“No puedo decir mentiras”, dijo el presidente Gustavo Petro. Sostuvo que el Estado incumplió los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC, firmados en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Por qué?
En medio de la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, el presidente Gustavo Petro ofreció un discurso de al rededor de 40 minutos, en el que se refirió a su propuesta reforma a la justicia, a la sentencias sobre derechos políticos de la CIDH y al posible incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
El presidente aseguró que el Acuerdo de Paz no se ha cumplido pues no se han resuelto los problemas de tierras y tampoco se le ha entregado a las víctimas la verdad sobre los hechos ocurridos durante la guerra. Advirtió que él mismo va a ir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a notificar que “definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”.
“La verdad se fragmentó”, dijo Petro y señaló a la JEP: “los militares que estuvieron en convivencia con paramilitares en la masacre van a la JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz, y los civiles a justicia ordinaria. La verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo, esa es la piedra angular de la impunidad”, fueron sus palabras.
Además, indicó que la consecuencia central del incumplimiento sería la “ausencia de credibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante la humanidad, no solo ante unos señores armados, a cumplir el acuerdo (…) Yo no puedo decir mentiras”, advirtió tras el anuncio.
(Lea: “‘Les gusta escuchar, pero también imponer’: Salcedo al Gobierno por reforma pensional”)
Según el jefe de Estado, si no se cumple lo que se firmó, “lo que viene es derramamiento de sangre, violencia (…) no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión”.
El presidente hizo referencia a ese asunto puesto que el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se posesionó la magistrada, tendría el trabajo de establecer los primeros tribunales y juzgados agrarios y rurales para resolver conflictos por tierras.
De hecho, el pasado 29 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de los primeros cinco juzgados agrarios, que se establecerán en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja. Esta iniciativa responde a la Jurisdicción Agraria aprobada por el Congreso en junio de 2023. La reglamentación de esa ley todavía se discute en el Congreso.
Petro agregó a través de sus redes sociales que el Acuerdo de Paz tiene tres grandes ejes: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. “Se necesita poner a funcionar al máximo la jurisdicción agraria y la compra expedita de tierras. (…) En la verdad judicial hay que potenciar que la JEP sea el tribunal de cierre”.