Por: Orlando Arenas Tamayo
Si hay algo claro en Medellín, son las barbaridades cometidas por Daniel Quintero en su paso como alcalde de la ciudad, el “importaculismo” que practicó para saquearla, burlando todos los controles y el no hacer nada para aliviar la crisis social en la que dejó a nuestra capital, pero hoy voy a ocuparme de su fracaso en la Gestión Socio Predial que debió adelantar la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y la Lonja de Propiedad Raíz para la empresa Metro con el fin de ejecutar el mega proyecto “Metro Ligero de la 80” que ha generado rechazo social por la forma siniestra en que despojan de su patrimonio a los moradores de dicha vía, afectados con la ejecución del mismo.
Según la ley, los predios que deben adquirirse los compra la EDU, mediante avalúo comercial, pero un contubernio con El Metro y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, deriva en avalúos irrisorios que rompen flagrantemente la realidad del mercado inmobiliario local, para comprar los predios sobre la avenida 80, entre las estaciones de la Aguacatala y la Terminal Norte de Transporte, a precios muy por debajo de sus valores reales. Como la gente sabe lo que vale su tierra, obviamente se opone a estas propuestas, pero ahí aparecen la amenaza y el chantaje de la expropiación para alzarse a la fuerza con sus predios y pagar solo el avalúo catastral, lo que genera en los habitantes zozobra, ira, estrés, crisis de nervios y enfermedades que ya han producido el deceso de gentes humildes por el atropello y el desconocimiento de sus derechos, y bajo esta amenaza, las gentes venden para evitar un mal mayor. Muchos han firmado Declaraciones extra-juicio para advertir su objeción a la venta y dejar claro que acceden bajo amenazas, para no quedar del todo en la ruina. No parece existir interventoría en esta obra que vigile el cumplimiento de normas técnicas y reglamentaciones sociales y se hacen las compraventas con avalúos vencidos en términos, que los obligaría a realizar de nuevo todo el procedimiento.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre y decimos CONTUBERNIO de esas tres empresas, pues las gentes han acudido a ordenar otros avalúos de organismos certificados y reconocidos por la Lonja de Medellín, como CORALONJAS, cuyos “Avalúos Corporativos”, revelan cifras mayores, en más del 80%, a los de la Lonja, y de ahí, la conclusión simple es que se pusieron de acuerdo para comprar a precio de huevo, lo que contrasta con los mandatos legales de hacer un avalúo que favorezca a los propietarios afectados.
Duele que empresas del prestigio y renombre de las citadas confabulen contra los moradores, pues hasta ahora se habían ganado un sitial de respeto por su impacto en el desarrollo de Medellín y Antioquia, pero estas acciones muestran un sesgo de inequidad, pues recientemente Federico Estrada, Presidente de la Lonja, admitía que en la ciudad el problema de la gentrificación había elevado los precios de la propiedad raíz por encima de las demás ciudades colombianas y cae en contradicciones evidentes cuando sus avalúos no reflejan la tendencia anunciada, si son los predios de los moradores afectados. Cualquier ciudadano puede verificar esta afirmación si asiste a las ferias inmobiliarias y establece el precio por metro cuadrado de la propiedad en la ciudad: alrededor de la 80, no le baja de ocho millones por metro cuadrado.
Un vecino no puede vender su tierra al precio que le ofrecen, porque con ese dinero no compra otro predio en sectores cercanos. Apartamentos que se ofrecen en, “Altos de Robledo”, a más de tres kilómetros de la 80, tienen precios de seis o siete millones de pesos por metro cuadrado, mientras una casa, en plena avenida 80, la lonja la avalúa a dos millones y medio de pesos metro cuadrado y no hay crédito bancario pues los moradores son mayores de edad y ya se sabe a quienes les prestan los bancos. El tratamiento viola el decreto 818/21 Política Pública de Protección a Moradores que establece que, en resumen, un vecino afectado por la ejecución de una obra pública debe salir del proceso en mejores o iguales condiciones.
Este decreto, establece los procesos que deben surtirse para la reubicación de las personas, pero los organismos de control como las personerías o las veedurías pueden constatar con los moradores afectados, la denuncia de la doctora Valquis, Defensora del Pueblo, que la obra no tiene una metodología y no existe ningún plan para su reubicación, dejándolos a merced de sus necesidades y sin ayuda psicológica para amortiguar los impactos del desarraigo y el despojo que significan abandonar su entorno familiar, sus costumbres y la vida comunitaria, por lo que dicha defensora llama a la solidaridad y le solicita al Honorable Concejo Municipal que coadyuve en la defensa de los intereses de los moradores afectados con la obra “Metro Ligero de la 80”.
Son unos 5000 propietarios, pero el efecto del impacto social catastrófico sobre ellos es apenas un lunar en el inmenso mapa de predios de la ciudad y por tratarse de un proceso que se va cumpliendo por etapas de norte a sur, que apenas va llegando al barrio la floresta, no se visualiza ni se identifican los daños sobre una masa poblacional que observa como la administración de Medellín cae sobre sus predios, los enajena o expropia sin importarle un ápice la estabilidad emocional, el daño patrimonial y los efectos del desarraigo, para que vayan a buscar un lugar con el cual reemplazar el espacio vital que ocupaban en la avenida, antes de que los funcionarios aporofóbicos hicieran los “anuncios del progreso” arruinando sus sueños de vida y sus proyectos de crecimiento personal y social.
La Personería de Medellín no ejerce la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas que protegen al ciudadano en la ejecución del proyecto Metro Ligero de la 80, y por el contrario se ha prestado para testificar, los procesos en los que se amenaza al ciudadano con la expropiación cuando no accede a la venta por esos avalúos, en abandono de sus funciones como representantes del ministerio público para hacer respetar los derechos de los asociados y todo porque los concejos municipales han renunciado a la dignidad de sus funciones y se han prestado para aprobar las herramientas reglamentarias requeridas por los administradores y al nombramiento de funcionarios sin dignidad propuestos a capricho por los gobernantes, sin conciencia de sus responsabilidades para con la sociedad.
Los moradores afectados por El Metro Ligero de la 80 no tienen defensores ni siquiera en los entes de control y solo hay que destacar acciones puntuales de la Defensoría del Pueblo que han comenzado a mostrar resultados positivos, una ruta para jueces imparciales en las diversas acciones y demandas interpuestas para establecer la nula aplicación del decreto 818/21, el desorden y la carencia de rigor técnico y metodológico en los avalúos realizados por la Lonja y la inhumana gestión de los funcionarios de la EDU para ejecutar el proceso de Gestión Socio Predial de esta obra, haciendo víctimas y parias a sus moradores, todos los cuales respaldan las obras del desarrollo y repiten con energía una consigna y un clamor social en la expresión: METRO SÍ, PERO NO ASÍ.