondad de una política mentirosa.
¿Cuáles son los hechos que prueban que el Municipio de Medellín implementó una política pública de protección a moradores y que la misma es un desarrollo del Decreto 818/21?
Esa norma es una mentira de papel, los avalúos que vienen haciendo son otra mentira de papel porque la realidad inmobiliaria de Medellín queda al descubierto con las diferencias entre avalúos de la Lonja para satisfacer exigencias del Metro y la EDU y los Avalúos Corporativos de firmas reconocidas profesionalmente por la Lonja de Medellín. No es difícil intuir que existe un contubernio entre el Municipio, El Metro y la Lonja para bajar los precios de las fajas de tierra necesarias para la obra, a costa del daño económico a sus propietarios. “Lo toma o lo deja”, es la única propuesta de la EDU al morador y/o propietario. El Estado tiene el derecho a adquirir la faja necesaria, pero no puede adquirirla, con una venta forzada y un avalúo injusto. No existe Plan de Gestión Social PGS.
El decreto establece en sus considerandos, que “debe primar un enfoque de desarrollo humano integral, donde la equidad sea un precepto fundamental para lo cual, las estrategias de intervención deben responder en proporción a los impactos causados por el proyecto”. Hay unas demandas en curso contra los procedimientos de la obra y muy seguramente el juez pedirá pruebas de que este precepto fundamental y preciso, se cumple dentro de lo actuado, por lo que esperamos que la justicia nos asista y proteja.
Tampoco se menciona por la EDU el llamado Plan Parcial de San German, centenares de apartamentos y locales comerciales que se construirán allí, pues la Estación del Metro será subterránea, y cuya oferta inmobiliaria es un derecho del morador desalojado, al tenor del decreto mencionado, pero el alcalde y la empresa Metro prefieren expropiar o comprar a precios irrisorios y luego entregar a los privados a que se lucren con las tierras dejadas, sin beneficio alguno para los antiguos propietarios, para los cuales se expidió la otra gran mentira, la Política Pública de Protección a Moradores. La corrupción merodea por la obra y muy pronto se conocerán los negociados de quienes nos gobiernan.
La soledad de los moradores es abrumadora, no tienen prensa, atenta por estos días a la torta publicitaria electoral, no aparecen ni los políticos en campaña, porque saben que allí el compromiso con los moradores es una dura batalla contra los mandamases del pueblo, todos empeñados en construir el Metro Ligero de la 80 sobre la sangre, la ruina y el sudor de sus habitantes.