¿Cómo podemos entender al Gobierno? De forma manifiesta, ha expresado que quiere acabar con el clientelismo, las horríficas maquinarias que atentan contra la democracia y las tradiciones oligárquicas que han hecho de Colombia el lugar más desigual sobre la faz de la tierra. Sin embargo, las directivas de la administración nacional sobre la materialización de las reglas de buena gestión del personal de la función pública son el estruendoso triunfo de esa forma de hacer política que tanto critican.
No les bastó con introducir reglas para que las personas naturales tengan prohibido celebrar más de un contrato con plazo máximo de cuatro meses con la administración pública. Ese paso lo dieron mediante directivas de aparente legalidad y buena intención. Pero en realidad el Gobierno carecía de competencia y las disposiciones tenían el incentivo perverso de obligar a los contratistas a rogar cada cuatro meses que continuara su vinculación. Recordemos que, con Petro, como se dice una cosa, se hace la otra.
Para los que tienen buen oído no hace falta explicación. Sin embargo, no sobra advertirles a las alborotadas bodegas que la anterior afirmación no es una defensa del clientelismo. Solo si la mayor parte de los servidores públicos se vincula por derechos de carrera a la administración, puede garantizarse independencia y transparencia en el manejo de la república. A lo que me refiero entonces es a que las intenciones que esconden las palabras con las que el Gobierno se expresa sobre el manejo del personal no son ciertas.
No es difícil desenmascarar las técnicas que han decidido implementar. Como si se tratase de un viaje en el tiempo, Gustavo Petro nombró a Álvaro Leyva ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Proveniente del mismísimo Frente Nacional, que repartía abiertamente la burocracia a paridad entre liberales y conservadores, el narcisista canciller no ha escuchado a quienes alertan por la forma en la que se está gestionando la plantilla.
Hace poco menos de un mes se supo que la directora de Talento Humano de la cancillería, Silvia Carrizosa, sería designada cónsul de Colombia en Miami. ¿Qué encontramos en su perfil del SIGEP? Si bien es cierto que obtuvo un título de especialización en Políticas y Asuntos Internacionales, esta abogada nunca se vinculó a la carrera diplomática, sino que ha trabajado como contratista y asesora de varias entidades, organismos y órganos de la administración pública desde 1997.
Teniendo en cuenta que el consulado de Miami es uno de los más importantes de nuestro país, la decisión ciertamente carece de sentido. ¿Por qué ella? Pues el representante del Frente Nacional premió a Silvia Carrizosa por la forma en la que se ha encargado del talento humano de la Cancillería. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) ha denunciado que al menos cincuenta nombramientos de esa dependencia han sido ilegales, pues se han pagado favores políticos con cargos en el exterior en lugar de respetar los derechos de carrera. En la misiva denunciaron que:
«Entre estas 55 designaciones irregulares encontramos familiares de clanes políticos tradicionales, estrategas políticos, candidatos quemados, representantes de los gremios más poderosos del país, y representantes de gobiernos anteriores que han emprendido una camaleónica transición en busca de no perder sus posiciones de privilegio en el Estado».
Así pues, para entender al Gobierno debemos halar el hilo de los intereses que protege; al otro lado nos encontraremos a la trasnochada encarnación izquierdista de quienes necesitan aceitada la tradicional maquinaria colombiana. En todos los sectores administrativos, la falta se paga con la necesaria ineficiencia que se deriva de la inexperiencia de los designados, mientras que en el servicio exterior se ponen en riesgo los derechos de nuestros compatriotas y los intereses del Estado. Presidente Petro, recuerde que usted es el responsable de dirigir las relaciones internacionales y asuma su responsabilidad en el desorden institucional que vive la Cancillería.