NOS QUIEREN ROBAR LA ESPERANZA

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Luego de una serie de errores cometidos por el gobierno nacional en el manejo de los hechos de violencia sucedidos en Bogotá el pasado 9 de diciembre, con motivo del asesinato de Javier Ordóñez por parte de dos policías, el presidente Iván Duque decidió visitar algunos CAI en la madrugada del pasado miércoles, vestido de policía y desconectado por completo del sentimiento nacional por esa trágica noche. Mientras tanto el país conocía por redes sociales un video donde se ve claramente cómo un grupo de policías dispara en contra de ciudadanos desarmados. Estamos frente a un gobierno ausente, debilitado, sin empatía y que definitivamente tomó el camino violento hacia el autoritarismo. ¿Cuál es la diferencia frente a los métodos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Ninguna.

Pasados unos días, en la ciudad de Popayán, un grupo de indígenas tumbó en el cerro del morro la estatua del conquistador y asesino Sebastián de Belalcázar. La reacción fue de indignación en los medios de comunicación y en el Ministerio de Cultura que rápidamente anunció su restauración en cooperación con la Alcaldía de la ciudad. El país político y el país nacional enfrentados violentamente por el represamiento de la frustración ante la injusticia, la corrupción y la desesperanza en la ciudadanía. El primer mandatario del municipio ofreció recompensa por los indígenas involucrados en el hecho. Nos indignamos y nos duelen más los daños a una estatua que la perdida violenta de vidas humanas.

Sin embargo, es desconcertante que haya pasado desapercibido por parte de la prensa, un comunicado de los Estados Unidos en el que le dice a Colombia que “debe” (must) reiniciar las fumigaciones aéreas sobre los cultivos de coca. Ni una palabra sobre precursores químicos, reducción de la demanda o lavado de activos. La corresponsabilidad se acabó, la responsabilidad es exclusiva de Colombia. Las consecuencias trágicas de frustrar el proceso de paz y de reiniciar la guerra contra las drogas, serán el legado de este gobierno. 

Mientras Bayer paga multimillonarias indemnizaciones a víctimas de cáncer en Estados Unidos por el uso de Roundup o glifosato, el gobierno colombiano hará llover del cielo este veneno sobre nuestros campesinos. Todo por congraciarse con una administración Trump que, si no ocurren manipulaciones similares a las acontecidas en su elección hace cuatro años, probablemente será sucedida por Biden y los demócratas en la casa blanca. Paralela e irónicamente, esto ocurre cuando nuestro Congreso aprueba en primer debate una reforma constitucional que permite regular el cannabis de uso adulto.

Vuelve la fracasada guerra contra las drogas a nuestro país, sin que casi nadie reaccione. Retorna la aspersión aérea que tanto daño le hace a nuestros campesinos, flora y fauna. Regresa la indiferencia de todo un país hacia la Colombia rural. Se abren aún más las brechas de inequidad, se desvanecen las escasas oportunidades y se pierden las posibilidades de desarrollo para miles de ciudadanos que sólo buscan sobrevivir el día a día. A pesar de todo, no nos dejemos robar la esperanza.

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