La Procuraduría adelantará estos procesos disciplinarios en las instalaciones del SENA y en la sede del Departamento Administrativo de la Presidencia.
La Procuraduría General de la Nación anunció que ha comenzado una serie de inspecciones en ciertas entidades del Estado en medio de indagaciones en curso sobre varios asuntos de interés público. Entre los temas bajo escrutinio se encuentra la presunta financiación con recursos estatales de las marchas a favor del Gobierno Petro que tuvieron lugar el pasado 27 de septiembre, así como la controvertida decisión de revocar un multimillonario proceso de licitación para proveer servicios tecnológicos al SENA debido a la existencia de un único oferente.
Hasta donde logró conocerse, la inspección disciplinaria que se llevará a cabo en las instalaciones del SENA, por parte de la dirección nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, quedó programada para el jueves, 5 de octubre, a las 8:00 de la mañana. Su objetivo será revisar minuciosamente toda la documentación relacionada con la decisión de revocar el acto administrativo que habilitaba la licitación para servicios tecnológicos en el instituto.
Dicha acción en cuestión, generó gran controversia y descontento entre las empresas que formaban parte de la unión temporal ganadora, incluyendo a Indra y Telefónica.
La determinación de revocar la licitación fue tomada por la dirección del SENA después de que el presidente Gustavo Petro emitiera una orden de no adjudicar licitaciones con un único proponente, a pesar de que la ley lo permitiera, siempre y cuando se cumplieran los requisitos correspondientes.
Además, de acuerdo con lo que dio a conocer ‘Blu Radio’, en los próximos días también se llevará a cabo una inspección disciplinaria en la sede del Departamento Administrativo de la Presidencia, en respuesta a una denuncia presentada por el senador JP Hernández.
Estos acontecimientos se suman a la investigación en curso de la Procuraduría sobre el contrato suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y RTVC para llevar a cabo labores logísticas relacionadas con la marcha del 27 de septiembre. Las inspecciones buscan arrojar luz sobre estas cuestiones cruciales y garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.