Por: El Atisbador
El último informe de la Personería Distrital de Medellín transmitió un dato que reviste altísima complejidad y una profunda tragedia humana que se repite año tras año en el área metropolitana del Valle de Aburrá: 849 personas han reportado haber sido víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad en lo corrido del año 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos criminales que se encuentran en los barrios de Medellín explotando persistentemente rentas criminales siguen amenazando a las comunidades de manera sistemática y permanente, obligando a familias enteras a salir de sus hogares para proteger su vida e integridad.
Según un estudio realizado por el centro de investigación de la Universidad EAFIT Valor Público, en Medellín hacen presencia 350 grupos de crimen organizado con un total de 12.000 miembros, en especial jóvenes que han sido seducidos durante décadas por una promesa de una mejor vida en medio de la violencia y la supuesta riqueza producidas por la criminalidad heredada de una ilusión de bonanza y poder generados por el demonio del narcotráfico.
Entre los años 2020 y 2023 el gobierno distrital vendió la falsa idea de la paz urbana basada en una reducción histórica de homicidios generada aparentemente por la contundente operación institucional junto con la voluntad de paz del Gobierno Nacional, nada más alejado de la realidad. Todo se basó en una paz mafiosa impulsada por los jefes de la criminalidad local desde el año 2020 para conseguir los beneficios de los que hoy gozan en el marco del proceso de Paz Total en la llamada mesa del Valle de Aburrá que tiene lugar en la cárcel de Itagüí.
¿Lo anterior qué produjo? En pocas palabras que el crimen organizado de la ciudad tuviera cuatro años de descanso remunerado para fortalecer su presencia en los territorios y rutas estratégicas de la ciudad a través del narcotráfico, la extorsión, el gota a gota, la trata de personas y el loteo ilegal de predios, de esta manera se consolidó el lema: “mientras no mates todo se puede” y en efecto se pudo; hoy tenemos un entorno, que aunque tiene menos homicidios, está capturado por la criminalidad frente a unas autoridades distritales que buscan por todos los medios controlar un problema que trasciende fronteras con una altísima desconfianza y sin ayuda del nivel nacional; ¿tarea imposible? Pareciera que sí.
De esta manera, la Personería Distrital menciona territorios como San Javier, Popular, Robledo, Villa Hermosa y Manrique como los más afectados por este flagelo, zonas con histórica presencia de grupos criminales que hoy están sentados negociando una paz extraña, sin un sentido claro pues, como lo dice el órgano de control, “los motivos o hechos victimizantes que se presentan a nivel intraurbano, son las amenazas, desplazamiento forzado, homicidios, desaparición forzada, atentado, despojo, entre otros”. ¿Contra quién es el conflicto que quieren desactivar? ¿Acaso la población civil es un actor armado que los confronta?
Por último, mientras la ciudad hoy goza de una tasa proyectada de homicidios sorprendente, dado el nivel de presencia criminal, de 11,7 casos por cada cien mil habitantes (la más baja de los últimos cuarenta años según la Alcaldía), las rentas criminales siguen operando y dinamizándose, siendo el desplazamiento forzado uno de los indicadores más importantes para medir este problema, por lo que, como lo dice la Fundación Ideas para la Paz (2024) en un reciente informe sobre la Paz Total en zonas urbanas, “que no haya guerra no es sinónimo de que no haya control territorial o consolidación de la criminalidad organizada en Medellín y el Valle de Aburrá”.